Ley de Desarrollo Territorial

LEY 388 de 1997

 

 

 

 

CARTILLA

 

REFERENCIAS LEGALES AL

ESPACIO PUBLICO

 

 

Ministerio de Desarrollo Económico

 

Ley de Desarrollo Territorial

LEY 388 de 1997

 

CARTILLA

 

REFERENCIAS LEGALES AL

ESPACIO PUBLICO

 

Ministerio de Desarrollo Económico

 

Cartilla:

REFERENCIAS LEGALES AL ESPACIO PUBLICO.

Recuento Histórico.

 

 

 

©. Ministerio de Desarrollo Económico.

Santafé de Bogotá, D.C., Junio 29 de 1998

 

 

 

Dirección General:

Viceministerio de Desarrollo Urbano.

Patricia Torres Arzayús.

Viceministra.

 

Dirección de Espacio Público y Ordenamiento Territorial y Urbano.

Eduardo Restrepo González.

Director.

 

 

 

Diseño, compilación y transcripción:

Daniel Arriaga Salamanca.

 

Asesoría Jurídica:

Laura Palacio Arciniegas

María Carolina Quintero

 

Logotipo:

Rodolfo Arriaga Salamanca

 

Impresión:

Fotolito Parra & Cía Ltda.

 

 

 

 

IMPRESO Y HECHO EN COLOMBIA

PRINTED AND MADE IN COLOMBIA

 

 

 

República de Colombia.

Ministerio de Desarrollo Económico

Viceministerio de Desarrollo Urbano.

 

 

 

 

Ministro

CARLOS JULIO GAITAN GONZALEZ

 

 

 

 

Viceministra de Desarrollo Urbano

PATRICIA TORRES ARZAYUS

 

 

 

 

 

Director de Espacio Público y Ordenamiento Territorial y Urbano

EDUARDO RESTREPO GONZALEZ

 

 

 

 

 

Directora de Servicios Públicos Domiciliarios Directora de Vivienda, Suelo y Construcción

LUZ ANGELA MONDRAGON RESTREPO HELGA CECILIA RIVAS ARDILA

 

 

 

Programa Naciones Unidas para el Desarrollo

Proyecto Central de Apoyo a la Política de Vivienda Y Gestión Urbana

Col.93/001

AUGUSTO HOYOS MEOZ

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

PRESENTACION:

 

CONSTITUCION POLITICA NACIONAL

 

CODIGOS:

Código Civil

Código de Procedimiento Civil

Código de Recursos Naturales Renovables y

de Protección al Medio Ambiente.

Código Nacional de Tránsito Terrestre

Código Penal

Código Nacional de Policía

LEYES:

Ley 4 de Agosto 20 de 1913

Ley 97 de Noviembre 24 de 1913

Ley 113 de Noviembre 21 de 1928

Ley 88 de Diciembre 26 de 1947

Ley 61 de Diciembre 15 de 1978

Decreto-Ley 1333 de Abril 25 de 1986

Ley 12 de Enero 27 de 1987

Ley 9 de Enero 11 de 1989

Ley 60 de Agosto 12 de 1993

Ley 99 de Diciembre 22 de 1993

Ley 105 de Diciembre 30 de 1993

Ley 128 de Febrero 23 de 1994

Ley 134 de Mayo 31 de 1994

Ley 136 de Junio 2 de 1994

Ley 140 de Junio 23 de1994

Ley 152 de Julio 15 de 1994

Ley 181 de Enero 181de 995

Ley 299 de Julio 26 de 1996

Ley 361 de Febrero 7 de 1997

Ley 388 de Julio 18 de 1997

Ley 397 de Agosto 7 de 1997

 

DECRETOS:

Decreto 3104 de Diciembre 14 de 1979

Decreto 919 de Mayo 1 de 1989

Decreto 706 de Abril 28 de 1995

Decreto 1112 de Junio 24 de 1996

Decreto 150 de Enero 22 de 1998

Decreto 151 de Enero 22 de 1998

Decreto 540 de Marzo 20 de 1998

Decreto 879 de Mayo 13 de 1998

Decreto 1052 de Junio 10 de 1998

 

RESOLUCIONES:

Resolución 14861 de Octubre 4 de 1985

Resolución 541 de Diciembre 14 de 1994

 

Presentación:

 

 

 

CONSTITUCION POLITICA NACIONAL:

 

 

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

JULIO 6 DE 1991

 

TITULO II

DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS

Y LOS DEBERES

 

CAPITULO I

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

 

Art. 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Conc.: Arts. 2, 7, 86, 87, 121; C. P. 298 a 304, 308, 309, 356, 360; C. de P.P. 20.; Ley 361 de 1997

 

Art. 20.- Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

Conc.: Arts. 23; C. P. 280, 318.

 

Art. 24.- Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

Conc.: Arts. 96, 97

 

Art. 25.- El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

Conc.: Arts. 2o; C S. T. 7o, 9o, 11; C. P. 290, 291.

 

Art. 37.- Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

Conc.: Arts. 3, 23, 219.

 

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES

 

Art. 44.- Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Conc.: Arts. 2, 6, 11, 40 Num 7, 42, 45 Num 5, 43, 50; C.C. 213, 236, y ss., 250 y ss., 411 y ss.; Decreto 2737 de 1989; C. P. 268, 270, 271, 303, 305, 311, 346.

 

Art. 45.- El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

Conc.: Arts. 42, 43; C. P. 303, 305, 311, 312, 348.

 

Art. 46.- El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

Conc.: Arts. 2, 4.

 

Art. 47.- El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

Conc.: Arts. 54.; Ley 361 de 1997

 

Art. 52.- Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

Conc.: Arts. 300 Num 10

 

Art. 63.- Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Conc.: Arts. 102. 332; C.C. 674 y ss.

 

Art. 70.- El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación.

Conc.: Arts. 27, 100, 67, 68, 69, 71; Ley 397 de 1997

 

 

 

CAPITULO III

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

 

Art. 79.- Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Conc.: Arts. 88, 95 Num 8, 277 Num 4, 289, 317, 361; C. P. 205, 205.

 

Art. 80.- El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Conc.: Arts. 95 Num 8, 268 Num 7, 317, 330 Num 5, 360.

 

Art. 82.- Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

 

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Conc.: 101.

 

CAPITULO IV

DE LA PROTECCIÓN Y APLICACIÓN

DE LOS DERECHOS

 

Art. 87.- Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.

Conc.: Arts. 2, 6, 152 a), 228 y ss.; C. C. A. 5o. a 11. Ley 393 de 1997

 

CAPITULO V

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES

 

Art. 95.- La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

 

1o) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

 

2o) Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

 

3o) Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales;

 

4o) Definir y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;

 

5o) Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;

 

6o) Propender al logro y mantenimiento de la paz;

 

7o) Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;

 

8o) Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;

 

9o) Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Conc.: Arts. 4, 9, 67, 96, 97, 98, 103, 118, 150 Num 16, 164, 170, 189 Num 2, 214 Num 2, 222, 224, 228, 229, 247, 258, 260, 268 Num 7, 277 Num 4, 278, 279, 280, 282, 289, 317, 330 Num 5, 338, 360, 361, 398; C. P. 205, 361 a 364.

 

TITULO XI

DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL

 

CAPITULO III

DEL RÉGIMEN MUNICIPAL

 

Art. 313.- Corresponde a los Concejos:

 

2o) Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.

 

7o) Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas como la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.

 

9o) Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

 

10) Las demás que la Constitución y la Ley le asignen.

 

 

 

 

CODIGOS:

 

 

CODIGO CIVIL

 

LIBRO SEGUNDO

DE LOS BIENES Y DE SU DOMINIO, POSESIÓN, USO Y GOCE

 

TITULO I

DE LAS VARIAS CLASES DE BIENES

 

Art. 653.- Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas.

 

CAPITULO I

DE LAS COSAS CORPORALES

 

Art. 654.- Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles.

 

Art. 656.- Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles. Las casas y veredas se llaman predios o fundos.

 

Art. 657.- Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan transportarse de un lugar a otro.

 

Art. 658.- Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan separarse sin detrimento.

 

Tales son, por ejemplo:

Las losas de un pavimento.

Los tubos de las cañerías.

Los utensilios de labranza o minería, y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca;

 

Los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarla.

 

Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un establecimiento industrial adherente al suelo y pertenecen al dueño de este.

 

Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros vivares, con tal que estos adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo o de un edificio.

Conc.: 1179, 1886, 2445.

 

TITULO III

DE LOS BIENES DE LA UNION

 

Art. 674.- Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.

 

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.

 

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales.

Conc.: 2519.

 

Art. 675.- Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.

 

Art. 677.- Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la Unión, de uso público en los respectivos territorios.

 

Exceptúanse las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños.

Conc.: 892.

 

Art. 678.- El uso y goce que para el tránsito, riesgo, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes.

 

Art. 679.- Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión.

 

Art. 680.- Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios, o hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad de la Unión.

 

Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria, estarán sujetos a la disposición de este artículo, si se reconstruyeren.

Conc.: C. P y M., 338

 

Art. 681.- En los edificios que se construyan a los costados de calles o plazas, no podrá haber, hasta la altura de tres metros, ventanas, balcones, miradores u otras obras que salgan más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero; ni podrá haberlos más arriba que salgan del dicho plano vertical sino hasta la distancia horizontal de tres decímetros.

 

Las disposiciones de este artículo se aplicarán a las reconstrucciones de dichos edificios.

 

Art. 682.- Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de propiedad de la Unión, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo.

 

Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, al uso y goce privativo de la Unión o al uso y goce general de los habitantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por la Unión.

 

 

 

TITULO XIV

DE ALGUNAS ACCIONES POSESORIAS ESPECIALES

 

Art. 1005.- La municipalidad y cualquiera persona del pueblo tendrá en favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados.

Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costa del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad.

Conc.: 2359.

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

 

LIBRO TERCERO

LOS PROCESOS

 

SECCION PRIMERA

PROCESOS DECLARATIVOS

 

TITULO XXII

PROCESO ABREVIADO

 

CAPITULO I

Disposiciones generales

 

Art. 414.- Modificado. Decreto 2282 de 1989, art. 1o. Num. 217. Alegaciones y sentencia. Vencido el término para practicar pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por el término común de cinco días.

Conc.: 108, 120.

 

Vencido el término del traslado para alegar, se aplicará lo dispuesto en el artículo 404.

 

DECRETO 2811 DE DICIEMBRE 18 1974

POR EL CUAL SE DICTA EL CÓDIGO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

 

CAPITULO UNICO

 

Art. 3o. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula:

 

a. El manejo de los recursos naturales renovables, a saber:

 

1. La atmósfera y el espacio aéreo nacional.

2. Las aguas en cualquiera de sus estados.

3. La tierra, el suelo y el subsuelo.

4. La flora.

5. La fauna.

6. Las fuentes primarias de energía no agotables.

7. Las pendientes topográficas con potencial energético.

8. Los recursos geotérmicos.

9. Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio continental o insular de la república.

10. Los recursos del paisaje.

 

b. La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra la acción nociva de fenómenos naturales.

 

c. Los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en él, denominados en este Código elementos ambientales, como:

 

1. Los residuos, basuras, desechos y desperdicios.

 

2. El ruido.

 

3. Las condiciones de vida resultantes de asentamiento humano urbano o rural.

 

4. Los bienes producidos por el hombre, o cuya producción sea inducida o cultivada por él, en cuanto incidan o puedan incidir sensiblemente en el deterioro ambiental.

 

LIBRO PRIMERO

DEL AMBIENTE

 

PARTE IV

DE LAS NORMAS DE PRESERVACION AMBIENTAL RELATIVAS A ELEMENTOS AJENOS A

LOS RECURSOS NATURALES

 

TITULO III

DE LOS RESIDUOS, BASURAS, DESECHOS Y DESPERDICIOS

 

Art. 35. Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos.

 

Art. 38. Por razón del volumen o de la calidad de los residuos, las basuras, desechos o desperdicios, se podrá imponer a quien los produce la obligación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, señalándole los medios para cada caso.

 

LIBRO SEGUNDO

DE LA PROPIEDAD, USO E INFLUENCIA AMBIENTAL

 

PARTE VII

DE LA TIERRA Y LOS SUELOS

 

TITULO II

DE LOS USOS NO AGRICOLAS DE LA TIERRA

 

CAPITULO I

USOS URBANOS, HABITACIONALES E INDUSTRIALES

 

Art. 187. Se planeará el desarrollo urbano determinando, entre otros, sectores residenciales, cívicos, comerciales, industriales y de recreación así como zonas oxigenantes y amortiguadoras y contemplando la necesaria arborización ornamental.

 

Art. 188. La planeación urbana comprenderá principalmente:

1. La reglamentación de la construcción y el desarrollo de programas habitacionales según las necesidades de protección y restauración de la calidad ambiental y de la vida, dando prelación a las zonas con mayores problemas.

 

2. La localización adecuada de servicios públicos cuyo funcionamiento pueda afectar el ambiente.

 

3. La fijación de zonas de descanso o de recreo y la organización de sus servicios para mantener ambiente sano y agradable para la comunidad.

 

4. La regulación de las dimensiones adecuadas de los lotes de terreno, de las unidades de habitación y de la cantidad de personas que pueda albergar cada una de estas unidades y cada zona urbana.

 

Art. 189. En los centros urbanos, las industrias que por su naturaleza puedan causar deterioro ambiental estarán situadas en zona determinada en forma que no causen daño o molestia a los habitantes de sectores vecinos ni a sus actividades, para lo cual se tendrán en cuenta la ubicación geográfica, la dirección de los vientos y las demás características del medio y las emisiones no controlables.

 

CAPITULO II

USOS EN TRANSPORTE: AEROPUERTOS, CARRETERAS, FERROCARRILES

 

Art. 193. En la construcción de carreteras y de vías férreas se tomarán precauciones para no causar deterioro ambiental con alteraciones topográficas y para controlar las emanaciones y ruidos de los vehículos.

 

CAPITULO VII

DE LAS SANCIONES

 

TITULO II

DE LA ACUICULTURA Y DEL FOMENTO DE LA PESCA

 

PARTE V

DE LOS RECURSOS DEL PAISAJE Y DE SU PROTECCION

 

Art. 302. La comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual. Se determinarán los que merezcan protección.

Conc.: Dec. 1.715 de 1978.

 

Art. 303. Para la preservación del paisaje corresponde a la administración:

 

a. Determinar las zonas o lugares en los cuales se prohibirá la construcción de obras;

 

b. Prohibir la tala o la siembra o la alteración de la configuración de lugares de paisaje que merezcan protección;

 

c. Fijar límites de altura o determinar estilos para preservar la uniformidad estética o histórica, y

 

d. Tomar las demás medidas que correspondan por ley o reglamento.

 

Art. 304. En la realización de las obras, las personas o entidades urbanizadoras, públicas y privadas procurarán mantener la armonía con la estructura general del paisaje.

 

PARTE VI

DE LOS MODOS DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

 

TITULO II

DE LAS ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL

 

CAPITULO II

DE LOS DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO Y DE LAS ÁREAS DE RECREACION

 

Art. 311. Podrán crearse áreas de recreación urbanas y rurales principalmente destinadas a la recreación y a las actividades deportivas.

 

DECRETO 1344 DE AGOSTO 4 DE 1970

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE

 

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPITULO I

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

 

Art. 1o.- Las normas del presente código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, animales y vehículos por las vías públicas y por las vías privadas que estén abiertas al público.

 

El tránsito terrestre de personas, animales y vehículos por las vías de uso público es libre, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades, para garantía de la seguridad y comodidad de los habitantes.

Conc: 2o.

 

Art. 2o.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., Mod. 1a. Para la interpretación y aplicación del presente código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

 

Acera o andén. Parte de la vía destinada exclusivamente al tránsito de peatones.

 

Autopista. Vía especialmente diseñada para altas velocidades de operación, con los sentidos de flujo aislado por medio de separador central, sin intersecciones a nivel y con el control total de accesos.

 

Bahía. Zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al estacionamiento provisional de vehículos.

 

Berma. Parte exterior de la vía, destinada al soporte lateral de la calzada para el tránsito de peatones, semovientes y ocasionalmente al estacionamiento de vehículos y tránsito de vehículos de emergencia.

 

Calzada. Zona de la vía normalmente destinada a la circulación de vehículos.

 

Calle o carrera. Vía urbana de tránsito público, que incluye toda la zona comprendida entre los linderos frontales de propiedades.

 

Camino carreteable. Vía no apta para el tránsito regular de vehículos automotores, destinada principalmente al tránsito humano y animal.

 

Carretera. Vía rural diseñada para el tránsito de vehículos.

 

Carril. Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.

 

Ciclovía. Vía o sección de la calzada reservada para el tránsito de vehículos no automotores, principalmente para las bicicletas, exceptuando los de tracción animal.

Cruce o intersección de vías. Area de circulación, formada por la intersección de dos (2) o más vías.

 

Cuneta: Zanja construida al borde de una vía para recoger y evacuar las aguas superficiales.

 

Espaciamiento. Distancia entre dos (2) vehículos sucesivos que se mide del extremo trasero de un vehículo al delantero del otro.

 

Estacionamiento de un vehículo. Parada de un vehículo en la parte lateral de la vía o en un sitio destinado para tal fin, que implique apagar el motor.

 

Glorieta. Intersección donde no hay cruces a nivel directos, sino maniobras de entrecruces y movimientos alrededor de una isleta o plazoleta central.

 

Marcas viales. Señales de tránsito constituidas por líneas, dibujos, palabras o símbolos trazados sobre el pavimento u otros elementos dentro de la vía o adyacentes a ella.

 

Minusválido. Persona que tiene disminuidas algunas de sus facultades físicas o mentales.

 

Paso a nivel. Intersección a un mismo nivel de una vía con una vía férrea.

 

Paso peatonal a desnivel. Puente o túnel diseñado especialmente para que los peatones atraviesen una vía.

 

Paso peatonal a nivel. Zona de la calzada delimitada por dispositivos y marcas especiales con destino al cruce de peatones.

 

Parada momentánea. Detención de un vehículo sin apagar el motor, para recoger o dejar personas o cosas, sin interrumpir el normal funcionamiento del tránsito.

 

Parqueadero. Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 1o. Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos.

 

Peatón. Persona que transita a pie por una vía.

 

Pendiente. Inclinación longitudinal de una vía con respecto al plano horizontal.

 

Prelación: Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 1o. Prioridad o preferencia que tiene una vía o vehículo con respecto a otras vías u otros vehículos.

Sardinel. Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la calzada de una vía.

 

Semáforo. Dispositivo electromecánico o electrónico para regular el tránsito de peatones y/o vehículos mediante el uso de señales luminosas.

 

Señal de tránsito. Es el dispositivo físico o marca especial, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías.

 

Separador. Faja que independiza dos calzadas de una vía.

 

Tránsito. Es la movilización de personas, animales y/o vehículos por una vía pública o privada abierta al público.

 

Vía. Zona de uso público o privado abierta al público destinada al tránsito de vehículos, personas y/o animales.

 

Vía arteria. Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 1o. Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, con excepción de la vía férrea y de la autopista.

 

Vía férrea. Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 1o. Vía diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con prelación sobre todas las demás vías del sistema vial.

 

Vía principal. Vía de un sistema vial con prelación de tránsito sobre las vías ordinarias.

 

Vía privada. Vía destinada al uso particular.

 

Vía ordinaria. Vía de un sistema vial con tránsito subordinado a vías principales.

 

Zona escolar. Zona de la vía situada frente a un establecimiento de enseñanza y que se entiende cincuenta (50) metros al frente y a los lados de los lugares de acceso al establecimiento.

 

Zona de establecimiento restringido. Parte de la vía delimitada por autoridad competente en zonas adyacentes a: instalaciones militares o de policía, bancos, hospitales, entidades oficiales y de socorro, teatros, iglesias, establecimientos industriales y comerciales.

 

Zona urbana. Area delimitada como tal por autoridad competente.

 

Zona rural. Extensión territorial situada fuera de los perímetros urbanos.

Conc.: Decreto 2591 de 1990, art. 1o.

 

CAPITULO II

AUTORIDADES

 

Art. 3o.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., Mod. 2a. Son autoridades de tránsito las siguientes:

1o. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

 

2o. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, INTRA.

 

3o. Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 2o. Las Secretarías, Departamentos, Institutos, Direcciones y demás organismos de tránsito de carácter departamental, Distrital, Intendencial y comisFutura Bk BT.

 

4o. Los alcaldes municipales.

 

5o. Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 2o. Las Secretarías, Departamentos, Inspecciones y demás organismos municipales de tránsito.

 

6o. Las inspecciones de Policía.

 

7o. La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía vial, policía urbana de tránsito y policía aeroportuaria.

 

8o. Los Agentes de Transporte y Tránsito.

 

Parágrafo.- Las entidades señaladas en los numerales tercero (3o.) y quinto (5o.) se considerarán para efectos de este Decreto, como organismos de tránsito.

Conc.: 1o, 4o a 7o.

 

Nota: Comisarías e Intendencias, erigidas en Departamentos por el artículo 309 de la Constitución Nacional.

 

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte, fue reestructurado por el decreto 2171 de 1992 suprimiendo el INTRA y creando el Ministerio de Transporte.

 

Art. 5o.- Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 3o. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte dictará las resoluciones sobre utilización y señalamiento de carreteras nacionales; las Secretarías de Obras Públicas Departamentales de las vías departamentales y las Secretarías de Obras Públicas Municipales de las vías municipales, en los términos y para los fines contemplados en este estatuto.

Conc.: 1o., 3o.

 

Art. 6o.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 5a. Los organismos de tránsito dentro de su respectiva jurisdicción, expedirán las normas y tomará las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas, con sujeción a las disposiciones del presente código, a sus normas reglamentarias y a las demás que lo modifiquen o adicionen.

 

Art. 7o.- Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 4o. Sin perjuicio de la colaboración que deben prestarse los agentes de transporte y tránsito y la Policía Nacional, cada uno de ellos ejercerá sus funciones de control de la siguiente manera: La Policía Vial en las carreteras nacionales; los organismos departamentales de tránsito en aquellos municipios donde no haya organismo de tránsito municipal y carreteras departamentales de su jurisdicción; los organismos de tránsito de nivel municipal y del Distrito Especial de Bogotá en el territorio de su jurisdicción.

Conc.: 3o.

 

Nota: Santafé de Bogotá D. C., Art. 322 de la Constitución Nacional.

 

Art. 8o.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., Mod. 7a. Los organismos de tránsito conocerán de las infracciones definidas en las normas de tránsito dentro del territorio de su jurisdicción. Sin embargo, cuando una autoridad de tránsito tenga conocimiento de una infracción, abocará el conocimiento de la misma mientras asume la investigación la autoridad competente. Una vez esto suceda se dará traslado de las diligencias adelantadas y las pruebas recaudadas, a la autoridad competente.

Conc.: 175 y ss.

 

TITULO II

NORMAS DE ADMISION AL TRANSITO

 

CAPITULO I

ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

 

Art. 11.- Modificado. Ley 33 de 1986, art. 1o. La enseñanza automovilística se impartirá:

 

2o. Por entidades oficiales o establecimientos públicos educativas.

 

Art. 14.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 12. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determinará los programas de enseñanza, equipos, accesorios de los vehículos y demás requisitos pedagógicos necesarios para otorgar la licencia de funcionamiento a las escuelas de enseñanza automovilística.

 

CAPITULO II

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

 

Art. 17.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 15. Ninguna persona podrá conducir un vehículo en el territorio nacional sin llevar consigo la licencia de conducción correspondiente, o carné especial, según el caso.

 

Parágrafo.- Los aprendices que conduzcan vehículos automotores de enseñanza acompañados por un instructor autorizado, están eximidos de portar licencia de conducción.

Conc.: 18 y ss.

 

Art. 18.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 16. Las licencias de conducción serán de las siguientes categorías:

Parágrafo 1o.- Las autoridades de tránsito locales expedirán un carné especial para la conducción de vehículos no automotores.

 

Parágrafo 2o.- Cuando los vehículos agrícolas e industriales transiten por las vías públicas, su conductor deberá portar licencia de conducción como mínimo de tercera (3a) categoría.

Conc.: Decreto 2591 de 1990, art. 5o.

 

Art. 19.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 17. Para obtener la licencia de conducción por primera vez o recategorización se requiere:

 

6o. Demostrar mediante examen ante la autoridad de tránsito competente conocimiento de las normas vigentes de tránsito y de seguridad vial, de primeros auxilios médicos, prevención y extinción de incendios, conocimientos básicos sobre mecánica automotriz y de los demás que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito de acuerdo a los programas que éste establezca para cada categoría de licencia de conducción.

Conc.: 17, 18, 19, 21.

 

Art. 23.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 21. Corresponde al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, llevar el registro nacional de conductores e infractores, el cual contendrá los siguientes datos:

 

1o. Número y categoría de la licencia de conducción.

 

2o. Nombre de la persona.

 

3o. Número y lugar de expedición del documento de identidad.

 

4o. Domicilio.

 

5o. Nacionalidad.

 

6o. Fecha y lugar de nacimiento.

 

7o. Señales particulares.

 

8o. Tipo de sangre.

 

9o. Limitaciones físicas.

 

10. Renovaciones de la licencia de conducción (fecha y número).

 

11. Recategorizaciones de la licencia de conducción (fecha y número).

 

12. Historial de infracciones de tránsito, multas y pagos.

 

13. Los demás que por reglamento lleguen a exigirse.

 

Parágrafo.- Para cumplir con este registro, las autoridades de tránsito deberán enviar la información que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito en el reglamento.

Conc.: 3o., 4o.

 

CAPITULO III

VEHÍCULOS

 

SECCIÓN PRIMERA

VEHÍCULOS EN GENERAL

 

Art. 42.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 29. Para que un vehículo automotor pueda transitar por las vías del territorio nacional, deberá garantizar como condiciones mecánicas mínimas el perfecto funcionamiento de los siguientes aspectos: frenos, llantas, vidrios de seguridad, luces, controles de dirección, señales audibles, equipo de seguridad, nivel mínimo de combustible, escape de gases y elementos ópticos.

Conc.: 43 y ss.

 

Art. 52.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 39. Dentro de los perímetros urbanos se usará la luz media o baja. Fuera de estas zonas, la luz plena o alta, excepto cuando se aproxime un vehículo en sentido contrario.

Conc.: 42, 50, 51.

 

Art. 53.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 40. Los vehículos no automotores que circulen en horas nocturnas, deberán llevar dispositivos en la parte delantera que proyecten luz blanca y en la parte trasera que reflecten luz roja.

Conc.: 42, 50, 51, 52.

 

Art. 57.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 44. Todo vehículo deberá estar provisto de un aparato para producir señales acústicas de intensidad no superior a cien (100) decibeles, utilizable únicamente para la prevención de accidentes.

 

Parágrafo.- El uso de sirenas y aparatos similares está reservado exclusivamente para los vehículos de bomberos, ambulancias, comitiva presidencial, ejército, policía, autoridades de transporte y tránsito, de socorro o emergencia.

Conc.: 42, 50 a 56.

 

Art. 59.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 46. Todos los vehículos que transiten por las vías del país, portarán el siguiente equipo de prevención y seguridad:

 

a) Cinturones de seguridad en los asientos delanteros del vehículo;

 

b) Cuñas para asegurar el vehículo;

 

c) Gato o elevador mecánico o hidráulico;

 

d) Llanta o llanta de repuesto inflada a la presión necesaria;

 

e) Juego de herramientas para reparación de emergencia;

 

f) Señales en forma de triángulo, en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitente independiente de la instalación eléctrica del vehículo y con suficiente duración de alumbrado;

 

g) Botiquín de primeros auxilios;

 

h) Extintor de incendios;

 

i) Linterna.

 

Parágrafo 1o.- El cinturón de seguridad será exigible para los vehículos de modelo 1985 en adelante.

 

Parágrafo 2o.- Todo vehículo que se importe, ensamble o fabrique a partir de la vigencia del presente Decreto, deberá estar provisto de equipo mencionado en este artículo.

 

Parágrafo 3o.- El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determinará las condiciones, especificaciones y características del equipo mencionado en este artículo.

Conc.: 42; Decreto 2171 de 1992

Art. 71.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 58. La carga de un vehículo deberá estar acomodada, sujeta y cubierta de forma que no ponga en peligro la vida de las personas ni cause daños a terceros; no arrastre en la vía, ni caiga sobre ésta; no estorbe la visibilidad o la conducción del vehículo; no oculte las luces incluidas las de frenado, direccionales y las de posición, ni los dispositivos reflectantes y las placas de identificación.

 

Art. 74.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 61. Los vehículos automotores que circulen por las vías públicas o privadas abiertas al público, deberán someterse anualmente a revisión tecnicomecánica con el fin de verificar por lo menos: su estado general, el correcto funcionamiento de los sistemas de frenos, (capacidad de freno), dirección, luces, suspensión, dispositivo acústico, emanación de gases y de los instrumentos de control y seguridad.

 

Parágrafo 1o. Se someterán también a revisión tecnicomecánica los vehículos automotores de placa extranjera que ingresen temporalmente al país por un período superior a dos (2) meses.

 

Parágrafo 2o. Para efectuar la revisión tecnicomecánica las autoridades de tránsito utilizarán centros de diagnóstico. En aquellos lugares donde no haya centros de diagnóstico, la revisión se hará conforme con lo establecido por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

Conc.: 41, 42.

 

Art. 79.- Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 8o. Ningún vehículo automotor podrá transitar por las vías públicas o privadas abiertas al público sin tener licencia de tránsito, certificado de movilización vigente, póliza de seguro obligatorio de daños causados a las personas en accidentes de tránsito y sin portar placas, salvo cuando se otorgue permiso especial. Los vehículos de tracción animal o impulsión humana que no se utilicen para fines deportivos, no podrán transitar por las vías públicas sin placas.

 

Parágrafo 1o.- Todo vehículo de servicio público deberá llevar además la tarjeta de operación reglamentada por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

 

Parágrafo 2o.- Los vehículos registrados legalmente en otros países, que se encuentren en el territorio nacional, podrán transitar durante el tiempo autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Aduanas, teniendo en cuenta los convenios internacionales sobre la materia y en ningún caso se podrán destinar al transporte público dentro del país. Para que estos vehículos puedan transitar en el territorio nacional deberán obtener póliza de seguro obligatorio de daños causados a las personas en accidentes de tránsito por el tiempo autorizado para su permanencia en el país.

 

Parágrafo 3o.- Los vehículos y la maquinaria que por sus características no puedan transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público, no requerirán licencia de tránsito, certificado de movilización, ni placas.

Conc.: 4o., 77, 78.

 

TITULO III

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN ÉL TRANSITO

 

CAPITULO I

REGLAS GENERALES

 

Art. 109.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 98. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor o como peatón, deberá comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a las demás y deberá conocer y cumplir las normas de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito. Además observará las señales de tránsito que determine el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito.

 

CAPITULO II

CLASIFICACIÓN Y USO DE LAS VÍAS

 

Art. 110.- Para determinar la prelación las vías se clasifican así:

 

I. Dentro del perímetro urbano:

 

- Vías férreas.

- Autopistas.

- Vías arterias.

- Vías principales.

- Vías ordinarias.

- Vías privadas.

 

II. En las zonas rurales:

 

- Vías férreas.

- Autopistas.

- Carreteras.

- Caminos carreteables.

- Vías privadas.

 

La autoridad local, por medio de resolución motivada, señalará las categorías correspondientes a las vías urbanas, cualquiera que sea su denominación, y determinará cuál prima dentro de la misma categoría.

 

La prelación entre las vías de zonas rurales será determinada por las autoridades nacionales de tránsito.

 

Se entiende que en los cruces donde no haya señales, tendrá prelación el vehículo que se encuentra a la derecha.

 

CAPITULO III

SEÑALES DE TRÁNSITO

 

Art. 111.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 99. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determinará las señales, convenciones y demarcaciones de tránsito y dará instrucciones sobre su interpretación y uso.

 

Art. 112.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 100. Las señales de tránsito se dividen en:

 

1o. Señales de reglamentación o reglamentarias, que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta.

 

2o. Señales de prevención o preventivas, que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de éste.

3o. Señales de información o informativas, que tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar y se dividen en:

 

  1. Señales para indicar dirección y para identificar carreteras;

 

b) Señales de localización;

 

c) Señales de información general.

 

Parágrafo.- Las marcas sobre el pavimento constituyen también señales de tránsito y sus indicaciones deberán seguirse.

Conc.: 111, 113.

 

Art. 113.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 101. Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine.

 

Parágrafo.- Toda zona de prohibición deberá estar expresamente demarcada en un sitio y autorizada mediante providencia del funcionario de tránsito competente.

Conc.: 111, 112.

 

Art. 114.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 102. Quienes ejecuten o realicen operativos en las vías públicas, deberán instalar temporalmente los dispositivos y señales para prevenir riesgos, tanto para el usuario como para el personal que desarrolla dicha labor.

 

Art. 115.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 103. Las entidades ferroviarias colocarán señales, barreras y luces en los pasos al nivel de las vías férreas, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Conc.: 111, 112, 113.

 

Art. 116.- No podrán colocarse en las vías, señales o avisos, sin permiso del Ministerio de Obras Públicas en las zonas rurales, o de las autoridades municipales de tránsito en las vías urbanas.

 

CAPITULO IV

REGULACIÓN DEL TRÁNSITO

 

Art. 118.- Los semáforos se dividen en:

 

- Semáforo para control de vehículos (Pare y siga);

 

- Semáforo para peatones;

 

- Semáforos especiales;

 

- Semáforos de aproximación a cruces de trenes y guardarrieles, semáforos direccionales, intermitentes, y otros.

 

 

 

 

CAPITULO V

PEATONES

 

Art. 120.- El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por el lado izquierdo fuera del pavimento o zona destinada al tránsito de vehículos, en las zonas rurales, salvo disposiciones en contrario del Ministerio de Obras Públicas, y en los perímetros urbanos por las aceras.

Conc.: 121 y ss.

 

Art. 121.- El peatón al atravesar una vía, lo hará por la línea más corta, respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no viene ningún vehículo que ofrezca peligro para el cruzamiento.

 

Dentro del perímetro urbano el cruce deberá, hacerse en las bocacalles, y por las zonas demarcadas, si las hubiere.

Conc.: 121, 222, 223.

 

Art. 122.- Cuando el peatón tenga libre su vía, tiene prelación sobre los vehículos que van a cruzar.

 

Art. 123.- Está prohibido a los peatones:

 

1o. Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos.

 

2o. Transitar en patines, patinetas, o similares, en vías distintas a las permitidas para ello.

 

3o. Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculizar el tránsito.

 

Los ciegos deberán portar una vara pintada con señales preventivas, para anunciarse en forma ostensible al atravesar las vías, a fin de que los conductores de vehículos los vean y detengan la marcha.

 

CAPITULO VI

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS

 

Art. 124.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 105. Todo conductor de un vehículo deberá respetar las formaciones de tropas y la marcha de desfiles, procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas debidamente autorizadas.

Conc.: 125.

 

Art. 126.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 107. Todo conductor al detener su vehículo en vía pública, deberá hacerlo en forma que no obstaculice el tránsito de los demás y abstenerse de efectuar maniobras que pongan en peligro a otros vehículos o a las personas.

Conc.: 127.

 

Art. 127.- El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce, y donde no haya semáforo, tomar las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda.

Conc.: 126.

 

Art. 129.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 108. Los vehículos deberán transitar por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación, atravesándolas solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.

Conc.: 130.

 

Art. 130.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 109. Los vehículos transitarán en la siguiente forma:

 

1o. Vías de sentido único de tránsito.

 

a) En aquellas vías velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el carril de acuerdo con su velocidad de marcha;

 

b) En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de adelantamiento.

 

2o. Vías de doble sentido de tránsito.

 

De dos carriles: Los vehículos transitarán por el carril de su derecha y utilizarán el carril de su izquierda para maniobras de adelantamiento.

 

De tres carriles: Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 11. Los vehículos transitarán por los carriles extremos que queden a su derecha; el carril central sólo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente.

 

De cuatro carriles: Los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos y los interiores para maniobras de adelantamiento y mayores velocidades.

 

Parágrafo.- Las bicicletas, motocicletas, motociclos, mototriciclos y vehículos de tracción animal e impulsión humana, transitarán de acuerdo con las reglas que en cada caso dicte la autoridad municipal de tránsito. En todo caso estará prohibido transitar por los andenes.

Conc.: 131.

 

Art. 131.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 110. Es prohibido hacer maniobras de retroceso en las vías públicas, salvo en casos de estacionamiento o emergencia. Igualmente, dar vueltas en "U", excepto en los lugares permitidos por las autoridades de tránsito. Es prohibido el tránsito de vehículos sobre aceras y zonas de seguridad, salvo en el caso de entrada a garajes o sitios de estacionamiento.

Conc.: 130.

 

Art. 132.- Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 12. Cuando dos (2) vehículos transiten en sentido contrario por una vía de doble sentido de tránsito e intenten virar al mismo lado, tiene prelación el que va a girar a la derecha; en las pendientes tiene prelación el vehículo que sube.

 

En intersecciones no señalizadas, tiene prelación el vehículo que se encuentre a su derecha.

 

Si dos (2) vehículos que transitan en sentido opuesto llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la izquierda, tiene prelación el vehículo que va a seguir derecho.

 

Cuando un vehículo se encuentre dentro de una glorieta, tiene prelación sobre los demás que van a entrar a ella.

 

Cuando dos (2) vehículos que transitan por vías diferentes llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la derecha, tiene prelación el que va a seguir derecho.

 

El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determinará los casos no contemplados en el presente artículo.

Conc.: 130, 131.

 

Art. 135.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 114. Todo conductor antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra debe observar: que ningún conductor que le siga haya empezado la maniobra para adelantarlo, que el carril izquierdo esté libre, calcular una longitud suficiente para pasar de acuerdo con su velocidad y a la de los demás vehículos que vaya a adelantar, que la maniobra no entorpezca el tránsito y anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o audibles.

Conc.: 133.

 

Art. 136.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 115. Es prohibido adelantar a otros vehículos en los siguientes casos:

 

1o. En intersecciones.

 

2o. En los tramos de vía en donde exista línea separada central continua o prohibición de adelantamiento.

 

3o. En las curvas o pendientes donde exista una visibilidad menor de cien (100) metros.

 

4o. Cuando la visibilidad sea desfavorable.

 

5o. En las proximidades de pasos de peatones.

 

6o. En las intersecciones con vías férreas.

 

7o. En general, cuando la maniobra ofrezca peligro.

Conc.: 135.

 

Art. 138.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 117. Los conductores deberán disminuir la velocidad en los siguientes casos:

 

1o. En los lugares de concentración de personas.

 

2o. Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.

 

3o. Cuando transiten cerca de las aceras.

 

4o. Cuando se corra el riesgo de salpicar a peatones o a edificaciones.

 

5o. Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.

 

Parágrafo.- En los casos anteriores, la velocidad máxima permitida será de treinta (30) kilómetros por hora.

Conc.: 139.

 

Art. 139.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 118. En vías urbanas donde no esté prohibido el estacionamiento, se podrá hacer al lado derecho de la vía lo más cercano posible al andén y a más de quince (15) metros de las intersecciones.

Conc.: 138.

 

Art. 140.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 119. No se puede estacionar vehículos en los siguientes lugares:

1o. Sobre andenes y zonas verdes.

 

2o. En vías arterias, autopistas, puentes y zonas de seguridad.

 

3o. A menos de un metro de otro vehículo que se halle estacionado o a distancia mayor de 30 cm. de la acera.

 

4o. Frente a vehículos estacionados, Hidrantes y entradas de garajes.

 

5o. En curvas de visibilidad reducida.

 

6o. Donde las autoridades de tránsito lo prohiban.

Conc.: 141, 142.

 

Art. 141.- Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 13. En zonas rurales los vehículos se estacionarán sobre la berma colocando señales de peligro reglamentarias y durante la noche se dejarán además encendidas las luces de estacionamiento o las señales luminosas de peligro.

Conc.: 140, 142.

 

Art. 142.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 121. Los conductores que estacionen sus vehículos en los lugares de comercio de los perímetros urbanos con el objeto de cargar o descargar, deberán hacerlo en las zonas determinadas para tal fin. El cargue o descargue se efectuará en forma continua y una vez terminado se despejará la vía para permitir la operación de otros vehículos.

 

Las autoridades locales de tránsito reglamentarán las horas y zonas para el cargue o descargue.

Conc.: 140, 141.

 

Art. 143.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 122. Está prohibida la reparación de vehículos en vías públicas, parques o aceras. En caso de reparaciones de emergencia, salvo absoluta imposibilidad física para moverlo, el vehículo se estacionará a la derecha de la vía, en la siguiente forma:

 

a) En los perímetros urbanos, a una distancia menor de treinta centímetros de la acera y no menor de quince (15) metros de las intersecciones.

 

b) En los perímetros rurales, fuera de la zona transitable de los vehículos, colocando señales de peligro a distancias no inferiores a cuarenta (40) metros adelante y atrás del vehículo.

 

c) Cuando corresponda a zonas de estacionamiento prohibido, sólo podrá permanecer el tiempo necesario para su remolque.

 

Art. 147.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 126. Se prohibe a los conductores detener sus vehículos dentro de la zona destinada al tránsito de peatones.

CAPITULO VII

VELOCIDADES

 

Art. 148.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 127. En las carreteras la velocidad máxima permitida será de ochenta (80) kilómetros por hora, salvo cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transporte por medio de señales adecuadas, indique un límite superior o inferior.

En vías urbanas la velocidad máxima será de sesenta (60) kilómetros por hora excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales, indiquen velocidades distintas.

 

Parágrafo.- De acuerdo con las características de operación de la vía, la autoridad de tránsito competente determinará, mediante providencia motivada y la correspondiente señalización, la velocidad mínima permitida en la vía.

Conc.: 149.

 

Art. 149.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 128. Cuando dos (2) o más vehículos transiten en el mismo carril uno tras otro, los posteriores deberán guardar un espaciamiento mínimo, así:

 

a) Para velocidades hasta de quince (15) kilómetros por hora, cinco (5) metros;

 

b) Para velocidades entre quince (15) y treinta (30) kilómetros por hora, diez (10) metros;

 

c) Para velocidades entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) kilómetros por hora, quince (15) metros;

 

d) Para velocidades entre cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) kilómetros por hora, veinte (20) metros;

 

e) Para velocidades de sesenta (60) kilómetros en adelante, treinta (30) metros.

Conc.: 148.

 

CAPITULO VIII

RUIDOS

 

Art. 150.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 129. Dentro de los perímetros urbanos está prohibido el uso de señales acústicas de los vehículos, salvo en caso de emergencia para evitar accidentes.

 

En zonas rurales solamente se pueden utilizar dichas señales en las curvas de poca visibilidad, para adelantar a otro vehículo o en casos de emergencia.

 

Art. 151.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 130. Está prohibido dejar escapar libremente los gases de combustión, suprimir o modificar los silenciadores de los vehículos para aumentar el nivel de ruido y el tránsito de vehículos cuando el ruido del motor sea mayor de ochenta (80) decibeles.

 

Parágrafo. Sé prohibe la utilización de elementos que afecten la concentración o visibilidad en la conducción de vehículos automotores.

 

 

 

CAPITULO IX

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

 

Art. 154.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 133. Queda prohibido el tránsito de vehículos que dejen escapar aceites u otras sustancias contaminantes en las vías públicas.

 

CAPITULO X

CICLISTAS

 

Art. 155.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 134. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos deberán conducir en las vías públicas permitidas a horcajadas y sujetando los manubrios con ambas manos.

Conc.: 156.

 

Art. 156.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 135. Los ciclistas y motociclistas estarán sujetos a las siguientes normas:

 

1o. Transitar por la derecha de las vías, a distancia no mayor de un metro de la acera u orilla y procurarán no utilizar las vías de los buses y busetas.

 

2o. Los que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.

 

3o. No podrán sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.

 

4o. No podrán transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohiban.

 

5o. Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 14. Deberán respetar las señales y normas de tránsito.

 

6o. Queda prohibido adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles.

 

Parágrafo.- Los ciclistas no podrán llevar a otra persona ni transportar cosas que disminuyan la visibilidad o que los incomoden en la conducción.

Conc.: 155.

 

CAPITULO XII

TRÁNSITO DE ANIMALES

 

Art. 158.- Está prohibido dejar animales sueltos en las vías públicas, inclusive en las zonas verdes.

Conc.: 159, 160.

 

Art. 159.- La movilización de ganado vacuno y de animales de carga y silla por las vías públicas, se hará bajo vigilancia y con seguridades adecuadas, de acuerdo con la reglamentación de las autoridades de policía.

 

Los animales transitarán por la izquierda de la vía lo más cerca posible al límite de la zona de la carretera, salvo disposición expresa en contrario del Ministerio de Obras Públicas.

Conc.: 158, 160.

Art. 160.- Las autoridades de policía tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de animales abandonados que conducirán al coso municipal.

Conc.: 158, 159.

 

CAPITULO XIII

SERVICIO PARTICULAR Y PÚBLICO

 

Art. 166.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 142. Cuando un automóvil de servicio público urbano transite sin pasajeros, estará obligado a hacerlo por el carril derecho indicando la disponibilidad para prestar el servicio, mediante la luz especial amarilla destinada para tal efecto.

 

TITULO IV

SANCIONES

 

CAPITULO I

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE TRÁNSITO

 

Art. 176.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 153. Será sancionado con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos el conductor de un vehículo no automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

 

1o. No transitar por la derecha de la vía.

 

2o. Sujetarse de otro vehículo en circulación.

 

3o. Transportar a personas o cosas que disminuyen su visibilidad e incomoden la conducción.

 

4o. Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones.

 

5o. No respetar las señales de tránsito.

 

6o. transportar exceso de carga.

 

7o. Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos.

 

8o. Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos pero en estado defectuoso.

 

9o. Transitar por zonas prohibidas.

 

10. Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que están en sus respectivos carriles.

Conc.: 114, 117, 124, 148, 227 ord. 1o.

 

Art. 180.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 157. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

 

1o. Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 18. Impartir en vías públicas o privadas abiertas al público, enseñanza práctica para conducir, sin estar autorizado para ello.

 

2o. Conducir un vehículo con frenos o controles de dirección en deficientes condiciones mecánicas. Además el vehículo será inmovilizado.

 

3o. Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada. Si como consecuencia de la no prestación del servicio se ocasiona la alteración del orden público, se le suspenderá además la licencia de conducción hasta por el término de seis (6) meses.

Conc.: 227 ord. 1o.

 

Art. 181.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 158. Será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

 

1o. Presentar licencia de conducción adulterada, falsificada o ajena. Además será puesto a órdenes de la autoridad penal correspondiente y dará lugar a la inmovilización del vehículo.

 

2o. Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos.

 

Además el vehículo será inmovilizado.

 

3o. Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 19. Transportar combustibles, materiales inflamables, explosivos, tóxicos, venenosos, corrosivos, radiactivos, al mismo tiempo que pasajeros o alimentos, o sin las medidas de seguridad ordenadas por este código o por autoridad competente. Además se le sancionará con la suspensión de la licencia de conducción por el términos de seis (6) meses la primera vez y con cancelación de la misma por segunda vez. En ambos casos dará lugar a la inmovilización del vehículo.

 

4o. No respetar las señales dadas por el agente de transporte y tránsito o por un semáforo.

 

5o. Conducir un vehículo automotor transformado sin la autorización correspondiente. Además el vehículo será inmovilizado.

 

6o. Conducir en vías públicas un vehículo en competencias automovilísticas no autorizadas. Además se le suspenderá la licencia de conducción hasta por el término de tres (3) meses.

 

7o. No permitir el paso que en forma debida le pida un vehículo de emergencia.

 

8o. Modificado. Decreto 1951 de 1990, art. 2o. Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido o, en el caso de un vehículo de servicio público o escolar, con el motor encendido o con pasajeros.

 

9o. Conducir un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes. Además incurrirá en la suspensión de la licencia de conducción de seis (6) meses a un (1) año, arresto de veinticuatro (24) horas e inmovilización del vehículo.

Conc.: 227 ord. 1o.

 

Art. 202.- Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 22. Serán sancionados con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos los ciclistas, y motocicletas, que infrinjan las normas establecidas en el artículo 156 de este decreto.

 

 

TITULO IV

SANCIONES

 

CAPITULO II

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE TRÁNSITO POR PARTE DEL PEATÓN

 

Art. 226.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 181. Los peatones que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 120, 121 y 123 del Decreto-Ley 1344 de 1970 serán amonestados por la autoridad de tránsito competente.

 

CAPITULO III

SANCIONES

 

Art. 227.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 182. Las sanciones por faltas al presente Código son:

 

1o. Multa.

 

2o. Suspensión de la licencia de conducción.

 

3o. Cancelación de la licencia de conducción.

 

4o. Arresto.

 

5o. Suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento a talleres o parqueaderos.

 

Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias.

 

Parágrafo 1o.- El incumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento de las escuelas de enseñanza automovilística, será sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta, así:

 

- Con multa de quinientos (500) salarios mínimos diarios legales.

- Con suspensión de la licencia de funcionamiento hasta seis (6) meses, o

- Con cancelación de la licencia de funcionamiento.

 

Las sanciones aquí estipuladas se impondrán sin perjuicios de las sanciones penales y civiles correspondientes.

 

El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito reglamentará el procedimiento para la aplicación y ejecución de las sanciones aquí establecidas.

 

Parágrafo 2o.- Las autoridades de tránsito podrán amonestar a los infractores. La amonestación consiste en la asistencia a cursos obligatorios de educación vial. El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos.

 

Art. 228.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 183. Salvo disposición en contrario, en caso de reincidencia se podrá aplicar como sanción, la suspensión de la licencia de conducción. El término de la suspensión no podrá exceder de un (1) año. Conc.: 227 ord. 2o.

 

Art. 229.- Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 184. A quien sea sancionado con suspensión de la licencia de conducción por más de una vez en un período de dos (2) años, se le cancelará la licencia de conducción. En este caso no se podrá solicitar una nueva, sino después de cinco (5) años.

Conc.: 226, 227 ord. 3o.

 

Art. 230.- Modificado. Decreto 2591 de 1990, art. 24. La inmovilización en los casos a que se refiere este Código, consiste en suspender temporalmente el tránsito de un vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a patios oficiales, talleres o parqueaderos que determine el propietario, poseedor o tenedor del vehículo, hasta cuando se subsane o cese la causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio donde se detectó la infracción.

 

Cuando el vehículo no sea llevado a patios oficiales, la inmovilización se hará bajo la responsabilidad del propietario, tenedor o poseedor del vehículo, para lo cual el agente de transporte y tránsito notificará del hecho al propietario o administrador del taller o parqueadero.

 

Parágrafo 1o.- El propietario o administrador del taller o parqueadero que permita la salida de un vehículo inmovilizado por infracción a las normas de tránsito, sin orden de la autoridad competente, incurrirá en multa de treinta (30) salarios mínimos o suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento del taller o parqueadero, de acuerdo con la gravedad de la falta.

 

Parágrafo 2o.- La orden de entrega del vehículo se efectuará por la autoridad de tránsito competente, mediante prueba idónea o comprobación directa de haberse subsanado la causa que motivó la inmovilización.

 

Parágrafo 3o.- Cuando se trate de la inmovilización de vehículos de servicio público, ésta se cumplirá con la entrega del vehículo a la empresa a la cual se encuentre legalmente vinculado, para que ella satisfaga bajo su responsabilidad la falta que dio origen a la inmovilización en un término de cinco (5) días hábiles, so pena de incurrir en multa equivalente a quince (15) salarios mínimos.

 

Parágrafo 4o.- Sin perjuicio de lo establecido en los parágrafos anteriores, la inmovilización de que tratan los artículos 179 numerales 13, 15, 16 y 24, 181 numerales 1, 5 y 9, 185 numerales 1, 2 y 4, 188 y 197 de este Decreto, se cumplirá en patios oficiales. En los demás casos en que se inmovilice el vehículo ésta se cumplirá en los talleres o parqueaderos determinados por el propietario, poseedor o tenedor del vehículo.

 

Art. 231.- Inc. 1o. Modificado. Decreto 1809 de 1990, art. 1o., mod. 186. La autoridad de tránsito podrá retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo, los vehículos que se encuentren estacionados en zonas prohibidas o abandonados en la vía pública o zonas de uso público. Los vehículos serán conducidos a patios oficiales, o parqueaderos autorizados y los costos correrán a cargo de conductor o propietario del vehículo, además de la sanción pertinente.

 

Art. 233.- Modificado. Ley 33 de 1986, art. 87. La licencia de conducción sólo se retendrá una vez quede ejecutoriada la providencia que imponga la sanción de multa y hasta que ésta sea cancelada.

 

Parágrafo.- La autoridad de tránsito que como sanción ordene la suspensión de una licencia de conducción, informará al Instituto Nacional del Transporte y si fuere cancelación, enviará al Instituto la licencia ya cancelada.

El conductor sancionado con suspensión de la licencia de conducción que por cualquier medio durante el período de sanción obtenga una nueva o se le encuentre conduciendo, incurrirá en la sanción de cancelación definitiva.

 

CAPITULO VI

ACTUACIÓN EN CASO DE INFRACCIONES PENALES O DE DAÑOS

 

Art. 249.- Modificado. Ley 33 de 1986, art. 103. En caso de hechos que puedan constituir infracción penal, la policía de tránsito y la vial tendrán atribuciones y deberes de la policía judicial, con arreglo al Código de Procedimiento Penal.

Conc.: 250.

 

Art. 250.- Modificado. Ley 33 de 1986, art. 104. En los casos de hechos en que resulten daños a personas, a los vehículos, inmuebles, muebles o animales, el agente de policía de tránsito o vial que conozca el hecho levantará un croquis descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores quienes deberán firmarlas y en su defecto la firmará un testigo.

 

En el informe constará por lo menos:

 

1o. Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

 

2o. Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

 

3o. Nombre del conductor o conductores, documento de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición.

 

4o. Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

 

5o. Nombre, documento de identidad y dirección de los testigos.

 

6o. Estado de seguridad en general del vehículo o vehículos, frenos, dirección, luces y bocinas.

 

7o. Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

 

8o. Descripción de los daños.

 

El croquis y el informe serán entregados, a más tardar el día siguiente a la competente autoridad policiva y a los interesados, junto con los partes por faltas a las normas de tránsito, para que ésta decida sobre la infracción a dichas normas.

 

El agente de circulación que se negare a entregar a más tardar al día siguiente copia de estos documentos a los interesados, incurrirá en causal de mala conducta.

 

Parágrafo.- El procedimiento previsto en el artículo 94 de la presente ley se aplicará en los casos a que se refiere este artículo y la orden de comparendo para la audiencia respectiva se librará a las partes involucradas en el accidente.

 

La autoridad competente procurará la conciliación de los intereses en conflicto.

 

Art. 252.- Modificado. Ley 23 de 1991, art. 20. Cuando se trate de daños ocasionados a los vehículos, inmuebles, muebles o animales, en la resolución que imponga la sanción se condenará al responsable al pago de los perjuicios en concreto.

 

Para tal efecto el inspector procederá a liquidarlos, de acuerdo con el procedimiento señalado en los incisos 1o. y 2o. del artículo 50 del Código de Procedimiento Penal.

 

La resolución que imponga el pago de perjuicios podrá ser acusada ante los tribunales de lo contencioso administrativo, en única instancia, una vez agotada la vía gubernativa.

 

Nota: Corresponde hoy en día, a los artículos 56 a 62 del C. de P. P.

 

CAPITULO VIII

EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN

 

Art. 256.- Modificado. Ley 33 de 1986, art. 111. La ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las normas de tránsito, será de cargo de las autoridades de policía de la jurisdicción donde se cometió el hecho.

 

Art. 257.- Modificado. Ley 33 de 1986, art. 112. Las Asambleas Departamentales, los Consejos Intendenciales y ComisFutura Bk BTes y el Consejo del Distrito Especial de Bogotá determinarán las participaciones que corresponda a las direcciones departamentales, intendenciales y comisFutura Bk BTes de tránsito, a los municipios y al Distrito Especial de Bogotá por concepto de recaudo de multas, que se causen por infracciones a las que se refiere el presente código.

 

Parágrafo 1o.- El recaudo por concepto de multas se destinará a planes de tránsito, educación y seguridad vial.

 

Parágrafo 2o.- Si la multa no fuere cancelada dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que la impuso, se sancionará al infractor con la suspensión de la licencia de conducción hasta cuando pague.

 

Nota: El Art. 309 de la Constitución Nacional erigió en departamentos a las Intendencias y Comisarías. El artículo 322 de la Carta organizó en Distrito Capital con el nombre de Santafé de Bogotá, D. C.

 

CAPITULO XI

APLICACIÓN DE OTROS CÓDIGOS Y DISPOSICIONES FINALES

 

Art. 263.- Modificado. Ley 33 de 1986, art. 120. Las normas contenidas en los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, de Policía, de Procedimiento Civil, serán aplicables a las situaciones reguladas por el presente Estatuto en cuanto no fueren incompatibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO PENAL

DECRETO 100 DE ENERO 23 DE 1980

 

LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL

DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

 

TITULO IV

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

 

CAPITULO VI

DEL FRAUDE PROCESAL Y OTRAS INFRACCIONES

 

Art. 184. - Fraude a resolución judicial. El que por cualquier medio se substraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en arresto de seis (6) meses a cuatro (4) años y multa de dos mil a cien mil pesos.

Conc.: Ley 190 de 1995 Art. 32.

 

TITULO VII

DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL

 

CAPITULO II

DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

 

Art. 242. - Ilícito aprovechamiento de recursos naturales. El que ilícitamente explote, transporte, comercie o se beneficie de los recursos fáunicos, forestales, mineros o hidrobiológicos del país en cuantía superior a cien mil pesos, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de cien mil a dos millones de pesos.

 

La pena se aumentará hasta en una tercera parte si la conducta anterior se realiza sobre especie en vía de extinción o pone en peligro la conservación de las aguas.

Conc.: C. N. Art. 79, 80; Decreto : 2811 de 1974.;Ley 333 de 1996

 

Art. 243. - Ocupación ilícita de parques y zonas de reserva forestal. El que ilícitamente ocupe área de reserva forestal o parque nacional, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de un mil a veinte mil pesos.

 

El que promueva, financie o dirija la ocupación o se aproveche económicamente de ella, quedará sometido a prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de veinte mil a un millón de pesos.

Conc.: C. C. Arts. 685.

 

Art. 244. - Explotación ilícita de yacimiento minero. El que ilícitamente explote yacimiento minero, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cincuenta mil a cinco millones de pesos.

Conc.: Decreto : 2655 de 1988.

 

Art. 245. - Propagación de enfermedad en los recursos naturales. El que inocule virus, propague bacterias o de cualquier otro modo origine, transmita o difunda enfermedad que pueda afectar los recursos fáunicos, forestales, hidrobiológicos o agrícolas, incurrirá en prisión de (1) a seis (6) años y multa de cien mil a cinco millones de pesos.

Conc.: Decreto : 2811 de 1974.

 

Art. 246. - Daños en los recursos naturales. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este capítulo, incurrirá en prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de veinte mil a dos millones de pesos, siempre que el hecho no constituya otro delito.

Conc.: Decreto : 2811 de 1974.

 

Art. 247. - Contaminación ambiental. El que ilícitamente contamine el ambiente, incurrirá, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar y siempre que el hecho no constituya otro delito, en prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de cincuenta mil a dos millones de pesos.

Conc.: C. N. Arts. 79, 277 Num 3o. y 4o., Decreto: 2811 de 1974.

 

CODIGO DE NACIONAL POLICIA

 

LIBRO PRIMERO

 

TITULO I

DE LOS MEDIOS DE POLICIA

 

CAPITULO I

DE LOS REGLAMENTOS

 

Art. 7o.- Podrá reglamentarse el ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público o abierto al público o de modo que trascienda de lo privado.

 

Art. 11.- En caso de calamidad pública tal como inundación, terremoto, incendio o epidemia que amenace a la población, los gobernadores, intendentes, comisarios especiales, alcaldes, inspectores y corregidores de policía podrán tomar las siguientes medidas para conjurar la calamidad o para remediar sus consecuencias:

 

1o) Ordenar el inmediato derribo de edificios u obras, cuando sea necesario;

 

2o) Ordenar la construcción de obras y la realización de tareas indispensables para impedir, disminuir o detener los daños ocasionados o que puedan ocasionarse;

 

3o) Impedir o reglamentar en forma especial la circulación de vehículos y de personas en la zona afectada o establecer ese tránsito por predios particulares;

 

5o) Desviar el cauce de las aguas;

 

6o) Ordenar la suspensión de reuniones y espectáculos y la clausura de escuelas y de colegios;

 

8o) Reglamentar en forma extraordinaria servicios públicos tales como los de energía eléctrica, acueductos, teléfonos y transportes de cualquier clase;

 

Estas facultades no regirán sino mientras dure la calamidad, y el funcionario que las ejerza dará cuenta pormenorizada e inmediata al Concejo municipal o a la asamblea, según el caso, en sus inmediatas sesiones ordinarias, de las medidas que hubiere adoptado.

Conc.: 29 Lit. e), 216.

 

 

 

CAPITULO VII

DE LA CAPTURA

 

Art. 67.- El funcionario de policía requerido para que capture en sitio público o abierto al público a persona acusada de haber cometido infracción penal, le prestará el apoyo siempre que el solicitante concurra juntamente con el aprehendido al despacho del funcionario que deba recibir formalmente la denuncia.

 

Art. 69.- La policía podrá capturar a quienes sorprenda en flagrante contravención de policía, cuando el hecho se realice en lugar público o abierto al público y para el solo efecto de conducir al infractor ante el respectivo jefe de policía.

 

En este caso, si el infractor se identifica plenamente y proporciona la dirección de su domicilio, el agente de policía puede dejarlo en libertad y darle orden escrita para que comparezca ante el jefe de policía dentro del término que en ella señale sin que exceda de 48 horas siempre que, a su juicio, tal medida no perjudique el mantenimiento del orden público. Si la persona citada no cumple la orden de comparendo deberá ser capturada.

Conc.: 70, 224.

 

Art. 70.- En el caso del artículo anterior si el contraventor fuere capturado para llevarlo inmediatamente ante el jefe de policía, los testigos, si los hubiere, deberán ser trasladados junto con el contraventor. El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza.

 

Cuando el contraventor no fuere capturado sino citado para que comparezca más tarde, a los testigos se entregará orden de comparendo con el mismo plazo. El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado.

Conc.: 69, 224.

 

Art. 71.- Con el solo fin de facilitar la aprehensión de delincuentes solicitados por autoridad competente, la policía previa venia del alcalde del lugar, podrá efectuar capturas momentáneas de quienes se hallen en sitios públicos o abiertos al público.

Esta operación se ejecutará en sitios urbanos o rurales predeterminados.

 

Las personas contra quienes no exista petición de captura deberán ser puestas inmediatamente en libertad, a menos que su identificación se dificulte, caso en el cual la captura podrá prolongarse hasta por 12 horas.

 

CAPITULO VIII

DEL DOMICILIO Y SU ALLANAMIENTO

 

Art. 75.- No se reputan domicilio los lugares públicos o abiertos al público ni los sitios comunes de los edificios de departamentos y de hoteles, tales como pasajes, pasadizos y vestíbulos.

Conc.: 76.

 

Art. 76.- Son sitios abiertos al público, entre otros, las tabernas, los restaurantes, las salas de baile y los destinados a espectáculos, aunque para entrar a ellos deban cumplirse condiciones que señale el empresario.

 

Con todo, cuando en sitio abierto al público se establezca recinto de trabajo o de habitación, éste se reputa lugar privado.

 

Terminado el espectáculo o finalizada la tarea diaria en sitio abierto al público, el lugar se torna en privado.

Conc.: 75.

 

LIBRO SEGUNDO

DEL EJERCICIO DE ALGUNAS LIBERTADES PUBLICAS

 

CAPITULO I

DE LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN

 

Art. 96.- No se necesita permiso de autoridad para transitar dentro del territorio nacional.

 

Art. 98.- La policía debe proteger la libertad de locomoción y la circulación de vehículos.

Conc.: 96.

 

CAPITULO III

DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN

 

Art. 102.- Toda persona puede reunirse con otras o desfilar en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin licito.

 

Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado personalmente ante la primera autoridad política del lugar. Tal comunicación debe ser suscrita por lo menos por tres personas.

 

Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación. Cuando se trate de desfiles se indicará el recorrido prospectado.

 

Inc. 4o. Modificado. Decreto 522 de 1971, art. 188. Dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo del aviso la autoridad podrá, por razones de orden público y mediante resolución motivada, modificar el recorrido del desfile, la fecha, el sitio y la hora de su realización.

 

Si dentro de ese término no se hiciere observación por la respectiva autoridad, se entenderá cumplido el requisito exigido para la reunión o desfile.

Conc.: Decreto 522 de 1971, art. 15.

 

Art. 103.- Cuando durante la reunión se intercale un espectáculo, para efectuarlo se necesita previo permiso de la autoridad competente.

 

Art. 104.- Toda reunión o desfile público que degenere en tumulto o cause intranquilidad o inseguridad públicas será disuelto.

 

No se adelantará procedimiento alguno contra las personas que acaten las órdenes de la autoridad.

 

En caso contrario serán puestas a disposición de la autoridad competente.

 

Art. 105.- La policía podrá impedir la realización de reuniones y desfiles públicos que no hayan sido anunciados con la debida anticipación.

 

Igualmente podrá tomar la misma medida cuando la reunión o desfile no cumplan los objetivos señalados en el aviso.

 

Art. 106.- Si en el momento de efectuarse reunión o desfile previamente anunciados, se advierte que las personas llevan armas, o cualesquiera otros objetos que puedan utilizar para agredir a otros o para dañar la propiedad pública o privada, se procederá inmediatamente a retirar tales armas u objetos a las personas que los porten o a disolver la reunión o el desfile, según las circunstancias.

 

Art. 107.- La persona que con ocasión de reunión o desfile en sitio público infrinja las leyes penales o de policía, será capturada y puestas a órdenes de la autoridad competente.

Conc.: 56 y ss.

 

CAPITULO V

DEL DERECHO DE PROPIEDAD

 

Art. 122.- La policía no puede intervenir para limitar el ejercicio del derecho de propiedad, sino por vía de seguridad, salubridad y estética pública.

Conc.: C.N., 58.

 

Art. 123.- Los monumentos históricos y los lugares artísticos de interés general serán protegidos por la policía sin las limitaciones establecidas para las demás propiedades.

Conc.: 124.

 

Art. 124.- A la policía le corresponde de manera especial prevenir los atentados contra la integridad de los bienes de uso público.

Conc.: C.C. 674 y ss.

 

Art. 130.- La policía velará por la conservación y utilización de las aguas de uso público. En consecuencia, el jefe de policía deberá evitar el aprovechamiento de dichas aguas, cuando no se haya obtenido el correspondiente permiso y velará por el cumplimiento de las condiciones impuestas en él y en las mercedes de aguas.

Conc.: C.C. 677.

 

Art. 131.- Cuando se trate de diligencias tendientes a verificar el estado y la tenencia de inmuebles frente a actos de perturbación, se practicará siempre una inspección ocular con intervención de peritos, y se oirá dentro de tal inspección a los declarantes que presenten el querellante y el querellado.

 

Art. 132.- Cuando se trate de la restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición y también de apelación para ante el respectivo gobernador.

 

CAPITULO VI

DE LOS ESPECTÁCULOS

 

Art. 133.- Corresponde a la policía asegurar el orden en los espectáculos.

 

Art. 134.- Se entiende por espectáculo la función o representación que se celebra en teatro, circo, estadio, plaza, salón o en cualquier otro edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarlo u oírlo.

 

Art. 136.- Son deberes del empresario de espectáculo que se celebre con fines de lucro:

 

a) Presentar el espectáculo ofrecido en el sitio, día y hora anunciados;

 

b) Asegurar el normal desarrollo de la función o representación;

 

c) Otorgar al público suficientes condiciones de visibilidad, audición y comodidad;

 

d) Reservar para los asistentes los sitios previamente ofrecidos según lo anotado en el billete de entrada.

 

Art. 137.- Los espectadores están obligados a guardar la compostura y el decoro debidos.

 

Las expresiones de entusiasmo o de desaprobación son toleradas en cuanto no alteren la tranquilidad o la seguridad de los asistentes.

 

Art. 138.- Quien promueva la presentación de un espectáculo deberá dar aviso escrito o solicitar permiso, según el caso, con cuarenta y ocho horas de anticipación al alcalde, con indicación del lugar en que va a llevarse a cabo, la clase de espectáculo y un cálculo prudencial del número de espectadores, si se trata de función o representación en sitio abierto.

 

Para funciones programadas periódicamente, bastarán los anuncios publicados en la prensa o por otro medio de publicidad.

 

Art. 144.- El jefe de policía impedirá la realización de espectáculos en recinto o lugar impropio o que no ofrezca la debida solidez o que no cumpla con los requisitos de la higiene.

 

También podrá impedir los espectáculos que sometan a gran riesgo a los espectadores.

 

Igualmente, se impedirá la ejecución de espectáculos con fines de lucro en los que se exhiban personas con deformaciones o anormalidades.

 

Art. 145.- Por motivos de orden público, la policía podrá aplazar la presentación de un espectáculo o suspender su desarrollo.

 

Art. 146.- La entrada a espectáculos distintos de los deportivos, que se inicien después de las nueve de la noche queda prohibida para menores de catorce años, cuando no estén acompañados de sus padres o parientes mayores de edad.

 

A - DE LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS DE TEATRO

 

Art. 150.- La representación de obras de teatro es libre, pero los empresarios son responsables con arreglo a las leyes civiles y penales.

 

El director del grupo de teatro podrá señalar la edad de las personas que estén en capacidad de presenciar el espectáculo.

 

Si la representación de la obra contiene infracción de la ley penal, el jefe de policía a petición de persona ofendida suspenderá su repetición mediante resolución motivada y escrita.

 

La decisión policial podrá mantenerse mientras no sea objeto de pronunciamiento en contrario dictado por el juez del conocimiento.

 

B - DEL CINE

 

Art. 151.- Modificado. Decreto 2055 de 1970, art. 1o. Ninguna película podrá pasarse por cinematógrafo, en sala o sitio abierto al público sin autorización previa del Comité de Clasificación de Películas.

 

Se exceptúa de la prohibición anterior la exhibición de noticieros de películas que se exhiban en cine-clubes o en festivales de cine, siempre que los productores, distribuidores u organizadores las registren en el Ministerio de Comunicaciones con un mes de anticipación por lo menos.

Conc.: 58; Dec. 1993 de 1970, art. 1o.

 

LIBRO TERCERO

DE LAS CONTRAVENCIONES NACIONALES DE POLICIA

 

TITULO I

DISPOSICION PRELIMINAR

 

Art. 190.- La expulsión de sitio público o abierto al público puede estar seguida de amonestación en privado o en audiencia pública.

Conc.: 186, 209.

 

Art. 191.- El cumplimiento de las medidas correctivas de promesa de buena conducta, promesa de residir en otra zona o barrio, de prohibición de concurrir a determinados sitios públicos o abiertos al público y de presentación periódica ante el comando de policía se asegurará con juramento o caución prendaria de veinte a dos mil pesos.

 

Art. 197.- La suspensión de obra se prolongará hasta cuando cesen las causas que la motivaron.

Conc.: 186, 215.

 

Art. 198.- La demolición, la construcción o la reparación de obra de ejecutará dentro del plazo fijado en la orden. Salvo disposición en contrario, en caso de incumplimiento la demolición, la construcción o la reparación, se hará por empleados municipales a costa del infractor.

 

Si éste no paga dentro del término señalado, el reembolso se perseguirá por la vía de la jurisdicción coactiva.

 

En la orden se exigirá otorgamiento de caución para asegurar su cumplimiento.

 

Nota: Los Inspectores de Policía conocen además, de las contravenciones al régimen de control de obras y desarrollo urbanísticos y de las conexas con éstas. Art. 6o. Num. 3o. del Decreto 1386 de 1984. Conc.: 186, 216, 217.

 

Art. 200.- Modificado. Decreto 522 de 1971, art. 123. El trabajo en obras de interés público consiste en la ejecución de tareas que beneficien al municipio o a la comunidad; su duración no excederá en conjunto de cuarenta y ocho horas y se impondrá teniendo en cuenta el oficio, profesión o habilidad del infractor.

 

La tarea se ejecutará sucesivamente por horas al día y de modo que no interfiera la ocupación habitual del infractor.

 

Cuando el infractor no cumpla con el trabajo en el tiempo fijado y del modo prescrito se le impondrá arresto supletorio hasta por cinco días.

Conc.: 186, 218.

 

TITULO II

DE LAS CONTRAVENCIONES

 

CAPITULO I

DE LAS CONTRAVENCIONES QUE DAN LUGAR A AMONESTACIÓN EN PRIVADO

 

Art. 201.- Compete a los comandantes de estación y de subestación amonestar en privado:

 

1o) Al que en vía pública riña o amenace a otros;

 

2o) Al que deje vagar ganados por calles, plazas, parques, zonas de los ferrocarriles y otros lugares semejantes.

Conc.: 189, 219.

 

CAPITULO II

DE LAS CONTRAVENCIONES QUE DAN LUGAR A REPRENSIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA

 

Art. 202.- Compete a los comandantes de estación y de subestación emprender en audiencia pública:

 

1o) Al que perturbe la tranquilidad en recinto de oficina pública, o durante espectáculos o reuniones públicas.

 

2o) Al tenedor de animal feroz o dañino que lo deje suelto en lugar público, o lo mantenga en lugar privado sin las precauciones necesarias para que no cause daño.

 

3o) Al que de noche permita fiesta o reunión ruidosa que moleste a los vecinos, o de cualquier modo perturbe la tranquilidad del lugar con gritos, cantos u otros actos semejantes o con aparatos emisores de voces o de notas musicales.

 

4o) Al que use motor sin filtro silenciador o instalación eléctrica que interfiera las recepciones de radio o televisión de los vecinos.

 

5o) A los padres que permitan a sus hijos intranquilizar al vecindario con sus juegos o travesuras.

Conc.: 219, 227.

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V

DE LAS CONTRAVENCIONES QUE PERMITEN IMPONER LA PROHIBICIÓN DE CONCURRIR A DETERMINADOS SITIOS PÚBLICOS

 

Art. 205.- Compete a los comandantes de estación y de subestación prohibir la concurrencia a determinados sitios públicos o abiertos al público:

 

1o) Al que por más de dos veces haya dado lugar a graves hechos perturbadores del orden público en esos sitios.

 

2o) Al que por su edad o estado de salud física o mental le sea perjudicial, según dictamen médico, asistir a tales sitios.

Conc.: 220.

 

CAPITULO IX

DE LAS CONTRAVENCIONES QUE MOTIVAN LA EXPULSIÓN DE SITIO PÚBLICO O ABIERTO AL PÚBLICO

 

Art. 209.- La expulsión de sitio público o abierto al público será impuesta por el oficial, suboficial o agente de policía que se halle en el lugar:

 

1o) Al que contraríe la prohibición de fumar.

 

2o) Al que de alguna manera impida o dificulte a otro presenciar tranquilamente el desarrollo de un espectáculo.

 

3o) Al que en establecimiento abierto al público riña o en cualquier otra forma perturbe la tranquilidad.

 

4o) Al que no guarde la debida compostura en ceremonia religiosa o cultural.

 

5o) Al que yendo en vehículo de servicio público ofenda con su conducta a los demás ocupantes.

 

6o) Al que altere o pretenda alterar el turno de fila hecha para entrar a un espectáculo o para realizar diligencias en oficina pública.

 

7o) Al que haya entrado en sitio público o abierto al público contrariando las instrucciones u órdenes de las autoridades, de los empresarios o de sus empleados.

Conc.: 190.

 

CAPITULO X

DE LAS CONTRAVENCIONES QUE DAN LUGAR A IMPONER MEDIDA CORRECTIVA DE MULTA

 

Art. 210.- Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de cincuenta a cien pesos:

 

1o) Al que no ize la bandera nacional en lugar visible al público en los días indicados por reglamento o resolución de autoridad.

 

2o) Al que vuelque en vía pública caneca o recipiente con basura o las arroje en lugar público.

3o) Al que altere las placas de nomenclatura urbana.

Conc.: 193, 220.

 

Art. 211.- Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multas de cien a quinientos pesos:

 

5o) Al que dañe los árboles plantados en parques y avenidas o cualquier otro bien de ornato público o de comodidad, si el hecho no constituye infracción penal.

 

6o) Al que por más de dos veces incurra en contravención de que conozcan los comandantes de policía.

 

Art. 212.- Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de quinientos a mil pesos:

 

2o) Al que dañe cualquier vía de conducción de aguas, o elementos destinados a comunicaciones telegráficas, telefónicas, radiales o televisivas, o implementos que sirvan para la conducción de energía eléctrica o fuerza motriz, si el hecho no constituye infracción penal.

 

4o) Al empresario de espectáculos que diere a la venta un número mayor de billetes al autorizado, o no cumpla con la función anunciada, o retarde su presentación sin justa causa, o cobre precios superiores los fijados legalmente.

 

CAPITULO XIII

DE LAS CONTRAVENCIONES QUE DAN LUGAR A SUSPENSIÓN, A DEMOLICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRA

 

Art. 215.- Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán suspensión de obra:

 

Al que necesitando de permiso para acometer la ejecución de obra, la inicie sin tal permiso o la haya adelantado con violación o desconocimiento de las condiciones fijadas en el permiso.

Conc.: 197, 220.

 

Art. 216.- Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán demolición de obra:

 

1o) Al dueño de edificación o construcción que amenace ruina, siempre que esté de por medio la seguridad y la tranquilidad pública.

 

2o) Para contener incendio o cualquier calamidad pública o para evitar mayores daños en estos casos.

Conc.: C.C. 988, 1005.

 

Art. 217.- Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán construcción de obra:

 

1o) Al que mantenga los muros de su antejardín o los frentes de su casa o edificio en mal estado de conservación o de presentación.

 

2o) A los dueños de inmuebles que no hayan instalado canales, tubos o cañerías para la conducción de aguas, o los tengan en mal estado.

Conc.: 198.

 

CAPITULO XIV

DE LAS CONTRAVENCIONES QUE DAN LUGAR A IMPONER TRABAJO EN OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO

 

Art. 218.- Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán trabajo en obras de interés público:

 

Al que habiendo sido multado por la comisión de hechos constitutivos de contravención de policía, no pueda satisfacer oportunamente el valor de la multa.

Conc.: 200.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYES:

 

 

LEY 4 DE AGOSTO 20 DE 1913

SOBRE GEGIMEN POLITICO Y MUNICIPAL.

 

TITULO IV

REGIMEN DEPARTAMENTAL

 

CAPITULO II

ATRIBUCIONES DE LAS ASAMBLEAS

 

Art. 97 Son funciones de las asambleas:

 

2ª. Conceder privilegios cuando se trata de inventos útiles, o de vías públicas; en este último caso se necesita de la aprobación del gobierno nacional, cuando la obra interese a más de un Departamento;

 

5ª. Fomentar la apertura de caminos y de canales navegables, y la conservación y arreglo de las vías públicas del Departamento;

 

7ª. Ordenar y fomentar la construcción de vías férreas, la explotación de bosques propiedad del Departamento y la canalización de ríos;

 

9ª. La administración de los bienes del Departamento y la fiscalización de las rentas y gastos de los Distritos, de acuerdo con la constitución y las leyes;

 

12. El arreglo de la estadística de la carta geográfica del Departamento, sin contravenir a las disposiciones generales sobre la materia;

 

26 Reglamentar el repartimiento o la enajenación o destinos de los terrenos baldíos cedidos al Departamento, de conformidad con las leyes sobre la materia;

 

40. Proveer lo necesario para la ejecución de trabajos que interesen conjuntamente a varios municipios, y señalar la parte de gastos que a cada uno de ellos ha de tocar, previo el parecer de las respectivos Concejos municipales;

 

41. Prohibir los juegos y diversiones públicas que perjudiquen a la moralidad o al desarrollo de la riqueza pública, y aun castigar a los infractores con pena de reclusión hasta por un año;

 

CAPITULO VI

BIENES Y RENTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.

 

Art. 129 Los bienes de los departamentos, así como los de los municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantías que las propiedades que las propiedades de los particulares. No podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos en que los sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones de derechos departamentales y municipales.

 

Cuando sea el caso de embargar bienes de los departamentos o de los municipios, se tendrá en cuenta lo que dispone el artículo 25 de la Ley 169 de 1896.

 

Artículo 130. Los bienes que por leyes o por decretos del Gobierno Nacional, o por cualquier otro título, pertenecieron a los instintos Estados Soberanos, continuarán siendo propiedad de los respectivos departamentos. Exceptuándose los inmuebles que se especifican en el artículo 202 de la constitución.

 

TITULO VI

REGIMEN DE LOS MUNICIPIOS.

 

CAPITULO IV

ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJOS.

 

Art. 169. Son atribuciones de los Concejos:

 

15. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público;

 

16. Conceder privilegios para obras de interés público del Municipio; pero las concesiones no serán válidas sin que las apruebe el gobernador, oyendo previamente el informe del respectivo prefecto.

 

Si las obras interesan a más de un Municipio, corresponde a las asambleas conceder el privilegio;

 

Art. 17. Reglamentar el repartimiento y entrega de los terrenos comunales y de los baldíos cedidos al Municipio. Los acuerdos que dicte el Concejo sobre este punto no se llevaran a efecto sin la aprobación del gobernador, quien podrá modificarlos y adicionarlos, oyendo previamente el informe del respectivo prefecto; la adjudicación de los baldíos requiere la aprobación del respectivo ministerio;

 

18. Disponer lo conveniente acerca de la manera como debe hacerse uso de los terrenos comunales de los municipios;

 

Art. 170. Es obligación de los municipios que tengan más de 25.000 habitantes establecer casas de asilo para mendigos, con el objeto de que pueda prohibirse la mendicidad en los lugares públicos.

 

Art. 171. Es prohibido a los Concejos:

 

1º. Obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeúntes, a contribuir con dinero o servicios para fiestas o regocijos públicos.

 

2º. Costear dichas fiestas o regocijos con fondos municipales.

 

6º. Decretar honores y ordenar la erección de estatuas, bustos u otros monumentos conmemorativos, a costa de los fondos públicos, salvo los casos excepcionales y con aprobación de la Asamblea.

 

CAPITULO VIII

BIENES, IMPUESTOS Y GASTOS DE LOS DISTRITOS.

 

Art. 195. Pertenecen a los municipios los bienes que por cualquier título integran hoy su patrimonio, especialmente los bienes vacantes y mostrencos que se hallen ahora o después dentro de sus límites; los edificios, puentes y demás obras cuya construcción se haya hecho con los fondos del municipio, y los que les señalen las leyes y ordenanzas.

 

Los bienes de personas que hayan muerto sin dejar herederos testamentarios o ad intestato, pertenecen al municipio en el cual tuvieron aquellas su último domicilio.

Art. 198. Los bienes de los municipios gozan de las mismas garantías que las propiedades de los particulares, y en consecuencia no podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos y con los mismos requisitos que los sean las de los particulares. Dichos bienes no pueden ser gravados con impuestos directos nacionales o departamentales.

 

En beneficio de los municipios pueden ser aplicados los bienes del Estado o del Departamento, por las leyes u ordenanzas respectivas y por motivos graves de interés público.

 

Art. 200. Los bienes que por fundación u origen estén destinados a un objeto especial no podrán tener en ningún caso otra aplicación.

 

Art. 201. Todo solar perteneciente al común, que exista dentro del área de la población y que no sea necesario para algún uso público se podrá vender con las formalidades aquí prevenidas.

 

Art. 205. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los lotes para monumentos o sepulturas, y las bóvedas de los cementerios, cuya propiedad y administración han conservado, de acuerdo con las leyes vigentes, algunos municipios, lotes y bóvedas que puedan enajenarse como lo dispongan los respectivos acuerdos.

 

Art. 208. Las vías, puentes y acueductos públicos, no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso. Toda ocupación permanente que se haga de estos objetos es atentatoria a los derechos del común, y los que en ello tengan parte serán obligados a restituir, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada y un tanto más de su valor, además de los daños y perjuicios que puedan ser responsables.

 

DISPOSICIONES FINALES.

 

Art. 338 Ninguna autoridad podrá dar conceder permiso para encerrar dentro de cercados u ocupar con cultivos o habitaciones porción alguna de las vías públicas.

 

LEY 97 DE NOVIEMBRE 24 DE 1913

QUE DA AUTORIZACIONES ESPECIALES A CIERTOS CONCEJOS MUNICIAPALES.

 

Art. 1...

 

d) Impuestos sobre le servicio de alumbrado público.

e) Impuesto sobre el barrido y la limpieza de las calles.

h) Impuesto de tranvías.

i ) Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, gas y análogas.

j ) Impuesto por el uso del subsuelo en las vías, y por excavaciones en las mismas.

k) Impuesto por colocación de avisos en la vía pública, interior y exterior de coches, de tranvía, estaciones de ferrocarriles, cafés y cualquier establecimiento público.

 

Art. 4. Corresponde a los municipios disponer lo conveniente sobre trazado, apertura, ensanche y arreglo de las calles de las poblaciones y caseríos; y conceder permiso para ocuparlas con canalizaciones subterráneas y postes para alambres y cables eléctricos, rieles para ferrocarriles y tranvías, torres y otros aparatos para cables aéreos, y en general, con accesorios de empresas de interés municipal. Si las empresas interesaren a varios municipios o a todo un Departamento, corresponde a las gobernaciones respectivas a las autoridades que designan las ordenanzas conceder los permisos; y si interesaren a más de un Departamento o a toda la Nación, corresponde al Gobierno o a la autoridad que designe la Ley concederlo.

Art. 8. Es prohibido a los dueños o tenedores de predios, situados a inmediaciones de las fuentes de que se provee de agua la ciudad, ensuciar dichas aguas con despojos de minas u otros semejantes. La autoridad tomará las medidas conducentes, de acuerdo con las leyes y ordenanzas de policía, para mantener dichas aguas en le mayor estado de limpieza que fuere posible.

 

LEY 113 DE NOVIEMBRE 21 DE 1928

SOBRE ESTUDIO TECNICO Y DE APROVECHAMIENTO DE CORRIENTES Y CALIDA DE AGUA.

 

Art. 10. Corresponde a la nación en lo sucesivo conceder licencia para la utilización de las calles, plazas, vías públicas y demás bienes nacionales de uso público a fin de tender por ellas, sea superficialmente o sea en el subsuelo, redes de canalización de plantas eléctricas o para otros usos industriales o domésticos.

 

Parágrafo. El gobierno Nacional sólo concederá esta licencia por periodos no mayores de cincuenta años (50) mediante el lleno de las condiciones que fije el Gobierno Nacional al reglamentar la Ley.

 

LEY 88 DE DICIEMBRE 26 DE 1947

SOBRE FOMENTO DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

 

Art. 7. Los municipios que tengan un presupuesto no inferior a doscientos mil pesos ($200.000) están en la obligación de levantar el plano regulador que indique la manera como debe continuarse la urbanización futura de la ciudad. Este plano no solo comprenderá las enmiendas y mejoras que deban hacerse a la parte ya construida, atendiendo al posible desarrollo, sino los nuevos barrios que hayan de levantarse, así como los sitios donde deban ubicarse los edificios públicos, sitios de recreo y deporte, templos, plazas y áreas verdes, escuelas y demás edificios necesarios a la población.

 

LEY 61 DE DICIEMBRE 15 DE 1978

LEY ORGANICA DEL DESARROLLO URBANO.

 

Art. 11. La ejecución de planes de desarrollo urbano y la construcción de reservas para futuras extensiones de las ciudades, o para la protección del sistema ecológico, son motivos de utilidad pública o interés social.

 

DECRETO-LEY 1333 DE ABRIL 25 DE 1986

POR EL CUAL SE EXPIDE EL CODIGO DE REGIMEN MUNICIPAL.

 

TITULO III

DE LA PLANEACION MUNICIPAL

 

CAPITULO I

Planes de Desarrollo

 

Art. 34. Derogado por el numeral 7o. del Art. 138 de la Ley 388 de 1997.- Reformado por el art. 2o. de la Ley 9 de 1989.

 

Los planes de Desarrollo incluirán los siguientes aspectos:

1. Un Plan y un reglamento de usos del suelo y cesiones obligatorias gratuitas, así como normas urbanísticas específicas;

 

2. Un plan vial, de servicios públicos y de obras públicas;

 

3. Un programa de inversiones, que incluirá primordialmente los servicios de suministro de agua, alcantarillado, energía, gas, teléfono, recolección y disposición técnica de basuras, vías y transporte, empleo, vivienda, educación, salud, seguridad pública, recreación, suministro de alimentos y otros, según las condiciones especiales de cada entidad territorial;

 

4. La reserva de tierras urbanizables necesarias para atender oportuna y adecuadamente la demanda por vivienda de interés social y para reubicar aquellos asentamientos humanos que presentan graves riesgos para la salud e integridad personal de sus habitantes;

 

5. La asignación en las áreas urbanas de actividades, tratamientos y prioridades para desarrollar los terrenos no urbanizados, construir los inmuebles no construidos, conservar edificaciones y zonas de interés histórico, arquitectónico y ambiental, reservar zonas para la protección del medio ambiente y de la ecología, delimitar las zonas de desarrollo diferido, progresivo, restringido y concertado, renovar y desarrollar zonas afectadas con procesos de deterioro económico, social y físico y rehabilitar las zonas de desarrollo incompleto o inadecuado;

 

6. Un plan para la conformación, incorporación, regulación y conservación de los inmuebles constitutivos del espacio público para cada ciudad. En dicho plan se incluirá un inventario actualizado y gráfico del espacio público, referido en lo posible a las coordenadas geográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi;

 

7. Lo establecido en los artículos 188 del Decreto-Ley 2811 de 1974 (Código de Recursos Naturales), 47 a 51, 52, 53 y 58 cuando sean aplicables, en el Decreto-Ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), y en el artículo 16 de la Ley 9a. de 1979 (Código Sanitario Nacional);

 

8. Los demás que determinen los Concejos, juntas metropolitanas y el Concejo Intendencial de San Andrés y Providencia, con sujeción a las leyes

 

Parágrafo. Los elementos constitutivos del Plan de Desarrollo o Plan de Desarrollo Simplificado definidos en el presente artículo podrán establecerse en uno o en varios acuerdos. Los planes de desarrollo de los municipios con población superior a cien mil (100.000) habitantes contendrán como mínimo los elementos constitutivos contemplados en los numerales 1, 2, 3 y 4 del presente artículo.

Conc.: C. N. Art. 309; Ley 9 de 1989

 

TITULO X

DE LOS BIENES Y RENTAS MUNICIPALES

 

CAPITULO I

DE LOS BIENES

 

Art. 166. Los bienes y rentas de las entidades territoriales son su propiedad exclusiva; gozan de las mismas garantías que las propiedades y rentas de los particulares y no podrán ser ocultados sino en los términos en que lo sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones respecto de derechos o impuestos de tales entidades (art. 183 de la Constitución Política).

La Ley o el Gobierno Nacional, en ningún caso, podrán conceder exenciones respecto de derechos o impuestos de tales entidades ni imponer a favor de la Nación o entidad distinta recargos sobre sus rentas o las asignadas a ellas.

 

Cuando se ordena una participación o cesión total o parcial en favor de los departamentos, las intendencias, las comisarías, los municipios y el Distrito Especial de Bogotá, en ingresos nacionales, el Congreso o el Gobierno mediante decretos con fuerza legislativa no podrán revocarla, disminuirla en forma alguna, ni cambiarle su destinación.

Conc.: C. N. Art. 294, 309 A.L. No. 3 de 1910, art. 50; A.L. No. 1 de 1968, art. 54.

 

Art. 167. La administración y disposición de bienes inmuebles municipales, incluyendo los ejidos, estarán sujetas a las normas que dicten los Concejos Municipales.

Conc.: L. 71/16, art. 11; L. 41/48; D. 3101/53 art. 1 y 3 L. 64/66; C.R.P.M., Art. 202

 

Art. 168. El producto de tales bienes, cuando provenga de ejidos, se destinará exclusivamente a fomentar y ejecutar planes de vivienda.

 

Art. 169. Los terrenos ejidos situados en cualquier Municipio del país no están sujetos a la prescripción, por tratarse de bienes municipales de uso público o común.

 

Art. 170. Los bienes de los Municipios no pueden ser gravados con impuestos directos nacionales, departamentales o municipales.

 

CAPITULO II

DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES

 

Art. 172. Además de los existentes hoy legalmente, los Municipios y el Distrito Especial de Bogotá pueden crear los impuestos y contribuciones a que se refieren los artículos siguientes.

Conc.: C. N. Art. 322

 

I. Impuesto Predial

 

Art. 173. Las autoridades catastrales tendrán a su cargo las labores de formación, actualización y conservación de los catastros tendientes a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles.

Conc.: l.14/83, art. 3; D. 3496/83

 

Art. 194. Los bienes inmuebles de propiedad de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden nacional podrán ser gravados con el impuesto predial en favor del correspondiente Municipio.

Conc.: L/ 55/85, art. 61

 

II. Impuesto de industria y comercio y aviso y tableros.

 

Art. 200. El impuesto de aviso y tableros, autorizado por la ley 97 de 1913 y la ley 84 de 1915 se liquidará y cobrará a todas las actividades comerciales, industriales y de servicios como complemento del impuesto de industria y comercio, con una tarifa de un quince por ciento (15%) sobre el valor de este, fijadas por los Concejos Municipales.

Conc. L. 97/13; L. 84/15; L. 14/83 art. 37, 41 y 48; D. R. 3070/83; L. 75/86, art. 78

 

 

IV. Impuesto de circulación y tránsito

 

Art. 214. Los vehículos automotores de uso particular serán gravados por los Municipios por concepto del impuesto de circulación y tránsito de que trata la ley 48 de 1968, con una tarifa anual equivalente a dos por mil (2o/oo) de su valor comercial.

 

Parágrafo. Quedan vigentes las normas expedidas por los Concejos Municipales que regulan este impuesto respecto de vehículos de servicio público, así como las que hubieren decretado exenciones del mismo.

Conc.: D.R. 1095/84, art. 1; Res. 042/87 (INTRA).

 

V. Impuesto de parques y arborización

 

Art. 220. Los Municipios que sean capitales de Departamento y los que tengan un presupuesto anual no menor de un millón de pesos ($1.000.000.oo) moneda corriente, quedan autorizados para cobrar el impuesto de parques y arborización.

Conc.: L14/44, art. 1; L. 27/49, art. 171

 

Art. 221. Los Concejos Municipales de los Distritos de que trata el artículo anterior, al expedir los acuerdos creadores del impuesto que autoriza procederán también a reglamentar y fijar la cuantía de dichos impuestos, así como disponer la forma de recaudarlos.

 

Art. 222. EI producto del impuesto de parques y arborizaciones se aplicará por los Municipios que hagan uso de él así: el cincuenta por ciento (50%) para la construcción y embellecimiento de las calles, plazas, avenidas y demás vías públicas de las ciudades, y el otro cincuenta por ciento ($50%) para el desarrollo e incremento de la vivienda obrera. Los Municipios formarán un fondo especial, destinado solamente a los fines indicados en este artículo.

 

Xlll. Otros impuestos

 

Art. 233. Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá pueden crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el destino que juzguen más conveniente para atender a los servicios municipales.

 

a) Impuesto de extracción de arena, cascajo y piedra del lecho de los cauces de los ríos y arroyos, dentro de los términos municipales, sin perjudicar el laboreo y el aprovechamiento legítimos de las mismas y de las aguas.

 

b) Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes.

 

c) Impuesto sobre el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavación en las mismas. Derogado por la Ley 142 de 1994.

Conc.: L. 97/13; L. 84/15 C. N. Art. 322

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III

DE OTRAS RENTAS

 

I. Contribución de valorización

 

Art. 234. El impuesto de valorización, establecido por el art. 3o. de la ley 25 de 1921 como una contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local, se hace extensivo a todas las obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera otra entidad de derecho público y que beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominará exclusivamente contribución de valorización.

Conc.: C. N. Art. 322

 

Art. 235. El establecimiento, la distribución y el recaudo de la contribución de valorización se harán por la respectiva entidad nacional, departamental o municipal, que ejecuten las obras, y el ingreso se invertirá en la construcción de las mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente.

 

Art. 237. Con excepción de los inmuebles contemplados en el Concordato celebrado con la Santa Sede, y de los bienes de uso público que define el art. 674 del Código Civil, los demás predios de propiedad pública o particular, podrán ser gravados con la contribución de valorización. Están suprimidas todas las exenciones consagradas en normas anteriores al decreto 1604 de 1966.

 

TITULO XVI

DE LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS

 

Art. 334. Para cumplir su objeto, las Asociaciones de Municipios estarán facultadas:

 

h) Para realizar los programas y ejecutar las obras de interés común que convengan a la preservación y sanidad del medio ambiente, así como a la defensa y conservación de los recursos naturales de la región, con sujeción a las leyes y ordenanzas que rijan esta materia;

 

TITULO XVII

DE LAS AREAS METROPOLITANAS

 

Art. 354. - Derogados por la Ley 128 de 1994

 

TITULO XVIII

DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA.

 

Art. 374. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que la ley señale, y en los casos que ésta determine, podrán, realizarse consultas populares para decidir sobre asuntos que interesen a los habitantes del respectivo Distrito Municipal (Art 6o. del Acto Legislativo No. 1 de 1986).

Este artículo fue modificado por el artículo 141 de la ley 136 de 1994.

 

Art. 375. Las Juntas de Acción Comunal, las Sociedades de Mejora y Ornato, las Juntas de Asociaciones de Recreación, Defensa Civil y Usuarios, constituidas con arreglo a la ley y sin ánimo de lucro, que tengan sede en el respectivo Distrito, podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento de los Municipios mediante su participación en el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios que se hallen a cargo de éstos. Con tal fin, dichas Juntas y organizaciones celebrarán con los Municipios y sus entidades descentralizadas los convenios, acuerdos o contratos a que hubiere lugar para el cumplimiento o la ejecución de determinadas funciones u obras.

 

Parágrafo. Para el cumplimiento de los objetivos del respectivo contrato o convenio, las entidades contratantes podrán aportar o prestar determinados bienes.

 

LEY 12 DE ENERO 27 DE 1987

POR LA CUAL SE SUPRIMEN ALGUNAS BARRERAS ARQUITECTONICAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 

Art. 1. Los lugares de los edificios públicos y privados que permiten el acceso al público en general deberán diseñarse y cosntruirse de manera tal que faciliten el ingreso y tránsito de personas cuya capacidad motora o de orientación esté disminuida por la edad, la incapacidad o la enfermedad.

 

Parágrafo: Deberán acogerse a los dispuesto en la presente Ley: las construcciones destinadas a la prestación de servicios de salud, como hospitales, clínicas y centros medico-asistenciales; los centros de enseñanza en los diversos en los diversos niveles y modalidades de la educación, los edificios donde funcionen servicios públicos; los supermercados; los centros comerciales; las fábricas; los bancos y demás establecimientos del sector financiero; las iglesias; los aeropuertos; las terminales de transporte; los parqueaderos y los medios de transporte; los museos y los parques públicos.

 

Art. 3. Las oficinas de planeación o las que tengan asignada esa función no podrán aprobar o expedir autorizaciones de construcción o instalaciones que no cumplan con lo dispuesto en esta Ley o sus decretos reglamentarios.

 

Los funcionarios que violen esta prohibición incurrirán en causal de mala conducta.

 

LEY 9 ENERO 11 DE 1989

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, COMPRAVENTA Y EXPROPIACIÓN DE BIENES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

LEY DE REFORMA URBANA

 

CAPITULO II

DEL ESPACIO PUBLICO

 

Artículo 5. Entiéndese por Espacio Público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.

 

Así, constituyen el Espacio Público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehícular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo.

 

Artículo 6. El destino de los bienes de uso público incluidos en el Espacio Público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los Consejos, Juntas Metropolitanas o por el Consejo Intendencial, por iniciativa del alcalde o Intendente de San Andrés y Providencia, siempre y cuando sean canjeados por otros de características equivalentes.

 

El retiro del servicio de las vías públicas continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes.

 

Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.

 

Artículo 7. Los Municipios y la Intendencia Especial de San Andrés y Providencia podrán crear, de acuerdo con su organización legal entidades que serán responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el Espacio Público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, zonas verdes y servicios comunales. Así mismo, podrán contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes anteriores.

 

Cuando las áreas de cesión para zonas verdes y servicios comunales sean inferiores a las mínimas exigidas por las normas urbanísticas, o cuando su ubicación sea inconveniente para la ciudad, se podrá compensar la obligación de cesión, en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamenten los Concejos, el consejo Intendencial y las Juntas Metropolitanas. Si la compensación es en dinero, se deberá asignar su valor a los mismos fines en lugares apropiados, según lo determine el Plan de Desarrollo o Plan de Desarrollo Simplificado. Si la compensación se satisface mediante otro inmueble, también deberá estar ubicado en un lugar apropiado, según lo determine el mismo Plan.

 

Los aislamientos laterales, parámetros y retrocesos de las edificaciones no podrán ser compensados en dinero ni canjeados por otros inmuebles.

 

Artículo 8. Los elementos constitutivos del Espacio Público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil. Esta acción también podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios.

 

El cumplimiento de las órdenes que explica el juez desarrollo de la acción de que trata el inciso anterior configura la conducta prevista en el artículo 184 del Código Penal de "fraude a resolución judicial."

 

La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil podrá interponerse en cualquier tiempo, y se tramitará por el procedimiento previsto en el numeral 8 del articulo 414 del Código de procedimiento Civil.

 

CAPITULO VI

DE LAS LICENCIAS Y DE LAS SANCIONES URBANISTICAS

 

Artículo 63. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación, demolición de edificaciones o de organización y parcelación para construcción de inmuebles, de terrenos en las áreas urbanas, suburbanas, y rurales de los municipios, se requiere permiso o licencia expedido por los municipios, áreas metropolitanas, del Distrito Especial de Bogotá o de la Intendencia de San Andrés y Providencia.

 

El funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales, institucionales, administrativos y de servicios requerirá de licencia de uso y funcionamiento expedido por las mismas.

 

Las entidades enumeradas en el inciso anterior tendrán un término máximo de noventa (90) días para pronunciarse sobre las solicitudes de otorgamiento de las licencias de urbanización y construcción y de cuarenta y cinco (45) días para las licencias de uso y funcionamiento, contados desde la fecha de la solicitud. Vencidos los plazos anteriores sin que la autoridad se hubiere pronunciado, las solicitudes de licencias se entenderán aprobadas en los términos solicitados pero en ningún caso en contravención a las normas que regulen la actividad. El plazo en el caso de las licencias de construcción podrá prorrogarse hasta en la mitad del mismo, mediante resolución motivada, por una sola vez, cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten. La invocación del silencio administrativo positivo se someterá al procedimiento previsto en los artículos 41 y 42 del Decreto ley 01 de 1984.( Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo)

 

La falta de pronunciamiento oportuno de los plazos previstos en el inciso anterior será causal de mala conducta para el funcionario competente.

 

Artículo 65. Las solicitudes de licencias y de patentes serán comunicadas a los vecinos, a quienes se citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos, en los términos previstos por los artículos 14 y 35 del Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo).

 

Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las solicitudes de licencias y de patentes serán notificados personalmente a los vecinos en la forma prevista por los artículos 44 y 45 del Decreto ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). La parte resolutiva de dichos actos también será publicada en un periódico de amplia circulación en el municipio donde se encuentren ubicados los inmuebles, o en cualquier otro medio de comunicación social, hablado o escrito, por cuenta del interesado. El término de ejecutoria para el interesado y para los terceros empezará a correr al día siguiente al de la publicación, y en el caso de los vecinos, a partir de su notificación.

 

Contra los actos que otorguen una licencia o patente cabrán los recursos de la vía gubernativa que señala el Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición del recurso sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa y quedará en firme el acto recurrido. Pasado dicho término no se podrá resolver el recurso interpuesto e incurrirá en causal de mala conducta el funcionario moroso.

 

Artículo 66. Los Alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia podrán imponer las siguientes sanciones urbanísticas, graduándolas según la gravedad de la infracción:

 

d) Multas sucesivas que oscilarán entre medio salario mínimo legal mensual y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales cada una, para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes y bienes de uso público, o los encierren sin autorización de las autoridades de Planeación o las administrativas en su defecto, además de la demolición del cerramiento. La autorización de cerramiento podrá darse únicamente para los parques y zonas verdes, por razones de seguridad, siempre y cuando la transparencia del cerramiento sea de un 90% como mínimo, de suerte que se garantice a la ciudadanía el disfrute visual del parque o zona verde.

 

Parágrafo: Las multas se impondrán sucesivamente hasta que el infractor subsane la violación de la norma, adecuándose a ella. El producto de estas multas ingresará al tesoro municipal, del Distrito Especial de Bogotá o de la Intendencia de San Andrés y Providencia, y se destinará para la financiación de programas de reubicación de los habitantes en zonas de alto riesgo, si los hubiere.

 

La violación de las reglamentaciones sobre usos del suelo en zonas de reserva agrícola continuará rigiéndose por el artículo 60 del Decreto ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal).

 

Artículo 67. Los actos de los Alcaldes y del intendente a los cuales se refiere el artículo anterior, así como aquellos mediante los cuales se ordene la suspensión de obra, y la restitución de vías públicas de que trata el Código Nacional de Policía, serán susceptibles de las acciones contencioso-administrativas previstas en el respectivo código, en primera instancia ante los Tribunales Administrativos, y en segunda instancia ante el Consejo de Estado. Estas acciones no suspenderán los efectos de los actos administrativos demandados, salvo el caso de la suspensión provisional.

 

LEY 60 DE AGOSTO 12 DE 1993

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORGANIZAS SOBRE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 356 Y 357 DE LA CONSTITUCION POLITICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 

CAPITULO III

DE LA PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION

 

Art. 21. Num. 4 En servicios de agua potable y saneamiento básico: preinversión en diseños y estudios; diseños e implementación de estructuras institucionales para la administración y operación del servicio; construcción, ampliación y remodelación de acueductos y alcantarillados, potabilización del agua, o de soluciones alternas de agua potable y disposición de excretas; saneamiento básico rural; tratamiento y disposición final de basuras; conservación de microcuencas, protección de fuentes, reforestación y tratamiento de residuos; y construcción, aplicación y mantenimiento de jagüeyes, pozos, letrinas, plantas de tratamiento y redes.

 

6. En materia agraria: otorgamiento de subsidios para la cofinanciación de compra de tierras por los campesinos pobres en zonas de reforma agraria; creación, dotación, mantenimiento y operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (UMATAS), y capacitación de personal, conforme a las disposiciones legales vigentes; subsidios para la construcción de distritos de riego; construcción y mantenimiento de caminos vecinales; y construcción y mantenimiento de centros de acopio de productos agrícolas.

 

10. En educación física, recreación y deporte: inversión en instalaciones deportivas; dotación a los planteles escolares de los requerimientos necesarios para la práctica de la educación física y el deporte: conforme a lo previsto en la Ley 19 de 1991 dar apoyo financiero, y en dotación e implementos deportivos a las ligas, clubes de aficionados y eventos deportivos; e inversión en parques y plazas públicas.

 

11. En cultura: construcción, mantenimiento y rehabilitación de casas de la cultura, bibliotecas y museos municipales, y apoyo financiero a eventos culturales y agrupaciones municipales artística y culturales.

 

12. En prevención y atención de desastres: adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo, reubicación de asentamientos, prevención y atención de desastres.

15. Construcción y mantenimiento de las redes viales municipales.

 

LEY 99 DE DICIEMBRE 22 DE 1993

POR LA CUAL SE CREA EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, SE REORDENA EL SECTOR PUBLICO ENCARGADO DE LA GESTION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURLAES RENOVABLES, SE ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL, SINA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 

TITULO I

FUNDAMENTOS DE LA POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA.

 

Art. 1. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los principios generales:

 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

 

8. El paisaje por ser de patrimonio común deberá ser protegido.

 

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.

 

TITULO II

DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL.

 

Art. 3. Del Concepto de Desarrollo Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizar para la satisfacción de sus propias necesidades.

 

Art. 5. Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del medio Ambiente:

 

10) Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y las actividades mineras, industriales, de transporte y en general todo servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños ambientales;

 

12) Expedir y actualiza el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial;

 

35) Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos;

 

41) Promover en coordinación con el Ministerio de Gobierno, la realización de programas y proyectos de gestión ambiental para la prevención de desastres, de manera que se realicen coordinamente las actividades de las entidades del Sistema Nacional Ambiental y las del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, creado por la Ley 46 de 1988 y reglamentado mediante el Decreto-Ley 919 de 1989

 

Art. 7. Del Ordenamiento Ambiental del Territorio. Se entiende por ordenamiento ambiental del territorio para los efectos previstos en la presente Ley, la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible.

 

TITULO VI

DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES.

 

Art. 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

 

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en le ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las disposiciones que se adopten;

 

23) Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de lato riesgo. Tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación.

 

TITULO IX

DE LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITRIALES Y DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL.

 

Art. 63. Principios Normativos Generales. A fin de asegurar el interés colectivo de un ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y la integridad del patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte de las entidades territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario definidos en el presente artículo.

 

Principio de Armonía Regional. Los departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas, así como las regiones y provincias a las que la Ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación.

 

Principio de Gradación Normativa. En materia normativa las reglas que dicten las entidades territoriales en relación con le medio ambiente y los recursos naturales renovables respetarán el carácter superior y la preeminencia jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. Las funciones en materia ambiental y de recursos naturales renovables, atribuidas por la Constitución Política a los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, se ejercerán con sujeción a la Ley, los reglamentos y las políticas del Gobierno Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales.

 

Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que se exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinadas actividades por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y repetidamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley.

 

Los Actos Administrativos así expedidos deberán ser motivados, serán por su naturaleza apelables ante la autoridad superior, dentro del Sistema Nacional Ambiental (SINA), y tendrán una vigencia transitoria no superior a 60 días mientras el Ministerio del Medio Ambiente decide sobre la conveniencia de prorrogar su vigencia o darle a la medida el carácter permanente.

 

Los Actos Administrativos expedidos por las Corporaciones Autónomas Regionales que otorguen o nieguen licencias ambientales, serán apelables ante el Ministerio del Medio Ambiente, en los términos y condiciones establecidos por le Código contencioso Administrativo.

 

Art. 65. Funciones de los municipios, de los distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la Ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por le Ministerio del Medio Ambiente, o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

 

1) Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales.

 

3) Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente Ley.

 

9) Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire.

 

Art. 68. De la Planificación Ambiental de las Entidades Territoriales. Para garantizar la planificación integral por parte del Estado, del manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales estarán sujetos a las reglas de armonización de que trata el presente artículo

 

Los departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales a cuya jurisdicción pertenezcan, las cuales se encargarán de armonizarlos.

 

LEY 105 DE DICIEMBRE 30 DE 1993

POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES BASICAS SOBRE EL TRANSPORTE, SE REDISTRIBUYEN COMPETENCIAS Y RECURSOS ENTRE LA NACION Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES, SE REGLAMENTA LA PLANEACION EN EL SECTOR TRANSPORTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 

CAPITULO II

PRINCIPIOS RECTORES DEL TRANSPORTE

 

Art. 3. PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO

 

1. Del acceso al transporte: El cual implica:

 

d. Que el diseño de la infraestructura de transporte. Así como en la provisión de los servicios de transporte público de pasajeros, las autoridades competentes promuevan el establecimiento de las condiciones para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales, y psíquicas.

 

 

 

 

 

 

LEY 128 DE FEBRERO 23 DE 1994

POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY ORGANICA DE LAS AREAS METROPOLITANAS.

 

CAPITULO I

OBJETO, NATURALEZA, SEDE Y FUNCIONES.

 

Art. 4. Son funciones de las Areas Metropolitanas, entre otras las siguiente:

 

3º. Ejecutar obras de interés metropolitano.

 

 

 

 

 

CAPITULO III

DE LOS ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION.

 

Art. 14. Atribuciones Básicas de la Junta Metropolitana. La Junta Metropolitana tendrá las siguientes atribuciones básicas:

 

A. Planeación. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, así como dictar, a iniciativa del Gerente y con sujeción a la Ley Orgánica de Planeación si ya hubiese sido expedida, las normas obligatoriamente generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los que deban sujetarse los Concejos municipales para los siguientes efectos:

 

2. Adoptar el Plan Vial y los planes maestros de servicios y de obras de carácter municipal.

 

B. Obras Públicas y vivienda.

 

2. Afectar aquellos inmuebles que sean necesarios para la realización de una obra pública contemplada en le Plan Integral de Desarrollo Metropolitano.

 

C. Recursos Naturales y manejo y Conservación del ambiente.

 

Adoptar, si no existen corporaciones Autónomas Regionales en la totalidad de su jurisdicción, un plan metropolitano para la protección de los recursos naturales y defensa del ambiente, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.

 

D. Prestación de Servicios Públicos.

 

1. Determinar cuales servicios son de carácter Metropolitano y adoptar las medidas necesarias para su adecuada prestación.

 

E. Valorización. Dictar le Estatuto General de Valorización Metropolitana para establecer, distribuir, ejecutar, recaudar, liquidar e invertir las contribuciones de valorización general por las obras de carácter metropolitano y definir las autoridades encargadas de su aplicación de acuerdo con la Ley.

 

LEY 134 DE MAYO 31 DE 1994

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.

 

TITULO I

OBJETO Y DEFINICIONES.

 

Art. 1. La presente Ley estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto.

 

Establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles.

 

La regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta Ley.

Art. 2. Iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas. La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto legislativo y de Ley ante el congreso de la República, de Ordenanza ante las asambleas departamentales, de Acuerdo ante los Concejos municipales o distritales de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que reglamenta, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.

 

Art. 3. Referendo. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente.

 

Parágrafo. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.

 

Art.4. referendo derogatorio. Un referendo derogatorio es el sometimiento de un Acto Legislativo, de una Ley, de una Ordenanza, de un Acuerdo o de una Resolución local, de iniciativa popular que haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente.

 

Art. 4. Referendo derogatorio. Un referendo derogatorio es el sometimiento de un Acto Legislativo, de una Ley, de una Ordenanza, de un Acuerdo o de una Resolución local en alguna de sus partes, o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no.

 

Art. 5. Referendo aprobatorio. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de Acto Legislativo, de una Ordenanza, de un Acuerdo o de una Resolución local, de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente.

 

Art. 6. Revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que han conferido a un gobernador o a un alcalde.

 

Art. 9. Cabildo abierto. El cabildo abierto es la reunión pública de los Concejos distritales, municipales o de las Juntas Administradoras Locales, en la cual los habitantes pueden participar con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.

 

LEY 136 DE JUNIO 2 DE 1994

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A MODERNIZAR LA ORRGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

 

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.

 

Art. 2. Régimen de los municipios: El régimen municipal estará dado por lo dispuesto en la Constitución Política, por lo establecido en la Ley y por las siguientes disposiciones:

 

5. solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente con la concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales de la Nación, en los términos que defina la Ley.

 

6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente de conformidad con la Ley.

 

7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio.

 

CAPITULO VII

COMUNAS Y CORREGIMIENTOS.

 

Art. 131. Funciones: Las Juntas Administradoras Locales, además de las que les asigna el artículo 318 de la constitución Política, ejercerán las siguientes funciones:

 

10. Presentar planes y proyectos de inversión social relativos a su jurisdicción.

 

CAPITULO VIII

PARTICIPACION COMUNITARIA.

 

Art. 141. Vinculación al desarrollo municipal: Las organizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la Ley, podrán vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o la ejecución de obras de pública a cargo de la administración central o descentralizada.

 

Art. 142. Formación ciudadana. Los alcaldes, los concejales, los ediles, los personeros, los contralores, las instituciones de educación, los medios de comunicación, los partidos políticos y las organizaciones sociales deberán establecer programas permanentes para el conocimiento, promoción y protección de los valores democráticos, constitucionales, institucionales, cívicos y especialmente el de la solidaridad social de acuerdo con los derechos fundamentales; los económicos, los sociales y culturales; y los colectivos y del medio ambiente.

 

LEY 140 JULIO 23 DE 1994

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.

 

Art. 1o.-Campo de aplicación. La presente Ley establece las condiciones en que puede realizarse publicidad exterior visual en el territorio nacional.

 

Se entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehículares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas.

 

No se considera Publicidad Exterior Visual para efectos de la presente Ley, la señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios históricos, turísticos o culturales, y aquella información temporal de carácter educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades públicas u otras personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza siempre y cuando éstos no ocupen más del 30% del tamaño del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera publicidad exterior visual las expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza.

 

Art. 2o.- Objetivos. La presente Ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y la simplificación de la actuación administrativa en relación con la publicidad exterior visual.

 

La Ley deberá interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta los anteriores objetivos.

 

Art. 3o.- Lugares de ubicación. Podrá colocarse publicidad exterior visual en todos los lugares del territorio nacional, salvo en los siguientes:

 

a). En las áreas que constituyen espacio público de conformidad con las normas municipales, Distritales y de las entidades territoriales indígenas que se exudan con fundamento en la ley 9 de 1989 o de las normas que la modifiquen o sustituyan. Sin embargo, podrá colocarse publicidad visual con los recintos destinados a la presentación de espectáculos públicos, en los paraderos de los vehículos de transporte público y demás elementos de amoblamiento urbano, en las condiciones que determinen las autoridades que ejerzan el control y la vigilancia de estas actividades.

 

b) Dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales;

 

c) Donde lo prohiban los Concejos Nacionales y Distritales conforme a los numerales 7o. y 9o. del artículo 3l3 de la Constitución Nacional;

 

e) Sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del Estado.

 

Art. 4o.- condiciones de la publicidad exterior visual en zonas urbanas y rurales. La Publicidad Exterior Visual que se coloque en las áreas urbanas de los municipios, distritos y también en los territorios indígenas, deberá reunir los siguientes requerimientos:

 

a) Distancia: Podrán colocarse hasta dos vallas contiguas con la Publicidad Exterior Visual. La distancia mínima con las más próximas no puede ser inferior a 80 metros Dentro de los dos (2) kilómetros de carretera siguiente al límite urbano y territorios indígenas, podrá colocarse una valla cada 200 metros, después de este kilometraje se podrá colocar una valla cada 250 metros.

 

b) Distancia de la vía: La publicidad exterior visual en las zonas rurales deberán estar a una distancia mínima de quince metros lineales (15 Mts/L) a partir del borde de la calzada. La ubicación de la Publicidad Exterior Visual en las zonas urbanas la regularán los Conejos Municipales;

 

Art. 7.- Mantenimiento. A toda publicidad exterior visual deberá dársele adecuado mantenimiento, de tal forma que no presente condiciones de suciedad, inseguridad o deterioro. Los alcaldes deberán efectuar revisiones periódicas para que toda publicidad que se encuentre colocada en el territorio de su jurisdicción dé estricto cumplimiento a esta obligación.

 

Art. 9o.- Contenido. La publicidad exterior visual no podrá contener mensajes que constituyan actos de competencia desleal ni que atenten contra las leyes de la moral, las buenas costumbres o conduzcan a confusión con la señalización vial e informativa.

 

Art.12o.- Remoción y modificación de la publicidad exterior visual. Sin perjuicio de la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil y el Artículo 8o. de la Ley 9a., de 1989 y de otras acciones populares, cuando se hubiese colocado publicidad exterior visual, en sitio prohibido por la ley o en condiciones no autorizadas por éstas, cualquier persona podrá solicitar su remoción o modificación a la alcaldía municipal o Distrital respectiva. La solicitud podrá presentarse verbalmente o por escrito, de conformidad con el artículo 5o. del Decreto 01 de 1984, (Código contencioso Administrativo).

 

De igual manera y sin perjuicio del ejercicio de la acción popular, los alcaldes podrán iniciar una acción administrativa de oficio, para determinar si la publicidad exterior visual se ajusta a la ley.

 

Recibida la solicitud o iniciada de oficio la actuación. el funcionario verificará si la publicidad se encuentra registrada de conformidad con el artículo anterior y si no se ha solicitado su registro dentro del plazo señalado por la ley, se ordenará su remoción. De igual manera el funcionario debe ordenar que se remueva o modifique la publicidad exterior visual que no se ajuste a las condiciones legales, tan pronto tenga conocimiento de la infracción, cuando esta sea manifiesta o para evitar o para remediar una perturbación del orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de personas y cosas o graves daños al espacio público.

 

En los casos anteriores, la decisión debe adoptarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la iniciación de la actuación. Si la decisión consiste en ordenar la remoción o modificación de una publicidad exterior visual, el funcionario fijará un plazo no mayor de tres (3) días hábiles para que el responsable de la publicidad, si es conocido, la remueva o la modifique. Vencido este plazo, ordenará que las autoridades de policía la remuevan a costa del infractor.

 

Cuando la publicidad exterior visual se encuentre registrada y no se trate de los eventos previstos en el inciso tercero de este artículo, el Alcalde, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al día de recepción de la solicitud o de la iniciación de la actuación, debe promover acción popular ante los jueces competentes para solicitar la remoción o modificación de la publicidad. en estos casos acompañará a su escrito copia auténtica del registro de la publicidad.

 

Parágrafo: en las entidades territoriales indígenas los consejos de gobierno respectivos o la autoridad que haga sus veces, serán los responsables del cumplimiento de las funciones que se asignan a las Alcaldías Distritales y municipales en el presente artículo.

 

Art. 13o.- Sanciones. La persona natural o jurídica que anuncie cualquier mensaje por medio de la publicidad exterior visual colocada en lugares prohibidos, incurrirá en una multa por un valor de uno o medio (1.1/2) a diez (10) salarios mínimos mensuales, atendida la gravedad de la falta y las condiciones de los infractores. En caso de no poder ubicar al `propietario de la publicidad exterior visual, la multa podrá aplicarse al anunciante o los diseños, arrendatarios, etc. o usuarios del inmueble que permitan la colocación de dicha publicidad.

 

Dicha sanción la aplicará al alcalde. Las resoluciones así emitidas y en firme prestarán mérito ejecutivo.

 

Parágrafo: Quienes instale publicidad exterior visual en propiedad privada, contrariando lo dispuesto en el literal d) del artículo 3o. de la presente ley, debe retirarlas en el término de 24 horas después de recibida la notificación que hará el Alcalde.

 

Art. 14o.- Impuestos. Autorízase a los concejos Municipales, Distritales y de las entidades territoriales indígenas que se creen, para que a partir del año calendario siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, adecuen el impuesto autorizado por las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, al cual se refieren la ley 14 de 1983, el Decreto Ley 1333 de 1986 y la ley 75 de 1986, de suerte que también cubra la colocación de toda publicidad exterior visual, definida de conformidad con la presente ley. En ningún caso, la suma total de impuestos que ocasiones cada valla podrá superar el monto equivalente a cinco (59 salarios mínimos mensuales por año.

 

Las autoridades municipales tomarán las medidas necesarias para que los funcionarios encargados del cobro y recaudo del impuesto reciban los nombres y número de Nit. de las personas que aparezcan en el registro de publicidad exterior visual de que trata el artículo 12 de la presente ley.

 

LEY 152 DE JULIO 15 DE 1994

POR LA CUAL SE ESTABLECE LA LEY ORGANICA DEL PLAN DE DESARROLLO

 

CAPITULO XII

DISPOSICIONES GENERALES.

 

Art. 49 Apoyo técnico y administrativo. Para los efectos de los procesos de planeación de que trata la presente Ley asígnanse las siguientes responsabilidades de apoyo técnico y administrativo.

 

3. Las entidades territoriales, a través de sus organismos de planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de información para la planeación. El Departamento Nacional de Planeación organizará las metodológicas, criterios y procedimientos que permitan integrar estos sistemas para la planeación y una Red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento.

 

5. Programas y proyectos que se presenten con base en el respectivo banco de proyectos tendrán prioridad para acceder al sistema de cofinanciación y a los demás programas a ser ejecutados en los niveles territoriales, de conformidad con los reglamentos del Gobierno Nacional y de las autoridades competentes.

 

LEY 181 DE ENERO 18 DE 1995

POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA Y SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.

 

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

 

Art. 3. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores:

 

3º. Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades territoriales en le campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de éstos.

 

4º. Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, y recreación de las personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los sectores más necesitados creando más facilidades y oportunidades para la práctica del deporte, de la educación física y la recreación.

5º. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores más necesitados.

 

9º. Velar por le cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los participantes y espectadores en las actividades deportivas, por el control médico de los deportistas y de las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos.

 

12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación.

 

13. Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan las reservas de espacios suficientes e infraestructura mínimas para cubrir las necesidades sociales y colectivas de carácter deportivo y recreativo.

 

14. Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación en las expresiones culturales, folklóricas o tradicionales y en las fiestas típicas, arraigadas en el territorio nacional, y en todos aquellos actos que creen conciencia del deporte y reafirmen la identidad nacional.

 

17. Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte y la recreación como elementos fundamentales

en su proceso de formación integral tanto en lo personal como en lo comunitario.

 

CAPITULO II

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

 

Art. 4. Derecho social. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y el factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social, bajo los siguientes principios.

 

Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.

 

Participación ciudadana. La comunidad tiene derecho a participar en los procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

 

TITULO II

DE LA RECREACION, EL APORVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION EXTRAESCOLAR.

 

Art. 5º. Se entiende que: La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como vivencia del disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento.

 

El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en le trabajo y la recuperación sicológica.

 

La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la Nación. Esta educación complementa la brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e instituciones sin ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este servicio a las nuevas generaciones.

 

Art. 6º. Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con el Plan Nacional de Recreación.

 

La mayor responsabilidad en le campo de la recreación le corresponde al Estado y a las Cajas de compensación Familiar. Igualmente, con el apoyo de Coldeportes impulsarán y desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de recreación y las coporaciones de recreación popular.

 

Art. 7º. Los entes deportivos departamentales y municipios coordinarán y promoverán la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas o privadas que adelanten esta clase de programas en su respectiva jurisdicción.

 

Art. 8º. Los organismos deportivos municipales ejecutarán los programas de recreación con sus comunidades, aplicando principios de participación comunitaria. Para el efecto, crearán un Comité de Recreación con participación interinstitucional y le asignarán recursos específicos.

 

TITULO IV

DEL DEPORTE.

 

CAPITULO I

DEFINICIONES Y CLASIFICACION

 

Art. 16 Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las siguientes:

 

Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.

 

CAPITULO II

NORMAS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

 

Art. 24. Los organismos que integran el Sistema Nacional del Deporte fomentarán la participación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y síquicas en sus programas de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y educación física orientándolas a su rehabilitación e integración social, para lo cual trabajarán conjuntamente con las organizaciones respectivas. Además, promoverán la regionalización y especialización deportivas, considerando los perfiles morfológicos, la idiosincrasia y las tendencias culturales de las comunidades.

 

Art. 26. De conformidad con lo establecido el Capítulo III de la Ley 9 de 1989, el Director General del Instituto Colombiano del Deporte podrá adelantar directamente o a través del Gobernador, el Alcalde o la entidad pública beneficiaria o vinculada, el proceso de enajenación voluntaria o de expropiación de inmuebles para los efectos del literal f) del artículo 10 de la misma Ley.

 

Parágrafo. El Proyecto de Construcción de Infraestructura Social de Recreación y Deporte, deberá incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Art. 27. Los proyectos de renovación urbana a que se refiere el artículo 39 de la Ley 9 de 1989 y los nuevos proyectos de urbanización que se aprueben a partir de la vigencia de esta Ley, deberán contemplar infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que obedezca a las necesidades y tendencias deportivas de la comunidad en su zona de influencia, conforme a los reglamentos que expidan los concejos municipales.

 

TITULO V

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ESTIMULOS PARA LOS DEPORTISTAS.

 

Art. 42. Las construcciones e instalaciones y escenarios deportivos que se adelanten a partir de la vigencia de la presente Ley, deberán incluir facilidades físicas de acceso para los niños, personas de la tercera edad y discapacitados en silla de ruedas.

 

TITULO VII

ORGANISMOS DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.

 

CAPITULO II

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE.

 

Art. 61. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, es le máximo organismo planificador, rector, director y coordinador, del Sistema Nacional del Deporte y Director del Deporte Formativo y Comunitario. Para la realización de sus objetivos, el Instituto Colombiano del Deporte cumplirá las siguientes funciones:

 

2. Fijar los propósitos, las estrategias y orientaciones para el desarrollo del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física.

 

4. Promover y regular la participación del sector privado, asociado o no, en las diferentes disciplinas deportivas, recreativas, de aprovechamiento del tiempo libre y de educación física.

 

6. elaborar, de conformidad con la Ley Orgánica respectiva y con base en los planes municipales y departamentales, el plan sectorial para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que garantice el fomento y la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, y la educación física en concordancia con el Plan Nacional de Educación, regulado por la Ley 115 de 1994

 

9. Dar asistencia técnica a los entes departamentales, distritales y municipales para la formulación de planes deportivos y la ejecución de proyectos relacionados con le deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física.

 

10. Celebrar convenios o contratos con las diferentes entidades de los sectores público o privado, nacionales o extranjeros, para el desarrollo de su objeto bien sea del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física de acuerdo con las normas legales vigentes.

 

14. Concertar con el organismo coordinador del Deporte Asociado, los mecanismos de integración funcional con el deporte formativo y comunitarios.

 

15. Programas actividades de deporte formativo y comunitario, y eventos deportivos en todos los niveles de educación formal y no formal y en la educación superior, en asocio con las Secretarias de Educación de las entidades territoriales.

 

16. Promocionar, fomentar y difundir la práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física mediante el diseño de cofinanciación de planes y proyectos y del ofrecimiento de programas aplicables a la comunidad.

 

TITULO IX

DISPOSICIONES VARIAS

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES ESPECIALES

 

Art. 76 Donaciones. Se adiciona el artículo 126-2 del Estatuto Tributario con los siguientes incisos: " Los contribuyentes que hagan donaciones a organismos deportivos y recreativos o culturales debidamente reconocidos que sean personas jurídicas sin animo de lucro, tienen derecho a deducir de la renta, el 12,5 % del valor de las donaciones efectuadas durante el año o periodo gravables".

 

Para gozar del beneficio de las donaciones efectuadas, deberá acreditarse el cumplimiento de las demás condiciones y requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario y los demás que establezca el reglamento.

 

LEY 299 DE JULIO 26 DE 1996

POR LA CUAL SE PROTEGE LA FLORA COLOMBIANA, SE REGLAMENTAN LOS JARDINES BOTANICOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 

Art. 13. Los jardines botánicos establecerán programas especiales de arborización urbana, forestación y reforestación de cuencas hidrográficas, para lo cual, previa contratación, prestarán a las entidades estatales asesoría como consultores en estas materias o proveerán, cuando dispongan de viveros, del material vegetal necesario para estos efectos.

 

Art. 14. Exención de impuestos. Los Concejos municipales, conforme lo hayan dispuesto sus respectivos Acuerdos, podrán exonerar hasta el 100% del impuesto predial, a los terrenos de propiedad de los Jardines Botánicos o destinados a estos fines, siempre y cuando tales entidades o sus propietarios desarrollen las actividades de conservación ambiental con sujeción a las disposiciones de esta Ley y al reglamento que para tal fin expida el Gobierno Nacional.

 

Igualmente podrán exonerar del impuesto predial a aquellos terrenos de propiedad privada que sean reductos que conserven adecuadamente vegetación natural y que tengan una extensión unitaria no inferior a 5 (cinco) hectáreas, o que hayan formulado y estén ejecutando un plan de manejo debidamente aprobado por la respectiva autoridad ambiental, o que hayan establecido un proyecto específico de conservación in situ o ex situ con un jardín botánico legalmente establecido.

 

La exención solo operará para los terrenos dedicados a los planes de conservación, para lo cual se realizarán los respectivos desenglobes catastrales.

 

LEY 361 DE FEBRERO 7 DE 1997

POR LA CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LIMITACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

 

TITULO IV

DE LA ACCESIBILIDAD

 

CAPITULO I

NOCIONES GENERALES.

 

Art. 43. El presente título establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentra disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacio públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.

 

Lo dispuesto en este título se aplica así mismo a los medios de transporte e instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.

 

Parágrafo. Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, deberán adecuarse, diseñarse y cosntruirse de manera que se facilita el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación.

 

Art. 44. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y seguro de los servicios instalados en estos ambientes. Por barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de señales, escritas, imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, radio u otros sistemas óptico o electromagnéticos.

 

Art. 45. Son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades especiales y en particular los individuos con limitaciones que les haga requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesitan de asistencia temporal.

 

Art. 46. La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenido en cuenta por los organismo públicos o privados en la ejecución de dichos servicios.

 

El Gobierno reglamentará la proyección, coordinación y ejecución de las políticas en materia de accesibilidad y velará porque se promueva la cobertura nacional de este servicio.

 

 

 

 

 

CAPITULO II

ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

 

Art. 47. La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente Ley. Con tal fin, el Gobierno dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que deban ajustarse los proyectos, así como los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas disposiciones.

 

Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva, de acuerdo con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberán además contar con pasamanos al menos en uno de sus dos lados laterales.

 

El Gobierno establecerá las sanciones por el incumplimiento a lo establecido en este artículo.

 

Parágrafo. En todas las facultades de arquitectura, ingeniería y diseño de la República de Colombia se crearán talleres para los futuros profesionales de la arquitectura, los cuales serán evaluados y calificados con el objetivo primordial de fomentar la cultura de la eliminación de las barreras y limitaciones en la construcción.

 

Art. 48. Las puertas principales de acceso de toda construcción, sea ésta pública o privada, se deberán abrir hacia el exterior o en ambos sentidos, deberán así mismo contar con manijas automáticas al empujar, y si son de cristal siempre llevarán franjas anaranjadas o blanco-fluorecente a la altura indicada.

 

En toda construcción del territorio nacional y en particular las de carácter educativo, sean éstas públicas o privadas, las puertas se abrirán hacia el exterior en un ángulo no inferior a 180 grados y deberán contar con escape de emergencia, debidamente instalados de acuerdo con las normas técnicas internacionales sobre la materia.

 

Parágrafo. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio del deber tomar las previsiones relativas a la organización y amoblamiento de las vías públicas, los parques y jardines, con el propósito de que puedan ser utilizados por todos los destinatarios de la presente Ley. Par efectos, las distintas entidades estatales deberán incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para la financiación de las adaptaciones de los inmuebles de su propiedad.

 

Art. 49. Como mínimo un 10% de los proyectos elaborados por el Gobierno para la construcción de viviendas de interés social, se programarán con las características constructivas necesarias para facilitar el acceso de los destinatarios de la presente Ley, así como el desenvolvimiento normal de sus actividades motrices y su integración en le núcleo en que habitan.

 

Lo previsto en este artículo rige también para los proyectos de vivienda de cualquier otra clase que se construyan o promuevan entidades oficiales o privadas. El Gobierno expedirá las disposiciones reglamentarias para dar cumplimiento a lo previsto en este artículo y en especial para garantizar la instalación de ascensores con capacidad para le transporte al menos una persona en una silla de ruedas.

 

Parágrafo. Cuando el Proyecto se refiere a conjuntos de edificios e instalaciones que constituyan un complejo arquitectónico, éste se proyectara y construirá en condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad de las personas con limitaciones a los diferentes inmuebles e instalaciones complementarias.

 

Art. 50. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores y en concordancia con las normas que regulen los asuntos relativos a la elaboración, proyección y diseño de proyectos básicos de construcción, el Gobierno Nacional expedirá las disposiciones que establezcan las condiciones mínimas que deberán tenerse en cuenta en los edificios de cualquier clase, con el fin de permitir la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de limitación.

 

La autoridad competente de todo orden se abstendrá de otorgar el permiso correspondiente para aquellos proyectos de construcción que no cumplan con lo dispuesto en este artículo.

 

Art. 51. Para los efectos de este título, se entiende por "Rehabilitación de viviendas", las formas y reparaciones que las personas a que se refiere la presente Ley, tengan que realizar en su vivienda habitual y permanente por causa de su limitación. Para estos efectos, el Gobierno nacional dictará las normas mediante las cuales se regularán líneas de crédito especiales, así como las condiciones requeridas para la concesión de subsidios, para financiar la rehabilitación de vivienda a que se refiere el presente artículo.

 

Art. 52. Lo dispuesto en este título y en sus disposiciones reglamentarias, será también de obligatorio cumplimiento para las edificaciones e instalaciones abiertas al público que sean de propiedad particular, quienes dispondrán de un término de cuatro años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para realizar las adecuaciones correspondientes. El gobierno Nacional reglamentará las sanciones de tipo pecuniario e institucional, para aquellos particulares que dentro de dicho término no hubiesen cumplido con lo previsto en este título.

 

Art. 54. Toda construcción temporal o permanente que pueda ofrecer peligro para las personas con limitaciones, deberá estar provista de la protección correspondiente y de la adecuada señalización.

 

Art. 55. Todo complejo vial y/o medio de transporte masivo, incluidos los puentes peatonales, túneles o estaciones que se construyan en le territorio nacional, deberán facilitar la circulación de las personas a que se refiere la presente Ley, planeando e instalando rampas o elevadores con acabados antideslizantes que permitan movilizarse de un lugar a otro y deberán contar con la señalización respectiva.

 

Art. 56. Todos los sitios abiertos al público, de carácter recreacional o cultural, como teatros y cines, deberán disponer de espacios localizados al comienzo o al final de cada fila central, para personas en silla de ruedas. Para estos efectos se utilizará un área igual a la de una silla de teatro y no se dispondrá de más de dos espacio contiguos en la misma fila.

 

La determinación del número de espacios de esta clase, será del dos por ciento de la capacidad total del teatro. Un porcentaje similar se aplicará en los vestuarios de los centros recreacionales, para las personas en sillas de ruedas.

 

Parágrafo. En todo caso, éstas y las demás instalaciones abiertas al público, deberán contar por lo menos con un sitio accesible para las personas en silla de ruedas.

 

Art. 57. En un término no mayor de diez y ocho meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, las entidades estatales competentes, elaborarán planes para la adaptación de los espacio públicos, edificios, servicios e instalaciones dependientes, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y sus normas reglamentarias.

CAPITULO III

DEL TRANSPORTE.

 

Art. 62. Todos los sitios abiertos al público como centros comerciales, nuevas urbanizaciones y unidades residenciales, deberán disponer de acceso y en especial sitios de parqueo para las personas a que se refiere la presente Ley, de acuerdo a dimensiones adoptadas internacionalmente en un número de por lo menos el 2% del total. Deberán así mismo estar diferenciados por el símbolo internacional de la accesibilidad.

 

Art. 63. En las principales calles y avenidas de los distritos y municipios donde haya semáforos, las autoridades correspondientes deberán disponer lo necesario para la instalación de señales sonoras que permitan la circulación segura de las personas con limitación visual.

 

Art. 64. Las zonas de cruce peatonal deben estar señalizadas en forma visible y adecuada. Las autoridades distritales y municipales correspondientes deberán imponer las sanciones previstas para los conductores que violen las disposiciones que obligan a respetar las zonas de cruce peatonal.

 

Art. 65. El gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, en coordinación con las alcaldías municipales y las distritales incluido el Distrito Capital, serán los encargados de dictar y hacer cumplir las normas del presente capítulo, en espacial las destinadas a facilitar el transporte y el desplazamiento de todas las personas a quienes se les aplica la presente Ley. Para estos efectos, el Gobierno compilará en un solo estatuto orgánico, todas las normas existentes relativas a lo regulado por este capítulo, y así mismo establecerá un régimen especial de sanciones por su incumplimiento.

 

CAPITULO IV

DE LAS COMUNICACIONES.

 

Art. 71. En el término de 10 meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, las personas jurídicas de carácter público, privado o mixto deberán adecuar sus estatutos de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, cuando fuere el caso. Las entidades de inspección y vigilancia verificarán el cumplimiento de los dispuesto en este artículo.

 

LEY 388 DE JULIO 18 DE 1997

POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 9a. DE 1989, Y LA LEY 3a. DE 1991 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

LEY DE DESARROLLO TERRITORIAL.

 

CAPITULO I

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS GENERALES.

 

Art. 3o. Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:

 

Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios

 

 

 

CAPÍTULO II

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

 

Art. 8o. Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras:

 

4. Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada a las necesidades colectivas.

 

CAPITULO III

PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

 

Art. 13. Componente urbano del plan de ordenamiento. El componente urbano del plan de ordenamiento territorial es un instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado como suelo urbano y suelo de expansión urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanísticas. Este componente deberá contener por lo menos:

 

Art. 15. Normas urbanísticas. Las normas urbanísticas regulan el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a continuación se señala.

 

En todo caso los municipios que integran Áreas Metropolitanas deberán ajustarse en su determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta Metropolitana, en los asuntos de su competencia.

 

1.2 Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos; las que reservan áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura vial y de servicios públicos, las que reservan espacios libres para parques y zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al espacio público vinculado al nivel de planificación de largo plazo.

 

2. Normas urbanísticas generales. Son aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se emplearán para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones.

 

2.4 Las características de la red vial secundaria, la localización y la correspondiente afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés público o social a escala zonal o local, lo mismo que la delimitación de espacios libres y zonas verdes de dicha escala.

 

Art. 16. Contenido de los planes básicos de ordenamiento. Los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial deberán contemplar los tres componentes a que se refiere el artículo 11 de la presente ley, con los siguientes ajustes, en orden a simplificar su adopción y aplicación:

 

  1. En relación con el componente urbano, el Plan Básico deberá contener por lo menos:

     

    2.1 La localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de transporte y la adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas así como su proyección para las áreas de expansión, si se determinaren; la disponibilidad de redes primarias y secundarias de vías y servicios públicos a corto y mediano plazo; la localización prevista para equipamientos colectivos y espacios públicos para parques y zonas verdes públicas y el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a dichas infraestructuras.

     

    Art. 19. Planes parciales. Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los términos previstos en la presente ley. El plan parcial o local incluirá por lo menos los siguientes aspectos:

     

    2. La definición precisa de los objetivos y las directrices urbanísticas específicas que orientan la correspondiente actuación u operación urbana, en aspectos tales como el aprovechamiento de los inmuebles; el suministro, ampliación o mejoramiento del espacio público, la calidad del entorno, las alternativas de expansión, el mejoramiento integral o renovación consideradas; los estímulos a los propietarios e inversionistas para facilitar procesos de concertación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras u otros mecanismos para garantizar el reparto equitativo de las cargas y los beneficios vinculadas al mejor aprovechamiento de los inmuebles; los programas y proyectos urbanísticos que específicamente caracterizan los propósitos de la operación y las prioridades de su desarrollo, todo ello de acuerdo con la escala y complejidad de la actuación o de la operación urbana contemplada.

     

    4. La definición del trazado y características del espacio público y las vías y, especialmente en el caso de las unidades de actuación, de la red vial secundaria; de las redes secundarias de abastecimiento de servicios públicos domiciliarios; la localización de equipamientos colectivos de interés público o social como templos, centros docentes y de salud, espacios públicos y zonas verdes destinados a parques, complementarios del contenido estructural del Plan de Ordenamiento.

     

    Art. 22. De la participación comunal en el ordenamiento del territorio. Para efectos de organizar la participación comunal en la definición del contenido Urbano del plan de ordenamiento, las autoridades municipales o distritales podrán delimitar en el área comprendida dentro del perímetro urbano, los barrios o agrupamientos de barrios residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes como referentes de su localización en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata a un ámbito local o vecinal. Lo pertinente regirá para la participación comunitaria en la definición del contenido rural, caso en el cual la división territorial se referirá a veredas o agrupaciones de veredas.

     

    En el curso de la formulación y concertación de los planes de ordenamiento territorial, las organizaciones cívicas debidamente reconocidas de dichos agrupamientos de barrios o veredas, a través de mecanismos democráticos que aseguren la representatividad de los elegidos, podrán designar representantes para que transmitan y pongan a consideración sus propuestas sobre los componentes urbano y rural del Plan.

     

    Una vez surtido el proceso de adopción o revisión del Plan, estas mismas organizaciones cívicas mantendrán su participación en el ordenamiento del territorio en los siguientes eventos:

     

    1. Para proponer, en los casos excepcionales que consideren las normas urbanísticas generales, la asignación específica de usos y aprovechamientos del suelo en micro zonas de escala vecinal, esto es, en los casos donde el efecto se limite exclusivamente a sus respectivos territorios y no contraríen las normas estructurales. En las zonas exclusivamente residenciales estas propuestas podrán referirse a normas de paisajismo, regulaciones al tránsito vehicular y demás previsiones tendientes al mantenimiento de la tranquilidad de la zona, siempre y cuando no se afecte el uso del espacio público de acuerdo con las normas generales.

     

    CAPITULO IV

    CALSIFICASION DEL SUELO.

     

    Art. 32. Suelo de expansión urbana. Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del Plan de Ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución.

     

    La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés público o social.

     

    Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas.

     

    Art. 34. Suelo suburbano. Constituyen esta categoría las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la ley 99 de 1993 y en la ley 142 de 1994. podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales.

     

    Los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo.

     

    CAPITULO V

    ACTUACION URBANISTICA.

     

    Art. 37. Espacio publico en actuaciones urbanísticas. Las reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en general, y señalarán el régimen de permisos y licencias a que se deben someter así como las sanciones aplicables a los infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el capítulo XI de esta ley.

     

    También deberán especificar si es el caso, las afectaciones a que estén sometidos por efectos de reservas de terreno para construcción de infraestructura vial, de transporte, redes matrices y otros servicios de carácter urbano o metropolitano. Para las actuaciones que lo requieran como la urbanización en terrenos de expansión y la urbanización o construcción en terrenos con tratamientos de renovación urbana, deberá señalarse el procedimiento previo para establecer la factibilidad de extender o ampliar las redes de servicios públicos, la infraestructura vial y la dotación adicional de espacio público, así como los procesos o instrumentos mediante los cuales se garantizará su realización efectiva y la equitativa distribución de cargas y beneficios derivados de la correspondiente actuación.

     

    Art. 41. Procedimiento. Los planes de ordenamiento territorial definirán las áreas que deban desarrollarse a través de unidades de actuación tanto en suelo urbano como en suelo de expansión cuando a ello hubiere lugar y determinarán los criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación y aprobación posterior.

     

    Las unidades de actuación se delimitarán dé forma que permitan el cumplimiento conjunto de las cargas de cesión y urbanización de la totalidad de su superficie, mediante el reparto equitativo entre sus propietarios.

     

    El proyecto de delimitación se realizará por las autoridades competentes, de oficio, o por los particulares interesados, de acuerdo con los parámetros previstos en el plan de ordenamiento, siempre y cuando medie la formulación y aprobación del correspondiente plan parcial, el cual deberá determinar las previsiones relacionadas con la dotación de las infraestructuras y los equipamientos, las cesiones correspondientes, la subdivisión, si fuere del caso, en áreas de ejecución y las fases y prioridades de su desarrollo señalando los sistemas e instrumentos de compensación para la distribución de las cargas y beneficios entre los partícipes. En los caso de renovación y redesarrollo, el plan parcial incluirá además las previsiones relacionadas con la habitación y el mejoramiento de las infraestructuras, equipamientos y espacio público necesario para atender las nuevas densidades y usos del suelo asignados a la zona.

     

    CAPÍTULO VII

    ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN JUDICIAL

     

    Art. 58. Motivos de utilidad pública. El artículo 10o. de la Ley 9a. de 1989 quedará así:

     

    " Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines:

     

    c. Ejecución de programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos.

     

    CAPÍTULO IX

    PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA

     

    Art.73. Noción. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 de la constitución política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones. Esta participación se destinará a la defensa y fomento del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o distrital.

     

    Los Concejos municipales y distritales establecerán mediante acuerdos de carácter general, las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus respectivos territorios.

     

    CAPITULO XI

    LICENCIAS Y SANCIONES URBANISTICAS.

     

    Art. 103. Infracciones urbanísticas. Toda actuación de parcelación, urbanización, construcción, reforma o demolición que contravenga los planes de ordenamiento territorial o sus normas urbanísticas, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales de los infractores. para efectos de la aplicación de las sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, según se afecte el interés tutelado por dichas normas.

     

    Se considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos comerciales, industriales y de servicios en contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones, sin la respectiva licencia.

     

    En todos los casos de actuaciones que se efectúen sin licencia o sin ajustarse a la misma, el alcalde, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de dichas actuaciones, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 108 de la presente ley. En el caso del distrito capital esta función corresponde a los alcaldes menores, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto orgánico del distrito capital.

     

    Art. 104. Sanciones urbanísticas. el artículo 66 de la ley 9a. de 1989 quedará así:

     

    4. Multas sucesivas entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público, o los encierren sin la debida autorización de las autoridades municipales o distritales, además de la demolición del cerramiento y la suspensión de servicios públicos, de conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994. Esta autorización podrá darse únicamente para los parques y zonas verdes por razones de seguridad, siempre y cuando la transparencia del cerramiento sea de un 90% como mínimo, de suerte que se garantice a la ciudadanía el disfrute visual del parque o zona verde.

     

    En la misma sanción incurrirán quienes realicen intervenciones en áreas que formen parte del espacio público, sin la debida licencia o contraviniéndola, sin perjuicio de la obligación de restitución de elementos que más adelante se señala

     

    Art. 107. Restitución de elementos del espacio público. Los elementos constitutivos del espacio público en inmuebles y áreas de conservación, que fuesen destruidos o alterados, deberán restituirse en un término de dos meses contados a partir de la providencia que imponga la sanción.

     

    El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas sucesivas por cada mes de retardo, en las cuantías señaladas en el numeral 4o. del artículo 104 de la presente ley y la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado en la ley 142 de 1994

     

    CAPÍTULO XII

    PARTICIPACIÓN DE LA NACIÓN EN EL DESARROLLO URBANO

     

    Art. 111. Programas y proyectos. Dentro de los planes para la ejecución de la política nacional urbana, el gobierno nacional incluirá los parámetros y directrices para determinación de los programas y proyectos objeto de su apoyo, para lo cual tendrá en cuenta entre otros aspectos, la localización geográfica de las ciudades, la categorización municipal, la dinámica demográfica, la situación socioeconómica, las ventajas relativas de competitividad y el esfuerzo fiscal.

     

    En todo caso, los programas y proyectos que se desarrollen con participación de la nación deberán promover el fortalecimiento de los corredores urbanos, su apoyo se dirigirá de manera prioritaria a la cooperación técnica para la aplicación de la política urbana y de los instrumentos contenidos en esta ley y en la ley 9ª de 1989, así como caracterizarse de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y siguientes de la presente ley.

     

    Parágrafo. El ministerio de educación nacional en coordinación con el ministerio de desarrollo económico, incorporará dentro del proyecto "ciudad educadora" y demás proyectos de curriculum escolar, los contenidos de la formación para el uso y disfrute de los espacios públicos urbanos, y demás contenido en la presente ley, en armonía con los principios de respeto y tolerancia acorde con su naturaleza colectiva.

     

    Art. 112. Expediente urbano. Con el objeto de contar con un sistema de información urbano que sustente los diagnósticos y la definición de políticas, así como la formulación de planes, programas y proyectos de ordenamiento espacial del territorio por parte de los diferentes niveles territoriales, los municipios y distritos deberán organizar un expediente urbano, conformado por documentos, planos e información georeferenciada, acerca de su organización territorial y urbana.

     

    Igualmente, el ministerio de desarrollo económico organizará y mantendrá en debida operación, un sistema de información urbano de datos sobre suelo, vivienda, servicios públicos domiciliarios, espacio público, transporte urbano y equipamientos colectivos, en el cual se incluirá un banco de experiencias sobre el desarrollo de operaciones urbanas de impacto y sobre la aplicación de los instrumentos contenidos en la presente ley y en la ley 9a de 1989.

     

    Parágrafo. Para la organización del expediente urbano y la elaboración y aprobación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios con población inferior a 30.000 habitantes, las entidades nacionales prestarán su apoyo técnico y financiero

     

    Art. 113. Actuaciones urbanas integrales. Se entiende por actuaciones urbanas integrales el desarrollo de programas y proyectos derivados de las políticas y estrategias contenidas en el plan de ordenamiento territorial de la respectiva entidad municipal o distrital, o de planes parciales formulados de acuerdo con las directrices de tales políticas y estrategias.

     

    Cuando se solicite el concurso de la nación, el ministerio de desarrollo económico, a través de su Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable será la entidad encargada de determinar en forma específica y precisa las condiciones de participación de las entidades nacionales.

     

    Las actuaciones urbanas integrales son aquellas que reúnen las siguientes características:

     

    Parágrafo 1º. Para los efectos de la presente ley, se entiende como componentes de la acción sectorial del municipio o distrito, las decisiones administrativas, los programas o proyectos atinentes a la regulación de los usos del suelo y a su incorporación al desarrollo urbano; a la vivienda de interés social; al espacio público; al mejoramiento integral de asentamientos y a la renovación urbana; al saneamiento básico y el manejo ambiental; a la construcción de infraestructuras para redes de servicios públicos, redes viales primarias, sistemas de transporte y construcción de otras infraestructuras o equipamientos de impacto urbano o metropolitano.

     

    Art. 115. Fortalecimiento del viceministerio de vivienda, desarrollo urbano y agua potable. Para asegurar el cumplimiento de las funciones de apoyo y cooperación técnica a las entidades territoriales en la implementación de los instrumentos y mecanismos de ordenamiento del territorio municipal, así como para fortalecer su papel planificador, coordinador y promotor de la política nacional urbana del plan nacional de desarrollo, concédense facultades extraordinarias al gobierno nacional para que en un término de seis (6) meses reestructure al viceministerio de vivienda, desarrollo urbano y agua potable del ministerio de desarrollo económico, que en adelante se llamará viceministerio de desarrollo urbano, el cual contará con una planta global y tendrá cuatro direcciones: i) vivienda, suelo y construcción; ii) servicios públicos domiciliarios; iii) transporte urbano; y iv) espacio público, ordenamiento territorial y urbano.

     

    Dentro de esta reestructuración se deberán redefinir las funciones del consejo superior de desarrollo urbano, vivienda y agua potable de que trata el decreto 2152 de 1992, que en adelante se llamará consejo superior de desarrollo urbano, ampliando el papel que desempeña como instancia de coordinación y de seguimiento de la política urbana del plan nacional de desarrollo

     

    Art. 117. Incorporación de áreas públicas. Adiciónase el artículo 5o. de la ley 9ª de 1989 con el siguiente parágrafo:

     

    "Parágrafo: el espacio público resultante de los procesos de urbanización y construcción se incorporará con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la urbanización en la oficina de instrumentos públicos, en la cual se determinen las áreas públicas objeto de cesión y las áreas privadas, por su localización y linderos. la escritura correspondiente deberá otorgarse y registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo"

     

    LEY 397 DE AGOSTO 7 DE 1997

    POR EL CUAL SE DESARROLLAN LOS ARTICULOS 70, 71 Y 72 Y DEMAS ARTICULOS CONCORDANTES DE LA CONSTITUCION POLITICA Y SE DICTAN NORMAS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL, FOMENTOS Y ESTIMULOS A LA CULTURA Y SE TRASLADAN ALGUNAS DEPENDENCIAS.

     

    TITULO I

    PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y DEFINICIONES.

     

    Art. 1 No. 1. Cultura es el conjunto de rasgos definitivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

     

    3. El estado impulsará y estimulará los procesos proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación Colombiana.

     

    8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social.

     

    9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de paz.

     

    10. El Estado fomentará la creación ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma.

     

    13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a las personas limitadas, física, sensorial y psíquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados.

     

    TITULO II

    PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

     

    Art. 4 Definición de patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombina, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.

     

    Parágrafo1. Los bienes declarados monumentos nacionales con anterioridad a la presente Ley, así como los bienes integrantes del patrimonio arqueológico, serán considerados como bienes de interés cultural.

     

    También podrán ser declarados bines de interés cultural, previo concepto del Ministerio del la Cultura, aquellos bienes que hayan sido objeto de reconocimiento especial expreso con las entidades territoriales.

     

    Art. 5 Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación, tendrá como objetivos principales la protección, conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en le presente como en el futuro.

     

    Art. 6. Patrimonio arqueológico. Son bienes integrantes del patrimonio arqueológico aquellos muebles e inmuebles que sean originarios de culturas desaparecidas, o que pertenezcan a la época colonial, así como los restos humanos y orgánicos relacionados con las culturas. Igualmente, forman parte de dicho patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes.

     

    También podrán formar parte del patrimonio arqueológico, los bienes muebles e inmuebles representativos de la tradición e identidad culturales pertenecientes a las comunidades indígenas actualmente existentes, que sean declaradas como tal por el Ministerio de la Cultura, a través del Instituto colombiano de Antropología, y en coordinación con las comunidades indígenas.

    El Ministerio de la Cultura determinará técnica y científicamente los sitios en que puede haber bienes arqueológicos o que sean contiguos a áreas arqueológicas, hará las declaraciones respectivas y elaborará el Plan Especial de Protección a que se refiere el artículo 10. Numeral 3 de esta Ley, en colaboración con las demás autoridades y organismos del nivel nacional y de las entidades territoriales.

     

    En el proceso de otorgamiento de las licencias ambientales sobre áreas declaradas como Patrimonio Arqueológico, las autoridades ambientales competentes, consultarán con le Ministerio de la Cultura, sobre la existencia de las áreas arqueológicas y los planes de protección vigentes, para efectos de incorporarlos a las respectivas licencias.

     

    Art. 7. Concejo de Monumentos Nacionales. El Concejo de Nacionales es el órgano encargado de asesorar al gobierno Nacional en cuanto a la protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación.

     

    A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo del patrimonio cultural y de los bienes de interés cultural del ámbito municipal, distrital, departamental, a través de las alcaldías municipales y las gobernaciones respectivas, y de los territorios indígenas, previo concepto de los centros filiales del Concejo de Monumentos Nacionales allí donde existan, o en su defecto por la entidad delegada por el Ministerio de la Cultura.

     

    Lo anterior se entiende sin perjuicio de que los bienes antes mencionados puedan ser declarados bienes de interés de la Nación.

     

    Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital, municipal y de los territorios indígenas.

     

    Los planes de desarrollo de las entidades territoriales tendrán en cuenta los recursos para la conservación y la recuperación del patrimonio cultural.

     

    Art. 9. Del patrimonio cultural sumergido. Pertenecen al patrimonio cultural o arqueológico de la Nación, por su valor Histórico o arqueológico, que deberá ser determinado por le Ministerio de la Cultura, las ciudades o cementerios de grupos humanos desaparecidos, restos humanos, las especies náufragas constituidas por naves y su dotación, y demás bienes muebles yacentes dentro de estás, o diseminados en le fondo del mar, que se encuentren en el suelo o subsuelo marinos de las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental o zona de economía exclusiva, cualesquiera que sea su naturaleza o estado y la causa o época del hundimiento o naufragio. Los restos o partes de embarcaciones, dotaciones o bines que se encuentren en circunstancias similares, también tienen el carácter de especies náufragas.

     

    Art. 10. Inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad. Los bienes de interés cultural que conforman el patrimonio cultural de la Nación que sean propiedad de entidades públicas, son Inembargables, imprescriptibles e inalienables.

     

    Art. 11. Régimen para los bienes de interés cultural. Los bienes de interés cultural públicos y privados estarán sometidos al siguiente régimen:

     

    1. Demolición, desplazamiento y restauración. Ningún bien que haya sido declarado de interés cultural podrá ser demolido, destruido, parcelado o removido, sin la autorización de la autoridad que lo haya declarado como tal.

     

    2. Intervención. Entiéndase por intervención todo acto que cauce cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo.

     

    Sobre bien de interés cultural, no se podrá efectuar intervención alguna sin la correspondiente autorización del Ministerio de la Cultura.

     

    La intervención de bienes de interés cultural deberá realizarse bajo la supervisión de profesionales en la materia debidamente acreditados ante el Ministerio de Cultura.

     

    Por virtud de lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley, para los bienes de interés cultural que pertenezcan al patrimonio arqueológico de la Nación, dicha autorización estará implícita en las licencias ambientales de los proyectos de minería, hidrocarburos, embalses o macroproyectos de infraestructura. Es estos casos, se dispondrá que la supervisión será ejercida en cualquier tiempo por los profesionales acreditados ante el Ministerio de Cultura.

     

    El propietario de un predio que se encuentre en le áreas de influencia o que sea colindante con un bien inmueble de interés cultural, que pretenda realizar obras que puedan afectar las características de éste, deberá obtener autorización para dichos fines de parte de la autoridad que efectuó la respectiva declaratoria.

     

    3. Plan especial de protección. Con la declaratoria de un bien como de interés cultural de se elaborará un plan especial de protección del mismo por parte de la autoridad competente.

     

    El plan especial de protección indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención y las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes.

     

    Para el caso específico del patrimonio arqueológico reconocido y prospectado en desarrollo de la construcción de redes de transporte de hidrocarburos se entenderá como "Plan Especial de Protección" el Plan de Manejo Ambiental presentado al Ministerio del Medio Ambiente dentro del proceso de obtención de la licencia ambiental.

     

    Art. 14 Registro nacional de patrimonio cultural. La Nación y las entidades territoriales estarán en la obligación de realizar el registro del patrimonio cultural. Las entidades territoriales remitirán periódicamente al Ministerio de Cultura, sus respectivos registros, con el fin de que sean contemplados en el Registro Nacional de Patrimonio cultural.

     

    El Ministerio de Cultura reglamentará lo relativo al registro y definirá las categorías de protección aplicables a los diveros tipos de bienes registrados, en coordinación con las entidades territoriales..

     

    Art. 15 De las faltas contra el patrimonio cultural de la Nación. Las personas que vulneren el deber constitucional de proteger el patrimonio cultural de la Nación, incurrirán en las siguientes faltas:

     

    1. Si la falta constituye hecho punible por la destrucción o daño de los bienes de interés cultural, o por su explotación ilegal, de conformidad con lo establecido en los artículos 242, 246, 349, 371 y 372 del Código Penal, es obligación colocar la respectiva denuncia penal y, si hubiere flagrancia, colocar inmediatamente el retenido a órdenes de la autoridad de policía más cercana, sin perjuicio de imponer las sanciones patrimoniales aquí previstas.

     

    2. Si la falte consiste en la construcción, ampliación, modificación, reparación, o demolición de un bien de interés cultural, sin la respectiva licencia, se impondrán las sancione previstas en el artículo 66 de la Ley 9ª de 1989, aumentadas en un ciento por ciento (100%).

     

    3. Si la falta consiste en la movilización de un bien mueble de interés cultural sin la autorización de la autoridad que lo declaro como tal, se impondrá una multa de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

     

    4. Si la falta consistiere en adelantar exploraciones o excavaciones no autorizadas de bienes arqueológicos, se impondrá multa de doscientos (200) a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

     

    5. Si la falta contra un bien de interés cultural fuere realizada por un servidor público, ella será tenida por falta gravísima, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 200 de 1995

     

    Parágrafo 1. El Ministerio de Cultura, o la autoridad que éste delegada para la ejecución de la presente Ley, estará facultado para la imposición y cobro de las sanciones patrimoniales previstas en el artículo anterior.

     

    Parágrafo 2. El gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, además de las entidades territoriales quedan investidos de las funciones policivas para la imposición y ejecución de medidas por la Ley, que sean aplicables según el caso.

     

    TITULO III

    DEL FOMENTO Y LOS ESTIMULOS A LA CREACION, A LA INVESTIGACION Y A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL.

     

    Art. 22. Infraestructura cultural. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de Espacios Públicos, aptos para la realización de actividades culturales y, en general propiciará la infraestructura que las expresiones culturales requieran.

     

    Se tendrán en cuenta en los proyectos de infraestructura cultural la eliminación de barreras arquitectónicas que impidan la libre circulación de los discapacitados físicos y el fácil acceso de la infancia y la tercera edad.

     

    Parágrafo 1. El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social, FIS, cofinanciará con los municipios programas y proyectos de infraestructura cultural orientados hacia los grupos étnicos de la población más pobres y vulnerables, de acuerdo con la Constitución Política, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2132 de 1992.

     

    Parágrafo 2. El Ministerio de Cultura podrá cofinanciar las estructuras de carácter artístico y cultural, determinar los criterios para su adecuada y racional utilización con fines de fomento y participación comunitaria y prestar la asesoría técnica.

     

    Parágrafo 4. De conformidad con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 9 de 1989, el Ministerio de Cultura podrá adelantar en forma directa o a través de las entidades territoriales o la entidad pública beneficiaria o vinculada, al proceso de enajenación voluntaria o expropiación de inmuebles para efectos de os literales c) y f) del artículo 10 de la misma Ley.

     

    Parágrafo 5. Los proyectos de renovación urbana a que se refiere el artículo 39 de la Ley 9 de 1989 y los nuevos proyectos de urbanización que se aprueben a partir de la vigencia de la presente Ley, deberán contemplar infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas y culturales, que obedezca a las necesidades artísticas y culturales, que obedezca a las necesidades y tendencias de la comunidad en su zona de influencia según los Concejos municipales.

     

    Art. 56. Estímulos al patrimonio cultural de la Nación. Los propietarios de bienes muebles e inmuebles de interés cultural podrán deducir la totalidad de sus gastos en que incurran para el mantenimiento y conservación de estos bienes, aunque no guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta.

     

    Para tener derechos a este beneficio, las personas interesadas deberán presentar para aprobación, del Ministerio de Cultura, un proyecto de adecuación del respectivo inmueble.

     

    TITULO IV

    DE LA GESTION CULTURAL.

     

    Art. 57. Sistema Nacional de cultura. Conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo de cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios de descentralización, participación y autonomía.

     

    Art. 60. Consejos departamentales, distritales y municipales de cultura. Son las instancias de concertación entre el Estado y la sociedad civil encargadas de liderar y asesorar a los gobiernos departamentales, distritales y municipales y de los territorios indígenas en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos culturales.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DECRETOS:

     

     

    DECRETO 3104 DE DICIEMBRE 14 DE 1979

    REQUISITOS PARA QUE LOS MUNICIPIOS SE ORGANICEN COMO AREAS METROPOLITANAS.

    REGIMEN DE LAS AREAS METROPOLITANAS.

     

    CAPITULO II

    ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

     

    Art. 6. Funciones de la Junta Metropolitana.

    No. 1. Lit. e) Adoptar el Plan Vial y los Planes Maestros de Servicios Públicos para le Area.

     

    g) Reglamentar la utilización de los bienes de uso público de propiedad del Area Metropolitana.

     

    DECRETO 919 DE MAYO 1 DE 1989

    POR EL CUAL SE ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.

     

    CAPITULO I

    PLANEACION Y ASPECTOS GENERALES.

     

    Art. 6. El componente de prevención de desastres en los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales. Todas las entidades territoriales tendrán en cuanta en sus planes de desarrollo, el componente de prevención y atención de desastres y, especialmente, disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las zonas de riego y los asentamientos humanos, así como las apropiaciones que sean indispensables para el efecto en los presupuestos anuales. Cuando sobre estas materias se hayan previsto normas en los planes de contingencia, de orientación para la atención inmediata de emergencias y en los planes preventivos del orden nacional, regional o local, se entenderá que forman parte de los planes de desarrollo y que modifican o adicionan su contenido.

     

    Parágrafo 1º. Para los efectos de los dispuesto en este artículo, todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en los costos respectivos la obligación de considerar el componente de prevención de riesgos y las disposiciones de que trata este artículo.

     

    Art. 15. Sistemas de alarma y de comunicaciones. Los sistemas de alarma que se utilicen como mecanismos de información para desastres y calamidades, cumplirán las orientaciones sobre normas y requisitos que decida impartir la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

     

    La utilización de los sistemas y medios de comunicación en caso de desastres y calamidades se regirá por las reglamentaciones que para el efecto dicte el Ministerio de comunicaciones.

     

    CAPITULO II

    REGIMEN DE LAS SITUACIONES DE DESASTRE.

     

    SECCION II: OCUPACION TEMPORAL Y DEMOLICION DE INMUEBLES.

     

    Art. 34. Estudios sobre localización de asentamientos humanos y edificaciones. La ofician Nacional para la Atención de Desastres o los comités Regionales o Locales, según sea el caso, promoverán la realización de estudios por parte de las entidades públicas correspondientes, tendientes a determinar las áreas de la zona a que se refiere la declaratoria de una situación de desastres en las cuales no se deban ubicar asentamientos humanos ni construir edificaciones, por razones de ambientales, de peligro o de riesgo.

     

    Con base en estos estudios los alcaldes municipales ordenarán la reubicación de las comunidades dentro de los plazos prudenciales, vencidos los cuales ordenarán las demoliciones a que haya lugar, con arreglo a los procedimientos legales pertinentes.

     

    CAPITLO IV

    ASPECTOS INSTITUCIONALES.

     

    Art. 54. Funciones del Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. Son funciones del Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres las siguientes:

     

    1. En relación con el Plan Nacional para la Atención y Atención de Desastres:

     

    c. Impulsar y orientar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de vulnerabilidad y de evaluación de riesgos.

     

    d. Determinar los principales sistemas y procedimientos para el suministro de información y para la operación de los estados de alarma y alerta por parte de la Ofician Nacional para la Atención de Desastres y los Comités regionales y Locales.

     

    e. Promover y coordinar, a través de la Ofician Nacional para la Atención de Desastres, programas de capacitación, educación e información pública, con participación de la comunidad.

     

    Art. 59. Funciones de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. Son funciones de Oficina Nacional para la Atención de Desastres:

     

    1. En relación con el Sistema Integrado de Información como parte del Plan Nacional para la Atención y de Desastres:

     

    c. Adelantar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de vulnerabilidad y de evaluación de riesgos, con el apoyo de otras entidades públicas y privados y de los Comités Regionales y Locales.

     

    f. Promover y coordinar programas de capacitación, educación e información pública, con participación de la comunidad.

     

  2. En relación con las situaciones de desastre:

     

    h. Procurar la inclusión del componente de prevención de riesgos en los planes de desarrollo regional de que trata la Ley 76 de 1985, en los planes y programas de desarrollo departamental, intendencial o comisFutura Bk BT y en los planes de desarrollo distrital, metropolitano y municipal, así como de las disposiciones sobre ordenamiento urbano, zonas de riesgo y asentamientos humanos que se hayan previsto en los planes de contingencia, de orientación para la atención inmediata de desastres y en los planes preventivos del orden nacional, regional o local. Como parte esencial del componente de prevención de riesgo se dispondrá la reserva de tierras para reubicar aquellos asentamientos que presentan graves riesgos para la salud e integridad personal de sus habitantes, de que trata el numeral 4º del Artículo 2º 34 del Decreto-Ley 1333 de 1986, con las modificaciones que le fueron introducida por la ley 9 de 1989.

     

    Art. 61. Funciones de los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres. Son funciones de los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres:

     

    1. En relación con el Sistema Integrado de Información como parte del Plan Nacional para la Atención y de Desastres:

     

    c. Adelantar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de vulnerabilidad y de evaluación de riesgos, con el apoyo de otras entidades públicas y bajo la orientación de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

     

    f. Realizar, promover y coordinar programas de capacitación, educación e información pública, con participación de la comunidad bajo la orientación y coordinación de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

     

  3. En relación con las situaciones de desastre:

 

e. Procurar la inclusión de la dimensión de prevención de riesgos en los planes de desarrollo regional de que trata la Ley 76 de 1985, en los planes y programas de desarrollo departamental, intendencial o comisFutura Bk BT y en los planes de desarrollo distrital, metropolitano y municipal, así como de las disposiciones sobre ordenamiento urbano, zonas de riesgo y asentamientos humanos que se hayan previsto en los planes de contingencia, de orientación para la atención inmediata de desastres y en los planes preventivos del orden nacional, regional o local.

 

Art. 62. Funciones de las entidades territoriales. Son funciones de la entidades territoriales en relación con la prevención y atención de desastres:

 

ll. Preparar y elaborar, por intermedio de las Oficinas de Planeación los planes, en armonía con las normas y planes sobre prevención y atención de situaciones de desastre, y coordinar a las instituciones en materias programáticas y presupuestales en los relativo a desastres.

 

DECRETO 706 DE ABRIL 28 DE 1995

POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 3 DE 1991 EN CUANTO A LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN DINERO PARA AREAS URBANAS.

 

CAPITULO III

PLANES Y TIPOS DE SOLUCIONES.

 

Art. 16. Adquisición o de adquisición y construcción de soluciones de vivienda. Es el plan en le cual el beneficiario del subsidio adquiere en le mercado una solución de vivienda, o la desarrolla a través de procesos de autogestión o participación comunitaria.

 

Los tipos de solución de vivienda objeto de este plan son la unidad básica por desarrollo progresivo, la unidad básica y la vivienda mínima.

 

Parágrafo. Las unidades básicas y las viviendas mínimas podrán desarrollarse sobre lotes de terreno o terrazas, o ser producto de subdivisión de vivienda en proyectos de renovación urbana de los centros de las ciudades.

 

En todos los casos el desarrollo de las unidades básicas y las viviendas mínimas deberá prever condiciones urbanísticas adecuadas, que incluyan, al menos, las vías recebadas y los espacios requeridos para la localización de los equipamientos sociales y las zonas verdes, de acuerdo con la población que se esentará en el sitio.

 

Art. 19. Mejoramiento integral de vivienda y entorno. Es el plan en el cual se desarrollan acciones encaminadas a superar las carencias de la vivienda hasta llegar a la unidad básica, además de complementar la infraestructura de la zona de intervención.

 

Serán componentes de la infraestructura, las redes secundarias de servicios públicos, el saneamiento ambiental, las vías y accesos, los parques y zonas verdes y los equipamientos comunitarios. Podrá incluirse igualmente la habilitación legal de los títulos.

 

Estos proyectos podrán desarrollarse en varias fases.

 

Parágrafo. 1. En los proyectos de mejoramiento integral de vivienda y entorno, el subsidio familiar de vivienda se destinará a las obras de mejoramiento de la vivienda, incluyendo sus condiciones de accesibilidad inmediata y la legalización de títulos.

 

Para la financiación de las obras de infraestructura y equipamiento concurrirán los recursos de los fondos nacionales de cofinanciación y de los municipios.

 

Art. 21. Unidad por desarrollo progresivo. Es la solución de vivienda que se desarrolla en dos etapas. En la primera etapa se entrega, en condiciones topográficas adecuadas, el lote necesario para las obras de urbanización ejecutadas y las conexiones de los servicio públicos domiciliarios. En la segunda etapa se entrega la unidad básica de que trata el artículo 22 del presente decreto.

 

DECRETO 1112 DE JUNIO 24 DE 1996

POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SOBRE MEDIDAS DE NORMALIZACION Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD, SE DICTAN NORMAS PARA ARMONIZAR LA EXPEDICION DE REGLAMENTOS TECNICOS Y SE CUMPLEN COMPROMISOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS POR COLOMBIA.

 

CAPITULO I

DEL SISTEMA DE INFORMACION

 

Art. 1. Objeto: Sistema Nacional de Información sobre medidas de Normalización y Evaluación de la Conformidad. Créase el Sistema Nacional de Información sobre medidas de Normalización y Evaluación de la Conformidad, que en adelante se denominara "el Sistema", con el fin de centralizar la información sobre Normas Técnicas, Reglamentos Técnicos y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad.

 

CAPITULO II

DE LA ARMONIZACION DE REGLAMENTOS TECNICOS,

 

Art. 6. Del contenido del reglamento técnico: Los ministerios y entidades de cualquier orden facultados para expedir reglamentos técnicos, deberán observar la siguiente metodología para su elaboración.

 

1. Objeto y campo de aplicación: Precisar la finalidad del reglamento, así como los productos o servicios comprendidos en él.

 

2. Contenido técnico especifico del reglamento: Deberá abarcar como mínimo los siguientes aspectos:

 

2.1 Definiciones: Contiene las necesidades para la adecuada interpretación del reglamento.

2.2 Condiciones generales: La descripción de las características generales del producto, tales como su olor, color, apariencia, aspecto, presentación, procesos previos, elementos que no debe contener además de los permitidos y todas aquella características necesarias del bien o servicio.

2.3 Requisitos: Establecer en forma detallada los requerimientos técnicos que debe cumplir el bien o servicio objeto de reglamento.

2.4 Envase, empaque y rotulado o etiquetado: Descripción de los requerimientos necesarios que debe cumplir el producto en su envase o empaque, así como la información que debe contener el producto o el servicio, incluyendo su contenido o medida.

2.5 Procedimientos para verificar el cumplimiento de los requisitos: Señalar los métodos y condiciones de los ensayos a que se debe someter el bien o servicio para considerarse ajustado a los requisitos.

 

3. Inspección, vigilancia, control, medidas de seguridad o preventivas: Definición de los controles a los cuales quedan sujetos los importadores, productores y comercializadores de los bienes y servicios objeto del reglamento.

 

4. Certificación o registros: Define el tipo de certificado o registro al cual debe acceder el importador o el productor del bien o servicio para su comercialización.

 

5. Partida arancelaria: Se deberá especificar la Partida Arancelaria bajo la cual esta cobijada el producto de que trate.

 

6. Régimen sancionatorio: Especifica las sanciones legales previstas que serán aplicadas por incumplimiento de lo establecido en el reglamento.

 

Art. 7: De la notificación de los reglamentos vigentes: Los ministerios y las entidades competentes de cualquier orden deberán hacer un inventario de sus Reglamentos Técnicos vigentes y notificarlos al Sistema en un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia de este Decreto.

 

Con base en el inventario realizado, el Consejo Nacional de Normas Técnicas y Calidades elaborará las recomendaciones pertinentes tendientes a la armonización de los Reglamentos Técnicos existentes.

 

Las entidades competentes tendrán un plazo máximo de sesenta (60) días para armonizar sus Reglamentos Técnicos con base en las recomendaciones efectuadas por le Consejo nacional de Normas y Calidades. Este término se contará a partir de la fecha de aprobación del acta donde consten las mismas.

 

Art. 8. Las entidades facultadas para la expedición de Reglamentos Técnicos, solo podrán expedirlo con base en una Norma Técnica Colombiana Oficial Obligatoria.

 

 

 

 

 

 

DECRETO 150 DE ENERO 22 DE 1998

POR EL CUAL SE REESTRUCTURA EL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SE DETERMINAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS Y SE REDEFINEN LAS FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y AGUA POTABLE.

 

Art. 1º.- De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la ley 388 de 1997, el viceministerio de vivienda, desarrollo urbano y agua potable, se denominará viceministerio de desarrollo urbano y tendrá las siguientes dependencias:

 

B. Despacho del Viceministro de Desarrollo Urbano

 

b. 1 dirección de vivienda, suelo y construcción

b. 2 dirección de servicios públicos domiciliarios

b. 3 dirección de transporte urbano

b. 4 dirección de espacio público, ordenamiento territorial y urbano

 

Art. 6º.- De las funciones de la dirección de espacio público, ordenamiento territorial y urbano: la dirección de espacio público, ordenamiento territorial y urbano cumplirá las funciones que a continuación se detallan:

 

1. Apoyar al Ministro en la formulación y evaluación de la Política Urbana Nacional y el diseño de las diferentes estrategias de aplicación de la misma en los temas de ordenamiento territorial y urbano.

 

2. preparar propuestas reglamentarias sobre los temas de ordenamiento territorial, estándares urbanísticos sobre equipamientos urbanos y rurales, espacio público y procedimientos sobre gestión urbanística.

 

3. diseñar metodologías para el ordenamiento territorial y urbano en cumplimiento de las legislaciones vigentes.

 

4. Identificar canales de asistencia técnica a través de los departamentos, regiones y asociaciones de municipios para el montaje de programas de apoyo a la planificación y gestión urbana y territorial de los municipios del país.

 

5. Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional de las entidades del nivel central y entidades territorial en torno al tema del ordenamiento territorial y urbano, para lograr el montaje de procesos de asistencia técnica y formulación de políticas sectoriales de manera articulada.

 

6. Mantener actualizado y en funcionamiento el sistema de información urbano de que trata la ley 388 de 1997

 

7. Diseñar y proponer los instrumentos de gestión pública y privada para la construcción, mantenimiento y administración del espacio público en áreas urbanas.

 

8. Participar en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas y planes del sector de espacio público y ordenamiento territorial y urbano y en la articulación de éstas con las de vivienda, suelo y construcción, agua potable y saneamiento básico y transporte urbano.

 

9. Asesorar y capacitar a los entes territoriales del nivel departamental, municipal y distrital en la elaboración del plan de ordenamiento territorial respectivo, según lo establecido en la ley 388 de 1997.

 

10. Identificar canales de asistencia técnica, difusión y capacitación hacia las entidades territoriales por intermedio de las instancias nacionales, departamentales y metropolitanas del caso.

 

11. Proponer y liderar el desarrollo del programa de ciudad educadora en asocio con las entidades públicas y privadas de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes.

 

Las demás que le asignen la ley o el reglamento de acuerdo con las funciones de la dependencia.

 

DECRETO NÚMERO 151 DE ENERO 22 DE 1998

POR EL CUAL SE DICTAN REGLAS RELATIVAS A LOS MECANISMOS QUE HACEN VIABLE LA COMPENSACIÓN EN TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO.

 

Art. 2º. Se entiende por conservación el tratamiento urbanístico que por razones ambientales, históricas o arquitectónicas limita la transformación de la estructura física de áreas del municipio o distrito, de inmuebles particulares, de obras públicas, y de elementos constitutivos del espacio público. Cada municipio o distrito determinará en el respectivo plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen las áreas o inmuebles sujetos a tratamiento de conservación.

 

Art. 4º. Para efectos del presente decreto, la compensación es el mecanismo que permite redistribuir de manera equitativa los costos y beneficios derivados de la aplicación del tratamiento de conservación. La compensación tendrá lugar en aquellos casos en que por motivos de conveniencia pública se declaren como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental de determinados inmuebles, en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen.

 

Art. 9º. A solicitud de los particulares, y con el objeto de generar espacio público en áreas desarrolladas, el municipio o distrito podrá crear áreas generadoras de derechos transferibles de construcción y desarrollo, para ser incorporadas como elementos del espacio público al Plan de Ordenamiento Territorial o a los Planes Parciales que lo desarrollen.

 

DECRETO 540 DE MARZO 20 DE 1998

POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LOS ARTÍCULOS 58 DE LA LEY 9A DE 1989 Y 95 DE LA LEY 388 DE 1997 EN MATERIA DE TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES FISCALES

 

Art. 10. Para efectos de delimitar el espacio publico que debe pertenecer al respectivo distrito o municipio, la entidad pública correspondiente deberá elaborar o disponer la elaboración de un plano en el cual se delimiten claramente dichas áreas, el cual se anexará al acto en virtud del cual se realice la cesión para efectos de la identificación respectiva. Dicho plano se ajustará a lo dispuesto por el decreto 2157 de 1995.

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO NÚMERO 879 DE MAYO 13 DE 1998

POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS DISPOSICIONES REFERENTES AL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y DISTRITAL Y A LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art. 2.- Ordenamiento del territorio. De conformidad con los artículos 5 y 6 de la ley 388 de 1997, el ordenamiento del territorio municipal o distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planeación física concertadas y coherentes, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas para disponer de instrumentos eficaces de orientación del desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y de regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico. El ordenamiento territorial debe ser acorde con las estrategias de desarrollo económico del municipio y distrito y armónico con el medio ambiente y sus tradiciones históricas y culturales.

 

El ordenamiento del territorio tiene por objeto dar a la planeación económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible.

 

El ordenamiento del territorio tendrá en consideración las relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como la utilización óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor calidad de vida.

 

Art. 3.- Prioridades del ordenamiento del territorio. En la definición del ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las prioridades del plan de desarrollo del municipio o distrito y los determinantes establecidos en normas de superior jerarquía que son:

 

1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.

 

3. El señalamiento y localización de las infraestructuras de la red vial nacional y regional, los puertos y aeropuertos y los sistemas de suministros de agua, energía y servicios de saneamiento básico.

 

CAPÍTULO III

LOS COMPONENTES Y CONTENIDOS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

 

Art. 9.- El componente general. El componente general del plan comprende la totalidad del territorio del municipio o distrito y prevalece sobre los demás componentes.

 

El componente general deberá señalar en primera instancia los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo, lo cual incluye entre otros, las acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la competitividad del municipio o distrito; la definición de acciones estratégicas para alcanzar sus objetivos de desarrollo económico y social de conformidad con el plan de desarrollo; y las políticas de largo plazo para la ocupación y manejo del suelo y demás recursos naturales.

 

Esta visión se materializa en el contenido estructural, que define:

1. Los sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del municipio o distrito y de éste con los sistemas regionales y nacionales.

 

2. Las medidas para la protección del medio como ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje así como el señalamiento de áreas de reserva y de conservación y de protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico y ambiental.

 

4. La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos, expresados en los planes de ocupación del suelo, el plan vial y de transporte, el plan de vivienda social, los planes maestros de servicios públicos, el plan de determinación y manejo del espacio público.

 

Parágrafo: Todas las decisiones y definiciones de política del contenido estructural del componente general se traducen en normas urbanísticas estructurales, que prevalecen sobre las demás normas urbanísticas y sólo pueden modificarse con motivo de la revisión general del plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde, cuando por medio de estudios técnicos se demuestre que debido a cambios en las circunstancias y evolución del municipio o distrito dicha modificación se hace necesaria.

 

Art. 10.- El componente urbano. El componente urbano se refiere a la administración del suelo urbano y de expansión urbana. Integra políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y está insertado y supeditado al componente general del plan.

 

En lo que se refiere a suelo urbano y áreas de expansión urbana, este componente deberá contener por lo menos, los siguientes elementos:

 

2. La localización y dimensionamiento de la infraestructura para: el sistema vial y de transporte, previendo la adecuada intercomunicación del conjunto de las áreas urbanas y su ampliación a las zonas de expansión; las redes primarias y secundarias de servicios públicos en el corto y mediano plazo; los equipamientos colectivos y espacios libres para parques y zonas verdes públicas; y las cesiones urbanísticas gratuitas para todas las anteriores.

3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de recursos naturales y paisajísticos, de conjuntos urbanos históricos y culturales, y de áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

 

Art. 11.- El componente rural. El componente rural del plan es un instrumento para garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y su cabecera municipal, y la conveniente utilización del suelo rural, y enmarcar las actuaciones públicas tendientes a suministrar infraestructura y equipamiento básico para el servicio de la población rural.

 

Este componente está insertado y supeditado al componente general del plan y deberá contener por lo menos, los siguientes elementos:

 

3. La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, geográficos y ambientales, de las zonas de amenaza y riesgo o de las que forman parte del sistema de provisión de servicios públicos domiciliarios o de disposición de desechos.

 

4. La localización y dimensionamiento de zonas determinadas como suburbanos con precisión de los índices máximos de ocupación y usos admitidos, teniendo en cuenta su carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad, las posibilidades de suministro de agua potable y saneamiento básico y las normas de conservación y protección del medio ambiente.

 

 

 

CAPÍTULO IV

PLANES BÁSICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

 

Art. 13.- El componente general de los planes básicos de ordenamiento territorial. El componente general de los planes básicos de ordenamiento territorial señalará los objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo que permitan localizar acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la competitividad del territorio municipal, y desarrollar un modelo de ocupación del territorio que posibilite identificar, delimitar y definir la localización de los siguientes aspectos estructurantes:

 

1. Areas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

 

2. Areas de reserva para la conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.

 

3. Areas expuestas a amenazas y riesgos.

 

4. Sistemas de comunicación entre el área urbana y rural y de éstas con el contexto regional.

 

Todas las decisiones de aspectos estructurales del componente general se traducen en normas urbanísticas estructurales

 

Art. 14.- El componente urbano de los planes básicos de ordenamiento territorial. El componente urbano de los planes básicos de ordenamiento territorial deberá identificar, señalar y delimitar en forma detallada por lo menos la localización de los siguientes aspectos:

 

1. Areas de conservación y protección de los recursos naturales.

 

2. Conjuntos urbanos, históricos y culturales.

 

3. Areas expuestas a amenazas y riesgos.

 

4. Infraestructura para vías y transporte.

 

5. Redes de servicios públicos.

 

6. Equipamientos colectivos y espacios públicos libres para parques y zonas verdes y el señalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes a dichas infraestructuras.

 

Art. 15.- El componente rural de los planes básicos de ordenamiento territorial. El componente rural de los planes básicos de ordenamiento territorial deberá identificar, señalar y delimitar en forma detallada, por lo menos la localización de los siguientes aspectos:

 

1. Areas de conservación y protección de los recursos naturales.

 

2. Areas expuestas a amenazas y riesgos.

 

Expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, las cuales deben tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.

 

Art. 16.- Esquemas de ordenamiento territorial. Los municipios con población inferior a los treinta mil (30.000) habitantes deberán adoptar esquemas de ordenamiento territorial en los términos del artículo 23 de la ley 388 de 1997 y demás normas concordantes. No obstante, los municipios con estas características que presenten dinámicas importantes de crecimiento urbano, podrán adoptar planes básicos de ordenamiento territorial.

 

Los esquemas de ordenamiento territorial deberán contemplar los componentes general, urbano y rural.

 

El componente general de los esquemas de ordenamiento territorial señalará como mínimo los siguientes aspectos:

 

3. La delimitación de las áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.

 

4. La determinación de las áreas expuestas a amenazas y riesgos.

 

El componente urbano de los esquemas de ordenamiento territorial deberá identificar y definir la estructura general del suelo urbano, en especial, los siguientes aspectos:

 

1. El plan de vías.

 

2. El plan de servicios públicos domiciliarios.

 

3. La expedición de normas urbanísticas para las actuaciones de parcelación, urbanización y construcción.

 

El componente rural de los esquemas de ordenamiento territorial deberá identificar, señalar y delimitar en forma detallada, por lo menos la localización de los siguientes aspectos:

 

1. Areas de conservación y protección de los recursos naturales.

 

3. Areas que forman parte de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y para la disposición final de residuos sólidos y líquidos.

 

DECRETO 1052 DE JUNIO 10 DE 1998

POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS DISPOSICIONES REFERENTES A LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO, AL EJERCICIO DE LA CURADURÍA URBANA, Y LAS SANCIONES URBANÍSTICAS.

 

CAPITULO I

DE LAS LICENCIAS.

 

Art. 5.- Obligatoriedad. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos de expansión urbana y rurales, se requiere la licencia correspondiente expedida por la persona o autoridad competente antes de la iniciación.

 

Igualmente se requerirá licencia para él loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento.

Art. 19.- Contenido de la licencia. La licencia contendrá:

 

4. Indicación de que las obras deberán ser ejecutadas de forma tal que se garantice tanto la salubridad de las personas, como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

 

Art. 26.- vigencia de las licencias en urbanizaciones por etapas. Para las urbanizaciones por etapas, el proyecto urbanístico general deberá elaborarse para la totalidad del predio o predios sobre los cuales se adelantará la urbanización y aprobarse mediante acto administrativo por la autoridad competente para expedir la licencia. el proyecto urbanístico deberá reflejar el desarrollo progresivo de la urbanización definiendo la ubicación y cuadro de áreas para cada una de las etapas.

 

Para cada etapa se podrá solicitar y expedir una licencia, siempre que se garantice para cada una de ellas la prestación de servicios públicos domiciliarios, los accesos y el cumplimiento autónomo de los porcentajes de cesión. el costo de la licencia corresponderá a la etapa para la que se solicita la licencia.

 

El proyecto urbanístico general y la reglamentación de las urbanizaciones aprobadas mantendrán su vigencia, y servirán de base para la expedición de las licencias de las demás etapas, siempre que la licencia para la nueva etapa se solicite como mínimo treinta (30) días calendario antes del vencimiento de la licencia de la anterior etapa.

 

Parágrafo. El proyecto urbanístico general es el planteamiento gráfico de un diseño urbanístico que refleja el desarrollo de uno o más predios, los cuales requieren de redes de servicios públicos, infraestructura vial, áreas de cesiones y áreas para obras de espacio público y equipamiento, e involucra las normas referentes a aprovechamientos y volumetrías básicas, acordes con el plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen.

 

CAPÍTULO III

DE LOS CURADORES URBANOS.

 

Art. 59.- Liquidación de las expensas para las licencias de urbanismo. Para la liquidación de las expensas por las licencias de urbanismo, se aplicará la ecuación del artículo 58 y se liquidará sobre el área útil urbanizable, entendida como la resultante de descontar del área bruta o total del terreno las cesiones, las afectaciones de vías públicas, y redes de infraestructura de servicios públicos, las zonas de protección y áreas que constituyen la cesión del espacio público.

 

CAPITULO V

DE LAS SANCIONES URBANISTICAS.

 

Art. 84.- Infracciones urbanísticas. De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 388 de 1997, toda actuación de parcelación, urbanización, construcción, reforma o demolición que contravenga los planes de ordenamiento territorial o sus normas urbanísticas, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles y penales de los infractores. Para efectos de la aplicación de las sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, según se afecte el interés tutelado por dichas normas.

 

Se considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos comerciales, industriales y de servicios en contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones, sin la respectiva licencia.

 

En todos los casos de actuaciones que se efectúen sin licencia o sin ajustarse a la misma, el alcalde, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de dichas actuaciones, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo siguiente. En el caso del Distrito Capital esta función corresponde a los alcaldes locales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Distrito Capital.

 

Art. 86.- Sanciones urbanísticas. De acuerdo al artículo 104 de la Ley 388 de 1997, las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación de las sanciones que a continuación se determinan, por parte de los alcaldes municipales y distritales y el Gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren:

 

1. Para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos no urbanizables o parcelables, se aplicarán multas sucesivas que oscilarán entre cien (100) y quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, además de la orden policiva de demolición de la obra y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994.

 

En la misma sanción incurrirán quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos afectados al plan vial, de infraestructura de servicios públicos domiciliarios o destinados a equipamientos públicos.

 

Si la construcción, urbanización o parcelación se desarrollan en terrenos de protección ambiental, o localizados en zonas calificadas como de riesgo, tales como humedales, rondas de cuerpos de agua o de riesgo geológico, la cuantía de las multas se incrementará hasta en un ciento por ciento (100%) sobre las sumas aquí señaladas, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones legales a que haya lugar.

 

2. Para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia, se aplicarán multas sucesivas que oscilarán entre setenta (70) y cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales, además de la orden policiva de suspensión y sellamiento de la obra y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994.

 

En la misma sanción incurrirán quienes demuelan inmuebles declarados de conservación arquitectónica o realicen intervenciones sobre los mismos sin la licencia respectiva, o incumplan las obligaciones de adecuada conservación, sin perjuicio de la obligación de reconstrucción que ordena el artículo 106 de la ley 388 de 1997, así como quienes usen o destinen inmuebles en contravención a las normas sobre usos del suelo.

 

4. Para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público, o los encierren sin la debida autorización de las autoridades municipales o distritales, se aplicarán multas sucesivas que oscilarán entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, además de la demolición del cerramiento y la suspensión de servicios públicos, de conformidad con lo señalado por la Ley 142 de 1994. Esta autorización podrá darse únicamente para los parques y zonas verdes por razones de seguridad, siempre y cuando la transparencia del cerramiento sea de un noventa por ciento (90%) como mínimo, de suerte que se garantice a la ciudadanía el disfrute visual del parque o zona verde.

 

En la misma sanción incurrirán quienes realicen intervenciones en áreas que formen parte del espacio público, sin la debida licencia o contraviniéndola, sin perjuicio de la obligación de restitución de elementos a que se refiere el artículo 88 del presente decreto

 

Art. 88.- Restitución de elementos del espacio público. Conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley 388 de 1997, los elementos constitutivos del espacio público en inmuebles y áreas de conservación, que fuesen destruidos o alterados, deberán restituirse en un término de dos meses contados a partir de la providencia que imponga la sanción.

 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas sucesivas por cada mes de retardo, en las cuantías señaladas en el numeral 4o. del artículo 87 del presente decreto y la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo señalado en la Ley 142 de 1994.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIONES:

 

RESOLUCION 14861 OCTUBRE 4 DE 1985

MINISTERIO DE SALUD

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA PROTECCION, SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EL AMBIENTE Y EN ESPECIAL DE LOS MINUSVALIDOS.

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES

 

Art. 2. Ambito de aplicación. Las disposiciones de la presente Resolución, como también las expedidas por entidades competentes, con fundamento en la Ley, se aplicaran a los siguientes espacios y ambientes:

 

Espacios y ambientes exteriores con su equipamiento urbano.

 

Establecimientos de diversión y recreación publica tales como:

 

Unidades y complejos deportivos. Centros turísticos y recreativos. Parques, complejos vacacionales y lugares de descanso. Lugares y sitios históricos. Cines. Teatros y salas de espectáculos.

 

Art. 3. Protección de la población en general. Los espacios y ambientes como los descritos en el articulo anterior, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y transito de la población en general y en especial de las personas con movilidad reducida temporal o permanente o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, incapacidad o enfermedad.

 

Art. 5. Equipamiento Urbano. Se entiende por equipamiento urbano el conjunto de elementos y componentes que, colocados en ambientes exteriores, son de uso común por parte de la población en general.

 

Quedan incluidos en esta definición, entre otros los siguientes: Teléfonos públicos, parqueaderos, paraderos de buses, canecas o cestas para basuras, semáforos, bancas, mesas, fuentes o pilas publicas, baños o servicios sanitarios, monumentos y puestos o casetas estacionarias.

 

Art. 6. Accesibilidad. Se entiende por accesibilidad la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en esos ambientes.

 

Art. 8. Símbolo internacional de acceso. El símbolo internacional de acceso se colocara en toda edificación a cuyas instalaciones pueda entrar y usar sus servicios cualquier persona, sin restricciones de índole alguna. También se colocara el símbolo en ambientes exteriores tales como parqueaderos, áreas de descanso y otros lugares que ofrezcan las facilidades enunciadas. Se colorara el símbolo en forma visible, en especial, en los siguientes lugares:

 

En parqueaderos que dispongan de espacios para vehículos de minusvalidos.

 

En otros espacios o ambientes con facilidad para minusvalidos.

 

 

 

CAPITULO II

AMIENTES EXTERIORES, RUTAS DE CIRCULACION EXTERIOR.

 

Art. 9. Rutas pedestres. Todas las ciudades, poblaciones y lugares rurales deberán preveer a sus habitantes de una malla o estructura peatonal homogénea que los conecte en todos sus sentidos. La malla o estructura peatonal se fundamentara en: Plan principal y Planes locales.

 

Art. 10. Plan principal. El Plan principal servirá para conectar los lugares mas importantes y los sitios de interés publico de las zonas urbana y rural.

 

Art. 11. Aspectos a contemplar. En el Plan principal se contemplan, entre otros, los siguientes aspectos:

 

Que las rutas sean diseñadas y construidas a nivel de rutas accesibles, las cuales podrán ser utilizadas con seguridad por personas con movilidad reducida.

 

Que en las rutas se evite toda interrupción innecesaria, con separación definitiva de transito vehicular y peatonal.

 

Que en la red peatonal haya protección ambiental para el ciudadano, a nivel de calle y entre edificaciones.

 

Que se utilicen los trayectos mas cortos y nivelados posibles.

 

Que en las áreas de circulación peatonal paralelas a las vías de intenso trafico vehicular; exista una franja de protección ambiental abierta en paraderos, cruces peatonales y en acceso a áreas de parqueo.

 

Que en los lugares o espacios públicos se prevean zonas para conciertos y espectáculos artísticos, espacios murales o abiertos para exhibición de obras de arte y para reunión ciudadana en eventos como lugares o ferias artesanales.

 

Que se prevean zonas para vendedores ambulantes y estacionarios en áreas de circulación peatonal y en zonas como escenarios deportivos o coliseos y teatros o cinemas, entre otros.

 

Art. 12. Planes locales. Los Planes locales servirán, para unir las vías secundarias a la red principal en puntos estratégicos.

 

Art. 13. Aspectos a contemplar en los Planes locales. En los Planes locales se contemplaran, entre otros, los siguientes aspectos:

 

Que se garantice la llegada de todas las personas a todos los sitios y edificios y a sus entradas.

 

Que en las zonas de desplazamiento se prevea un sistema de orientación para los peatones, con los siguientes requisitos:

 

O por medio de caminos que conduzcan directamente a los destinos sin desvíos o sin cambios de nivel innecesario.

 

O con caminos a lo largo de edificaciones y de zonas verdes para que las personas con deficiencias visuales puedan orientarse fácilmente.

O que haya organización del trafico en áreas que cumplan funciones especiales tales como hospitales, Centros de salud y Centros educativos, entre otros.

 

O que exista adecuada señalización.

 

Art. 14. Diseño de las vías peatonales. Las vías exteriores para circulación peatonal deberán diseñarse, construirse y adecuarse de manera tal que proporcionen conveniencia y seguridad sin restricciones o barreras físicas peligrosas.

 

Art. 15. Características de andenes y vías peatonales. En el diseño y construcción de andenes y vías peatonales se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Que sean de material firme, estable y antideslizante y su superficie no presente cambios abruptos de nivel.

 

Que no haya elementos construidos que sobresalgan de la superficie y en el caso de postes, cabina telefónica, caseta u otros, se deje espacio libre mínimo de 1,50 m, desde el obstáculo hasta la pared con señalización adecuada, tal como lo prevee la presente Resolución.

 

Que el ancho libre no sea menor de 1,50 m. de los andenes.

 

Que la altura de andenes con respecto al nivel de la calle este entre 0,10 y 0,15 m.

 

Art. 16. Rampas peatonales de acceso a edificaciones. Las rampas peatonales acceso a edificaciones no se podrán proyectar sobre la senda peatonal directamente y deberán tener una zona de aislamiento e inducción de mínimo 1,20 metros en zonas nuevas y de 0,20 metros en zonas antiguas.

 

Art. 17. Pendiente en vías peatonales. Las vías peatonales deberán diseñarse con una pendiente entre el 3% y el 5%. Cuando ocurran pendientes mayores del 5% estos tramos de vías serán considerados como rampas y deberán cumplir los requerimientos de la sección sobre rampas y puertas peatonales.

 

parágrafo: Las vías peatonales y andenes con pendiente mayor del 5% tendrán descansos de por lo menos 1,50 metros de longitud cada 50 metros.

 

Art. 18. Cruces de calles, avenidas y vías de gran circulación. En cruces de calles, avenidas y vías de gran circulación vehicular donde se hallen instalados semáforos se cumplirán las siguientes condiciones:

 

El espacio de andenes que coincida con el cruce peatonal será diseñado de manera que el descenso a la vía vehicular sea en forma de rampa con pendiente no mayor del 15%, ancho mínimo de 0,90 metros, bordes redondos, de material antideslizante y de color y textura que contraste con sus espacios adyacentes. El desarrollo de la pendiente se contara a partir del borde del anden hacia adentro. Deberá existir demarcación de franja peatonal en el piso de la vía, con un ancho mínimo de 2,50 metros, que coincida en sus extremos laterales con el desarrollo de la pendiente o rampa de los andenes.

 

En los casos de que un semáforo de servicio a varias cuadras y debido al intenso trafico vehicular se interrumpan circulaciones peatonales, se demarcaran franjas, de cruce peatonal que no podrán ser ocupadas para estacionar vehículos. Los semáforos ubicados en zonas de intenso trafico vehicular y peatonal deberán funcionar y disponer de tiempo especifico no menor de 30 segundos para el cruce de peatones en sectores peatonales con semaforización electrónica, se deberán programar para que en ausencia de vehículos, se permita el transito de peatones

 

Art. 19. Rejillas y elementos de protección en vías y franjas peatonales. La colocación de rejillas en las vías y franjas peatonales no podrán impedir la libre circulación de peatones. Las superficies salientes tale como tapas de alcantarillas, cajas de contadores de agua y otros elementos similares de protección, no podrán sobresalir mas de seis milímetros, así como no deben quedar a desnivel negativo.

 

Los elementos de protección en parques, zonas verdes y jardines no se aceptaran en formas puntiagudas o proyectadas peligrosamente sobre la senda peatonal y deberán ser continuos.

 

Art. 20. Separadores en vías vehículares. Cuando existan separadores en las vías vehículares, estos deberán adecuarse para cruce peatonal de manera que se permita fácil circulación en sillas de ruedas. El piso será de color y textura que haga contraste con sus alrededores y su ancho no menor de 0,80 metros.

 

Art. 21. Protección en casos de construcción y demolición. Cuando se adelanten obras de construcción o demolición en edificaciones, el constructor o persona responsable de la obra deberá instalar y señalizar las protecciones que sean necesarias para evitar caida de materiales a los andenes y las vías publicas.

 

Art. 22. Decoración con plantas. La decoración de exteriores con plantas deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

 

  1. Las plantas espinosas no se colocaran en sitios adyacentes a circulación peatonal.

     

  2. En áreas de circulación de peatones las ramas que cuelguen de cualquier planta estarán a altura no inferior a 2.00 metros desde el piso.

     

  3. Las plantas que se desprendan o boten semillas no deberán colocarse sobre áreas de peatones.

     

  4. Las plantas venenosas no se permitirán en lugares adyacentes a circulación de peatones o áreas de recreación.

     

  5. No se colocarán plantas en esquinas, que obstaculicen la visibilidad peatonal o vehicular.

 

Art. 23. Colocación de elementos en el ambiente. La colocación de señales, elementos de iluminación, buzones de correo, canecas para basura, asientos, materas, mesas, puestos de ventas, cabinas de teléfonos, y otros que conforman parte del ambiente exterior, se hará de manera que facilite su uso y se permita la libre circulación de peatones, sin constituirse en riesgo para cualquier tipo de persona. Las señales deberán tener textos en bajorrelieve para marcar sitios de referencia a personas con deficiencias visuales.

 

Art. 24. Asientos, bancas en zonas de descanso. Los asientos o bancas en zonas de descanso como parques y áreas recreacionales deberá soportar como mínimo 250 libras por persona, tener forma apropiada, no bordes filosos y permitir la evacuación de aguas lluvias. Deberán estar aisladas del camino 0.60 metros mínimo y algunas de ellas disponer de espacio de 0.90 metros de ancho por 1.10 metros de largo.

 

Paragrafo: Se deberán proveer lugares de descanso en áreas de empresas de pagos de servicios públicos o de atención a la ciudadanía, sean oficiales o privadas.

 

Art. 25. Muebles en zonas recreacionales. Los muebles utilizados en zonas recreacionales parques

Y áreas publicas se localizaran en superficie nivelada y firme y con área suficiente para maniobrar en silla de ruedas.

 

Parágrafo: Las mesas se diseñaran de tal manera que tengan espacio libre en la parte inferior, de 0.75 metros de alto, 0.75 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad.

 

Art. 26. De los bebederos. Cuando se instalen bebederos de agua potable, se deberán cumplir, entres otros, los siguientes requisitos:

 

  1. Situados en sitios de fácil acceso al publico en general.

     

  2. La altura de salida del agua estará entre 0,75 y 0,90 metros.

     

  3. El dispositivo para su funcionamiento no deberá requerir un esfuerzo mayor a tres lbf.

     

  4. No presentaran esquinas o bordes filudos que puedan ocasionar daño a la piel.

     

  5. Que el chorro de agua no impacte sobre el bebedero.

 

 

Art. 27. De los teléfonos públicos. Cuando se instalen teléfonos públicos en edificios o en vías publicas, se deberán cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:

 

  1. Estarán en lugares de fácil acceso y localización para su uso por parte de la población en general.

     

  2. No deberán ocasionar molestias o peligros a la circulación de peatones ni afectar la visibilidad en los alrededores.

     

  3. Los mecanismos de operación de los aparatos estarán a una altura entre 1:00 metros y 1:20 metros desde el piso.

     

  4. Las mesas para teléfono deberán tener espacio libre en su parte inferior de 0,70 metros de alto, 0,75 metros de ancho y 0,60 metros de profundidad y para acceso en silla de ruedas.

     

  5. Las cabinas para teléfono, deberán tener un ancho mínimo de 0,80 metros.

     

  6. Los directorios telefónicos deberán colocarse entre 0,70 metros y 0,80 metros de altura y su alcance no deberá dificultarse por ningún elemento o dispositivo de seguridad.

     

  7. La cuerda del teléfono deberá tener entre 0,90 metros y 1,00 metro de longitud.

     

  8. Deberán tener iluminación permanente.

 

Parágrafo: Cuando en una edificación o en un sector de esta como también en el ambiente exterior se instala un solo teléfono, este deberá reunir las condiciones mínimas del presente articulo.

 

Art. 28. Superficie de pisos y suelos. Las superficies de pisos y suelos y elementos colocados en estos, en ambientes exteriores y en el interior de edificaciones deberán cumplir, entre otros los siguientes requisitos:

 

  1. Serán de materiales antideslizantes, firmes y estables y que no, presenten obstáculos para desplazamiento de la población en general.

     

  2. Cuando estén compuestos de pequeñas unidades o elementos, como ladrillo, piedra o grava, estos deberán estar nivelados y con separación no mayor entre ellas de 0,10 metros.

     

  3. Las carpetas, alfombras, limpiapies y otros similares, estarán firmemente adheridos a la superficie del suelo y su tejido y bordes no deberán ocasionar obstáculos o impedimento para circulación de la población en general.

     

  4. Las diferencias de nivel entre pisos deberán ser salvadas por medio de rampas o pendientes suaves.

 

Art. 29. Proporción de parqueaderos. En todo parqueadero publico deberá reservarse espacio para parqueo de vehículos de minusvalidos en proporción de uno (1) por cada treinta (30) espacios.

 

Art. 30. Ancho mínimo de espacio. En los parqueaderos, los espacios reservados para vehículos de minusvalidos tendrán un ancho mínimo de 3,80 metros cuando sea para un (1) solo vehículo. El espacio adicional para otro vehículo es de 2,50 metros.

 

Art. 31. Prohibición para parqueo en andenes y sendas peatonales. Se prohibe la utilización de sendas peatonales para demarcación y uso como parqueo de vehículos.

 

Art. 32. Ubicación y señalización de los espacios. La ubicación de espacios para parqueaderos de vehículos de minusvalidos será en la parte mas cercana al acceso de la edificación a que corresponde. Se requiere señalización de estos espacios, con el símbolo internacional de acceso, colocado en un poste o pared y debe ir acompañada de señalización en le piso.

 

Art. 33. Obstáculos en andenes y vías publicas. Cuando exista obstáculos fijos de cualquier índole para circulación de peatones por andenes y vías públicas, se colocaran señales táctiles que puedan ser detectadas fácilmente por ciegos, utilizando su bastón guía. En el caso de obstáculos temporales, se colocaran las protecciones necesarias para prevenir choques o golpes.

 

La instalación de talanqueras para restringir el paso de vehículos, no deberán interrumpir el aso peatonal.

 

Cuando se efectúen trabajos en la vía publica que implique restricciones de su uso deberá evitarse al máximo la obstaculización de las vías peatonales y vehículares y se colocaran los avisos y protecciones a distancia prudencial necesaria para impedir tropiezos y accidentes.

 

No se permitirá la colocación de postes.

 

Art. 34. Objetos proyectados hacia espacios de circulación. No se colocaran objetos rígidos o duros que se proyecten hacia espacios de circulación peatonal, en alturas inferiores a 2,20 metros desde el piso. Por debajo de esta altura, los objetos salientes que se proyecten mas 0,10 metros desde la pared o columna, cumplirán con los siguientes requisitos:

 

  1. Continuar hasta el piso (nivel cero).

     

  2. Estar localizados en áreas protegidas con piso con contraste en textura y color con su área adyacente.

 

Art. 35. Barreras detectables. Los espejos de agua, estanques, depresiones y otros componentes del ambiente y del paisaje deberán tener barreras o protecciones fácilmente detectables, con altura no menor de 0,18 metros. Se podrán aceptar para estos efectos, cables, canales, lazos y similares que deberán estar pintados y provistos de protección fácilmente detectables por el bastón de ciegos en sus radios de acción.

 

Art. 36. Señales táctiles y alerta y localización de ayuda para ciegos. La localización de señales, táctiles de alerta y localización de ayuda para ciegos, deberá cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:

 

  1. Se clocaran, cuando sea necesario alerta a ciegos y a personas con perdida parcial de la vista, para prevención por riesgos o peligros en el ambiente exterior y en el interior de edificaciones.

     

  2. Su diseño será:

 

  1. En forma de cintas o bandas colocadas en el piso, formando surcos de tres mm. De profundidad entre ellas, firmemente fijas para evitar su desplazamiento, o

     

  2. En forma de cintas o bandas continuas de material con surcos de 1,5 mm. De profundidad, como parte integral de la superficie del piso y firmemente fijas a este para evitar su desprendimiento, o

     

  3. Surcos de tres mm. De profundidad en el material del suelo, o

     

  4. Cambios de material a otros de textura diferente con surcos de tres mm. De profundidad.

 

  1. El ancho de cintas o bandas será de 0,60 metros, si hay diferencia apreciable en dureza entre la superficie del piso y la señal y de 0,90 metros si no hay diferencia apreciable.

     

  2. O surcos eran de seis mm. Y el espacio entre ellos de 0,02 metros a 0,05 metros.

 

Parágrafo: Las señales a que hace relación este articulo se lograran mediante cambios de textura de superficies del suelo y para ayudar a ciegos y personas con perdida parcial de la visión en la orientación y localización de edificación y elementos tales como puertas de entrada, bebederos, teléfonos públicos, servicios sanitarios y otros de uso común por parte de la población en general. Estas señales no deberán ocasionar obstrucción al paso de sillas de ruedas, muletas, y otras ayudas y además deberán tener un color que contraste con las superficies adyacentes.

 

Art. 39. Cintas en la utilización de señales. Se colocaran cintas o bandas con textura especial como ayuda paralela entre otros, en los siguientes sitios:

 

  1. Cuando converjan en un mismo lugar, áreas vehículares y peatonales y no haya otras barreras físicas.

     

  2. Cuando ocurran pasos peatonales, oblicuos.

     

  3. En parqueaderos anexados a la vía peatonal y en general cuando sea necesario diferenciar paso peatonal del vehicular.

 

Art. 38. Amplitud de accesos y circulaciones. Los accesos y circulaciones de zonas recreacionales, parques y zonas publicas, deberán diseñarse para fácil utilización pro parte de toda la población.

 

Art. 39. De los puentes peatonales. Los puentes peatonales deberán cumplir, como mínimo, con los siguientes elementos:

 

  1. Con trayectoria de inducción en forma de arco.

     

    Tener doble sistema, instalación rampas y escaleras.

     

    Pisos de material antideslizante.

     

    Ancho mínimo de acceso 0,80 metros.

     

    Barandas hacia espacios inferiores, con altura de 1,00 metros.

     

    Rampas.

     

    Ancho mínimo de rampas 0,90 metros.

     

    Pendiente máximo de rampas: 14%.

     

    Máxima longitud de tramo de rampa: 9,00 metros.

     

    Descanso de rampa: 1,10 metros de largo y el ancho el del puente.

     

    Pasamanos colocados a 0,90 metros y a 0,50 metros en toda su longitud, con prolongación en los extremos de 0,30 metros paralelos al piso.

     

    Escaleras.

     

    Ancho mínimo de escalera: 0,90 metros.

     

    Profundidad de huella entre: 0,30 metros y 0,35 metros.

     

    Altura de contrahuella: entre 0,14 metros y 0,18 metros.

    Descanso entre tramos de escalera: 1,10 metros de largo y ancho el del puente.

     

    Pasamanos colocados a 0,90 metros y a 0,50 metros en toda su longitud, con prolongación en los extremos de 0,30 metros paralelos al piso.

     

  2. De luz horizontal.

 

Tendrán sistemas de inducción en los extremos de escaleras y rampas, y cumplirán los requisitos del literal A, del presente articulo.

 

 

 

CAPITULO IV.

NORMAS DE APLICACIÓN.

 

Art. 58. Aplicación para organismos oficiales. Las entidades y organismos oficiales del orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisFutura Bk BT y municipal dentro del campo de sus propias funciones y competencias, tomaran las medidas necesarias conducentes a la plena aplicación de la presente resolución.

 

Art. 59. Medidas de seguridad y sanciones. Las autoridades sanitarias, en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control, aplicaran las medidas de seguridad y las sanciones previstas en los artículos 576 y 577 de la Ley 09 de 1.979, en aquellos eventos que por su naturaleza y característica, le sean aplicadas.

 

Los funcionarios sanitarios competentes, en cada caso, serán considerados como de policía, de conformidad con el articulo 35 del Decreto – Ley 1355 de 1.970 Código Nacional de Policía.

 

Parágrafo: De conformidad con el artículo 4 de la Ley 45 de 1.946, los recursos sólo podrán concederse en el efecto devolutivo.

 

RESOLUCION 541 DICIEMBRE 14 DE 1994

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL CARGUE, DESCARGUE, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, MATERIALES, ELEMENTOS, CONCRETOS Y AGREGADOS SUELTOS, DE CONSTRUCCIÓN, DE DEMOLICIÓN Y CAPA ORGÁNICA, SUELO Y SUBSUELO DE EXCAVACIÓN.

 

Art. 1.- Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas contenidas en la presente Resolución se adoptan las siguientes definiciones:

 

ESPACIO PUBLICO: Son los inmuebles públicos o privados o los elementos arquitectónicos o naturales asociados a ellos, que están destinados por su naturaleza, uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas.

 

Art. 2.- Regulación. El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de materiales y elementos está regulado por las siguientes normas:

 

1. En materia de transporte. Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el transporte. Por lo tanto, el contenedor o plantón debe estar construido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. Los contenedores o platones empleados para este tipo de carga deberá estar en perfecto estado de mantenimiento. La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas, deberán permanecer adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte.

 

No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del chasis.

Es obligatorio cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La cobertura deberá ser de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón en forma tal, que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón.

 

Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto contenido de humedad beben tener los dispositivos de seguridad necesarios para evitar el derrame del material de mezcla durante el transporte.

 

Si además de cumplir con todas las medidas a que se refieren los anteriores numerales, hubiere escape, pérdida o derrame de algún material o elemento de los vehículos en áreas de espacio público, éste deberá ser recogido inmediatamente por el transportador, para lo cual deberá contar con el equipo necesario.

 

II. En materia de almacenamiento, cargue y descargue

 

1. Se prohibe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos a que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público. Exceptúanse algunas áreas de espacio público que se utilicen para la realización de obras públicas, las cuales deberán cumplir con las condiciones que se definen en el presente artículo y estar circunscritas exclusivamente a su área de ejecución.

 

2. Tratándose de obras públicas se observará lo siguiente:

 

a). El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la construcción, adecuación, transformación o mantenimiento de obras públicas, deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizando al máximo su uso con el fin de reducir las áreas afectadas.

 

b). Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua.

 

c). Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se podrán utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de materiales y elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas mismas áreas u otras obras subterráneas que coincidan con ellas. Para ello, el material deberá ser acordonado, apilado adecuadamente y deberán colocarse todos los mecanismos y elementos adecuados requeridos para garantizar el tránsito vehícular y las señalizaciones necesarias para la seguridad de conductores y peatones. El tiempo máximo permitido para el almacenamiento del material no podrá exceder de veinticuatro horas después a la finalización de la obra o actividad.

 

g). Para la utilización de las demás áreas de espacio público no mencionadas, en desarrollo de actividades de cargue, descargue y almacenamiento temporal de los materiales y elementos para la realización de obras públicas, deberá comunicarse la situación a la autoridad ambiental competente indicando en detalle el tiempo requerido para culminar la obra, la delimitación del área que se va a utilizar, las condiciones de almacenamiento del material y la restauración del área cuando se retire el material.

 

f). En todos los casos, con posteridad a la finalización de las obras se deberá recuperar y restaurar el espacio público utilizado, de acuerdo con su uso y garantizando la reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales, elementos y residuos, en armonía con lo dispuesto en esta Resolución.

 

3. Tratándose de obras privadas se observará lo siguiente:

 

a). Está prohibido el cargue, descargue y almacenamiento temporal o permanente, de los materiales y elementos a que se refiere esta Resolución, sobre las áreas de espacio público. En desarrollo de la construcción, adecuación, mantenimiento a uso general de obras, actividades, instalaciones y fuentes de material de carácter privado.

 

b). Los sitios, instalaciones, construcciones y fuentes de material deberán contar dentro de los limites del inmueble privado, con áreas y patios donde se efectúa el cargue, descargue y almacenamiento de este tipo de materiales y elementos y con sistemas de lavado para las llantas de los vehículos de carga, de tal manera que no arrastren material fuera de estos limites, con el fin de evitar el daño al espacio público. El agua utilizada deberá ser tratada y los sedimentos y lodos residuales deberán ser transportados, reutilizados o dispuestos de acuerdo con las regulaciones ambientales vigentes sobre la materia.

 

4. En los sitios seleccionados como lugares de almacenamiento temporal, tanto para obras publicas como privadas, no deben presentarse dispersiones o emisiones al aire de materiales, no deben mezclarse los materiales a que hace referencia esta Resolución con otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos; y cuando los materiales almacenados sean susceptibles de producir emisiones atmosféricas, ya sean o no fugitivas, deberán cubrirse en su totalidad o almacenarse en recintos cerrados.

 

III. En materia de disposición Final.

 

1. Esta prohibido la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere esta Resolución, en áreas de espacio público.

 

2. La persona natural o jurídica, pública o privada que genere tales materiales y elementos debe asegurar su disposición final de acuerdo a la legislación sobre la materia.

 

3. Esta prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta Resolución con otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros.

 

PARAGRAFO: Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el numeral 11 de este Artículo y con base en la legislación ambiental vigente, los municipios deberán reglamentar los procedimientos constructivos de las obras públicas tendientes a minimizar los impactos ambientales de las mismas. Las especificaciones ambientales resultantes de dicha reglamentación deberán formar parte integral de las especificaciones generales de construcción de toda obra pública.

 

Art. 7. Sanciones. Se considera infracciones las violaciones de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones contenidas en la presente Resolución.

 

Las personas que infrinjan las disposiciones contempladas en esta Resolución bien sean porque desarrollen las actividades a que se refiere esta Resolución directamente o a través de terceros, se harán acreedores a las sanciones impuestas por la autoridad ambiental respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por parte de las autoridades de planeación y de tránsito terrestre.

Art. 8. Transición. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas responsables del cargue, descargue, transporte y almacenamiento de los materiales aquí contemplados tendrán un plazo improrrogable de dos (2) meses contados a partir de la publicación de esta Resolución para cumplir sus disposiciones.

 

Para disposición final de los materiales a que hace referencia esta Resolución, los Municipios deben determinar los sitios de las escombreras y solicitar la respectiva licencia ambiental de que trata el Decreto 1753 de 1994, en un plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de vigencia de esta Resolución. Las escombreras existentes deberán sujetarse a lo establecido en el Decreto 1753 de 1994.